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A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas

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“Desde mañana (lunes-hoy), no pasará ningún camión.”, anuncia por los medios el presidente de la asociación gremial de dueños de camiones de la Región de Valparaíso. La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) declara, que ahora no solo bloqueara carreteras, sino también el acceso y salida de los puertos de Valparaíso y San Antonio.

Así, entre ultimátum, el gremio de los camioneros una vez más demuestra su prepotencia y falta de respeto a la ley, poniendo de rehenes a millones de chilenos en plena pandemia, crisis económica, y lo que resulta más insólito desde el punto de vista del orden público, lo hace en pleno estado de excepción constitucional de catástrofe, momento en que el Presidente de la República puede limitar la libertad de movimiento, más aún ante una pandemia. 

¿Qué hemos visto por el contrario?, un ministro del Interior que se dedica a comentar la paralización y sobrevolar en helicóptero la misma señalando que “ha sido tranquila”. Han transcurrido ya más de 108 horas desde el inicio del paro, y recurriendo al viejo mito del miedo que aquilataron por allá en 1971 contra el Gobierno del Presidente Allende, el movimiento de los camioneros aparece en el horizonte entre brumas del tiempo, con el desabastecimiento, y todo el significado simbólico que tiene su paralización.

Los tiempos desde entonces han cambiado y mucho. Si hay un gremio privilegiado con regalías es el de camioneros. Exenciones y devoluciones tributarias por el uso de petróleo contaminante, además de negociaciones constantes por pago de peajes, la mejora de la infraestructura caminera en los últimos cuarenta años, no justifican sus ya reiterativas medidas de presión.

Si hoy el tema –que no es nunca, el único en el listado de demandas- es la seguridad en la Araucanía ante camiones quemados, no somos los chilenos quienes tenemos que sufrir las consecuencias de la falta de seguridad y capacidad del Gobierno de controlar el orden público, por el contrario, es la mesa de negociación, la inversión en tecnología y el control policial el que puede ayudar a que supuestos pequeños grupos radicalizados no ataquen camiones en la zona.

Lo que parece a todas luces impactante es nuevamente la lenidad, la tibieza y porque no decirlo, la connivencia con que el Gobierno, y en especial el ministro del Interior, han actuado frente a este hecho. Con carreteras bloqueadas, camioneros evadiendo todas las normas sanitarias impuestas por la pandemia, el Gobierno hace caso omiso teniendo las herramientas para actuar desde el punto de vista legal. Antecedentes hay. En agosto de 2002, y haciendo uso del ordenamiento jurídico, frente a una paralización de microbuses en Santiago, el Presidente Ricardo Lagos aplicó con toda la fuerza del ejercicio de su cargo la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esa noche los cabecillas de la paralización de la ciudad desfilaban ante los Tribunales de la Justicia para ser procesados por el delito. 

Hoy asistimos a un episodio más de desigualdad manifiesta frente a la ley. Da la sensación de una suerte de acuerdo, -entre bambalinas- del Gobierno hacia el gremio de los camioneros, para no aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, existiendo motivos de sobra para hacerlo. 

La sensación una vez más, es que el control y el orden público pueden ser alterados por determinadas personas siempre que exista una afinidad al menos política y evidente entre manifestantes y el Gobierno.

Cuando un Gobierno demuestra este desmedro y falta de aplicación de la ley para “proteger” con connivencia actos delictuales de quienes ejercen presión, pero son afines al Gobierno nos encontramos ante la compleja situación en que el Gobierno comienza a utilizar la herramienta penal para el control de disidentes y oponentes frente a la protesta social, y la elimina o hace vista gorda cuando ella proviene de grupos afines. 

En el momento que un Gobierno democrático hace de ello una práctica usual, transgrede los mínimos democráticos y entra en una zona de control de la protesta social inaceptable desde todo punto de vista y que no puede ser tolerada, ya que se trata de una evidente imparcialidad y de inejecución de la ley que no puede ser dejada de lado y merece toda la atención de la oposición.

El Presidente de México, Benito Juárez acuñó una mala frase, que lo hizo famoso ante la historia, pese a haber sido un modernizador. Su demostración al señalar “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas”, demuestran precisamente ese uso parcial de la ley, que beneficia a quienes tienen cercanía al gobierno de turno y el control penal como herramienta de control social que es altamente peligroso para el bienestar de la democracia y el Estado de Derecho. 

Es por lo anterior, que ante la situación que se agrava, el Gobierno del Presidente Piñera tiene el deber de actuar con ecuanimidad que ha exigido por ejemplo al destruirse estaciones de metro para el 18-O, pero que en el caso de bloqueo de carreteras, hecho que constituye un tipo penal castigado por nuestra legislación no se ha aplicado la misma vara. 

Es tiempo de proceder con imparcialidad y justicia, y dejar de tolerar chantajes que impiden una convivencia civilizada. 

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