Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

Alguien te mira: Reforma al Sistema de Inteligencia del Estado

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Por éstos días de encierro, en Argentina nuevamente los servicios de inteligencia ponen la nota alta, con la detención de varios agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), la conocida ex SIDE (Servicios de Inteligencia del Estado) servicio situado en calle 25 de mayo al lado oeste de Plaza de Mayo, a pocos pasos de la Casa Rosada en un discreto edificio gubernamental. 

Nuevamente, los sistemas de inteligencia  “los sótanos de la democracia argentina”, como ha señalado el Presidente Alberto Fernández (quien intervino la Agencia apenas asumió la presidencia), vuelven a poner en la palestra sus acciones al margen de la ley, al conocerse que durante el gobierno del ex Presidente Macri, la AFI habría espiado a políticos peronistas (opositores), líderes sindicales, periodistas, religiosos e incluso a políticos de la propia coalición de gobierno, como la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. 

En un libro fascinante, que a ratos adquiere lo mejor de un libro de acción de Forsyth, en versión sudamericana, cuya lectura recomiendo, “Código Stiuso, la SIDE, la política desde la cloacas y la muerte de Nisman” del periodista Gerardo “Tato” Young, se reconstruye el supuesto asesinato o suicidio del fiscal Alberto Nisman, días antes de presentar su acusación contra la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el acuerdo con la República Islámica de Irán, a cambio de supuestamente bloquear cualquier investigación sobre los atentados de la AMIA, la mutual judía en Buenos Aires en 1994. 

Young reconstituye a través del agente del SIDE, Jaime Stiuso –un hombre hasta el crimen de Nisman, absolutamente desconocido para los argentinos- el atentado de la AMIA, pero lo más interesante, recorre con él y su historia, la crónica del espanto de los servicios de inteligencia argentina desde la dictadura, hasta la muerte del fiscal, y como cada gobierno argentino, tuvo –y al parecer sigue teniendo- un uso de los servicios de inteligencia con (des)propósitos políticos, descontrol de sus agentes y uso indebido de información para desestabilizar enemigos, chantajear a jueces, políticos, periodistas, líderes sindicales y actores de la sociedad, proveyendo información a funcionarios del gobierno de turno para alimentar operaciones, programas de televisión, con fines de mantención del poder, por medio de actos delictivos, tales como; escuchas telefónicas sin autorización, movimiento de dineros sucios y un largo etcétera.

Todos los presidentes argentinos han aplicado la política de generar un intento de cambio para que nada cambie y el problema se repite administración tras administración, con un sistema que se hace tan poderoso que termina por amenazar al poder.

Si la SIDE fue un dolor de cabeza y un instrumento para Menem, de la Rúa, para Kirchner y Cristina que llevó a la reformulación de los sistemas cambiando cosméticamente el nombre de la SIDE, a la actual AFI en 2005, Macri al parecer, tampoco lo hizo mal. Habría usado a agentes inorgánicos de altísima torpeza (los Mario Bros por el nombre del grupo mensajería de Whastssap con que coordinaban sus operaciones desprolijas), para grabar a distintos actores de la sociedad argentina, todo mientras el llamado “señor 5” el director de la AFI, era su amigo de infancia y un manager de futbolistas profesionales, Gustavo Arribas, por lo que sospecha la directa relación de Macri y su jefe de espías en las escuchas y seguimientos al margen de la ley.

Traigo a colación el libro de Tato Young, debido a la discusión por estos días sobre el nuevo Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), que viene a modificar la Ley N°19.974 que creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en el año 2004. 

Chile desde el retorno a la democracia, y producto de la función de los cuerpos de inteligencia en la violación brutal de derechos humanos, delegó la tarea central de inteligencia, a asesores de confianza de los nuevos gobiernos democráticos. Así “la Oficina” en su rol de desarticulación del FPMR y luego la DISPI (Dirección de Informaciones y Seguridad Pública) recolectaban información de manera precaria y dependiendo –dentro de lo que se podía- hasta 2004, de la inteligencia que producían los cuerpos en la materia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, si éstos, de prestaban a compartir la misma. Se trató de un esfuerzo monumental, a inicios de los noventa, por desarticular grupos armados que dirigieron no sin polémica, pero con arrojo y valentía un puñado de hombres de confianza que espero alguna vez develen ese secreto de Estado para conocimiento de nuestra tan –criticada por algunos- historia reciente, cuando nada era como hoy, y la relación con las FF.AA era de tensión máxima mientras el dictador continuaba al mando. 

La tarea de la creada ANI en 2004 no varío mucho en un elemento central que pareciera ser la columna vertebral del proyecto presentado por el Presidente Piñera: la necesidad de cooperación entre la agencia gubernamental y la información que puedan recolectar los organismos de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. En el proyecto de Piñera subyace el sueño de coordinación y centralización de la información en manos del Presidente de la República (algo muy propio de Piñera), pero que puede ser una mirada intimista de su manera de ejercer el poder con cierta inocencia e impericia, que puede transformar en manos de un Presidente la información en su enemigo más poderoso y su impulso más oscuro y deseable frente a la búsqueda del control del adversario político. Una tentación a la que tantos escándalos presidenciales han sucumbido en el mundo, desde Nixon a Macri, desde Mitterrand y Felipe González a Reagan.

Si bien el proyecto siguió su tramitación normal, no fue sino hasta el estallido social de octubre de 2019, que el gobierno ha insistido de forma contumaz en aprobar el proyecto de ley insistiendo en urgencias y presionando para que éste sea ley lo más rápido posible. 

Pandemia mediante, y mostrando poco interés en un debate de fondo sobre las capacidades, necesidades y características de un nuevo sistema de inteligencia, la reforma presentada por el Presidente Piñera, requiere de manera urgente antes de ser aprobada de una discusión profunda y sin apuros. 

Llama la atención que alguien que sufrió no en una, sino en varias oportunidades, supuestos seguimientos de elementos o ex agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas (grabación de sus conversaciones de por medio) e incluso un confuso incidente con uno de sus hijos, no se detenga a observar con atención lo que el cambio que propone puede significar en la institucionalidad democrática.

No soy de aquéllos que cree que no se requiera un sistema de inteligencia moderno y cree que necesariamente esto tendrá consecuencias perniciosas de persecución y violación de derechos humanos, como consecuencia de la aprobación de una ley. Sin perjuicio de lo anterior, estoy cierto que el debate de un asunto tan delicado requiere de una detención y análisis que pareciera que éste gobierno no estaría dispuesto a conceder. Cabe aquí una discusión serena, informada y sin imágenes preconcebidas (algo que pareciera difícil en el debate de estos días), pero que es un imperativo en un caso tan delicado como éste. 

Todos los países del mundo requieren de servicios modernos que atiendan necesidades para el combate al espionaje, pero sobre todo de elementos criminales más modernos como el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico, que pueden desestabilizar el orden democrático. En este sentido, el proyecto de ley tiene un elemento positivo cual es el de someter (o al menos intentar hacerlo) los distintos servicios de inteligencia de las ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y Policía de Investigaciones, Gendarmería, Aduanas y eventualmente el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero, a la gestión de recopilación de información de la Agencia Nacional de Inteligencia, estableciendo sanciones para la no entrega de información. 

Si bien es cierto, hoy la ANI tiene un rol de coordinación sobre el sistema, éste no ha funcionado como se requiere y no ha logrado tener la fuerza real de enlace entre los distintos actores del sistema, pese a su capacidad actual de recibir y requerir información de cualquier servicio del Estado. Otro elemento de baja intensidad ha sido el rol de control sobre las actividades de la Agencia por parte de la Cámara de Diputados y su Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado y la posibilidad de la existencia de confianzas entre actores para que la información que se entrega en el control, sea mantenida en calidad de secreta, lo que aumenta la incapacidad de escrutinio sobre el sistema.

Uno de los elementos más complejos de la reforma, es la definición de control sobre elementos o grupos que, a juicio de la autoridad, puedan desestabilizar el régimen democrático por medio de operaciones en el control del orden público interno. He aquí el núcleo más duro de la reforma de Piñera. Esto ha generado una desconfianza evidente de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, sobre el espacio de control y uso de la capacidad operativa de la Agencia.

El análisis y diseño de un sistema de inteligencia moderno, respetuoso de los derechos humanos y las libertades civiles, de la protección de datos, la trazabilidad de sus operaciones, requiere de un debate serio y sin frivolidades, respecto de su control y contrapesos efectivos en los Tribunales de Justicia, de auscultación por parte de Contraloría y la Cámara de Diputados, sin apuros y con un debate de fondo. Su existencia no necesariamente debe ser observada con el infantilismo de creer que su sola presencia importará un elemento de persecución de personas, espionaje ilegal y actividades al margen del Estado de Derecho, pero deben existir límites y esos límites deben debatirse ahora y no después cuando sea tarde. Hay que mantenerse atentos al diseño y contrapesos de un sistema, que sin control y con liviandad, puede ser usado para fines políticos de espionaje o desestabilización y violaciones a los DDHH. 

La experiencia argentina es lo que hay que evitar, y esa experiencia requiere de un trabajo serio por parte de la academia, de miembros de las Fuerzas Armadas, ex subsecretarios y ministros del Interior y Seguridad Pública, abogados constitucionalistas, sociólogos,  expertos en seguridad pública y fenómenos delictivos, crimen organizado, terrorismo de las más variadas profesiones, que sean convocados a un debate parlamentario que observe experiencias exitosas a nivel internacional y que no puede estar atravesado por la presión de urgencias y la crispación del debate actual. Es tiempo de contar con un sistema de inteligencia que cumpla con estándares democráticos y cumpla con eficiencia su rol, para ello requerimos un debate sin apuros, pero sin pausas.

Foto: Obra del pintor chileno, Carlos Maturana “Bororo”

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