Raul Arrieta

Raul Arrieta

Abogado. Cursó sus estudios de Magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile y es Diplomado en Derecho Administrativo por la misma Universidad. Es socio de Gutiérrez & Arrieta Abogados, oficina especializada en derecho y la tecnología. Entre 2001 y 2010 desempeñó diferentes cargos en el Gobierno. Es Profesor de Protección de Datos en la Universidad Central de Chile y Ex-Presidente y Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Alineando la protección de datos personales

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La pandemia del Covid-19 ha dejado en evidencia la necesidad de avanzar de manera más decidida y expedita en la protección y aseguramiento de los derechos de las personas. Sin embargo, el letargo legislativo hace que se impulsen iniciativas que van en contra un diseño de política pública en que el bien común se superponga para dar satisfacción a las verdaderas necesidades de la comunidad general.

Sin temor a ser repetitivo, ya que vengo hace mucho tiempo insistiendo en la necesidad de avanzar sin dilación en la aprobación de la modificación a la ley 19628, creo que una reciente discusión en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados debe prender todas las alertas para evitar que se convierten en ley proyectos qué pueden tener una alta popularidad pero que pueden terminar mermando la confianza en los sistemas de información. Me refiero a varios proyectos de ley que guardan relación con el tratamiento de datos económicos durante la pandemia, en los que puede advertir como elemento común la intención de que los datos relativos a morosidad no se puedan comunicar mientras dure la pandemia.

No hay duda qué ello puede ser altamente popular, sin embargo, creo que es la consecuencia de tener un sistema de Protección de Datos personales que no de garantías y que ha permitido abusos que han terminado de crear un sistema basado en la desconfianza respecto de la forma en qué se trata la información relativa a las obligaciones de carácter económico financiero bancario o comercial.

Sin embargo, creo que no resulta vano recordar que el objetivo último de la Protección de Datos Personales no es sino permitir y asegurar la libre circulación de la información velando por el pleno respeto de los derechos de las personas, especialmente aquellos garantizados constitucionalmente. Así, lo que se debe perseguir no es que la información deje de ser tratada sí no que haga en la forma que establece la Constitución y ley y que se cuente con la institucionalidad y un robusto catálogo de sanciones que permita sancionar a quienes realicen el tratamiento de datos con infracción a la ley.

De este modo más que presentar proyectos de ley qué buscan debilitar la calidad de la información con la cual deben tomarse las decisiones en una sociedad cada día más híper conectada lo que debemos hacer es darle el impulso a la creación de un verdadero sistema de Protección de Datos personales qué junto con reconocer y atrincherar derechos sea capaz de tener una institucionalidad técnica profesional y experta con capacidad de conocer y sancionar a los infractores del tratamiento de datos personales.

Por favor confiemos en que el proyecto que modifica la Ley 19.628 está bien orientado, se acerca de manera coherente al estándar internacional y a las exigencias que nos impone la comunidad internacional para asegurar la libre circulación de la información y permitir tener un país más integrado en la prestación de servicios globales y en la satisfacción de las necesidades de nuestros ciudadanos para la sociedad de la información y el conocimiento. Así, más que refundir tantos proyectos para su conocimiento en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, lo que necesitamos es que el Gobierno y el Congreso se tomen en serio la necesidad de avanzar en la regulación sistémica de la protección de los datos personales y teniendo en cuenta que ésta es un asunto que no puede seguir esperando.

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