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Artículo de CIPER: Carabineros revela que disparó 104 mil tiros de escopeta en las primeras dos semanas del estallido social

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Por Mauricio Weibel Barahona y Matías Jara // Contenido publicado en CIPER

En respuesta a una solicitud de Transparencia, la policía indicó que entre el 18 de octubre y fines de diciembre disparó 152 mil cartuchos calibre 12, cada uno con una docena de perdigones. Solo en la primera quincena de la protesta, usó 104 mil cartuchos y hubo 126 víctimas de lesiones oculares. En noviembre los tiros bajaron a 43 mil, pero ese mes los heridos fueron 214. CIPER reconstruyó las órdenes impartidas, la munición ocupada, los reglamentos que no se respetaron y los nulos resultados de las acciones para reeducar al personal en el uso de armas antidisturbios sin provocar lesiones graves.

El 23 de octubre de 2019, a solo cinco días del inicio del “estallido social” y cuando los hombres bajo su mando ya habían provocado lesiones oculares al menos a 29 personas, el general director de Carabineros, Mario Rozas, firmó un oficio pidiendo el envío de miles de dispositivos de disuasión química al ministro del Interior, Andrés Chadwick: “Los niveles de existencia se encuentran actualmente con quiebre de stock”, explicó el jefe policial (vea ese oficio).

Tras reiterar que las manifestaciones habían provocado “una demanda exponencial de pertrechos”, el general Rozas pidió que le fueran enviados unos cinco mil cartuchos lacrimógenos de 37 milímetros y un número idéntico de granadas de gas irritante CS, para “continuar enfrentando la contingencia”.

El jefe del Departamento de Armamento y Munición, coronel Marcelo Lepín Neira, quedó a cargo de la operación

A fines de ese mes, al cumplirse las primeras dos semanas de protestas, Carabineros había disparado 104.341 cartuchos calibre 12 con sus escopetas antidisturbios, los que contenían un total de 1.252.092 perdigones (12 proyectiles por cartucho). Un año antes, en octubre de 2018 –un mes sin las masivas alteraciones del orden público–, el consumo de esa munición alcanzó apenas a 97 tiros. Así lo confirman las cifras contenidas en la respuesta oficial de la policía a una solicitud de información hecha a través de la Ley de Transparencia por uno de los autores de este reportaje (vea la carta respuesta).

La información proporcionada por Carabineros indica que, en comparación con el mismo mes de 2018, en  octubre de 2019 también se dispararon más cartuchos de 9mm: 419 (el año anterior se habían usado 289). Asimismo, aumentó el uso de la munición .38 (de 29 a 77 unidades), pero bajó el de los cartuchos calibre 12 con perdigón de plomo N° 4 (de 40 a 8).

El siguiente es el cuadro confeccionado por Carabineros con su consumo de munición en 2018 y 2019:

Fuente: Departamento de Información Pública y Lobby de Carabineros de Chile.

Como correlato de este fuerte incremento en el uso de cartuchos antidisturbios, a fines de octubre de 2019 ya se registraban 126 personas que habían sufrido traumas oculares y 276 alegaban laceraciones múltiples en otras zonas de su cuerpo, debido a perdigones. Además, otras 38 habían sido heridas a bala, según reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (vea el reportaje de Ciper “Lesiones oculares: advertencias ignoradas por 20 días podrían ser clave en querella contra Piñera”).

A diez días de iniciadas las protestas y aunque el Colegio Médico ya venía denunciando la reiteración de lesiones oculares, se produjo el primer episodio que provocó una reacción de Carabineros para tratar de limitar y orientar correctamente el uso de las armas destinadas al control del orden público. El 28 de octubre una persona sufrió una fractura de cráneo y hundimiento óseo, debido a que se alojó en su cabeza un proyectil supersock (una bolsa rellena con perdigones disparada con una escopeta antidisturbios). La gravedad del daño causado por esa munición fue documentada por fotografías proporcionadas por el Colegio Médico al Congreso Nacional (puede ver acá esas imágenes).

El 31 de octubre, tres días después de este impactante episodio, Carabineros decidió suspender reservadamente el uso de los cartuchos supersock (ver documento), los que contenían munición de plomo y viajaban a 82 metros por segundo (ver documento reservado de Carabineros).

Luego vendrían anuncios del alto mando para limitar el uso de las escopetas antidisturbios y carabinas lanza-lacrimógenas, así como para reeducar a los carabineros en el correcto empleo de estas armas y en el respeto a los derechos humanos. Pero los hechos mostraron que esas iniciativas no tuvieron impacto en el comportamiento de la fuerza policial: aunque el número de disparos disminuyó, las víctimas de lesiones graves aumentaron.

La misma respuesta de Carabineros a la solicitud de información hecha por Ley de Transparencia informó que en noviembre de 2019 el consumo de munición bajó ostensiblemente: en todo ese mes sus funcionarios dispararon 43.019 cartuchos calibre 12.

Pero, aunque los tiros en noviembre corresponden solo al 41% de los registrados en octubre, el número de víctimas se duplicó en relación al mes anterior. En noviembre hubo 214 lesiones oculares, alcanzando una cifra total de  340 heridos, según las estadísticas documentadas por el Colegio Médico (Colmed). Esto podría indicar que, en la medida que se extendía la protesta, el uso de la escopeta antidisturbios se fue orientando directamente a provocar lesiones.

Carabineros informó que en total, entre el 18 de octubre y fines de diciembre, cuando las protestas finalmente declinaron, sus funcionarios dispararon 151.288 mil cartuchos calibre 12, los que contenían 1.815.456 perdigones. En todo el año 2019 se consumieron 152.245 de estos cartuchos, por lo que solo se dispararon 957 en el periodo previo a las protestas (entre el 1 de enero y el 17 de octubre).

El Ejército, en tanto, después de 30 años –desde el retorno de la democracia– fue convocado a contener movilizaciones ciudadanas. Por ello, el 20 de octubre –la misma jornada en que el Presidente Sebastián Piñera dijo que el país estaba en guerra contra un “enemigo poderoso”– ordenó la compra de 16 mil cartuchos antidisturbios. Al día siguiente pediría otros 20 mil.

PREPARANDO LA FUERZA

Las denuncias de disparos de perdigones y lacrimógenas al cuerpo de manifestantes no son nuevas. “Ahora lo que cambió fue que esas prácticas se masificaron”, señala el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales. Desde 2011, dice, su repartición  viene registrando hechos de ese tipo. “Pero nadie nos escuchó”, señala Morales.

Entre 2011 y 2018 el equipo que dirige el doctor Morales realizó más de cien procedimientos normados por el Protocolo de Estambul, para determinar las secuelas de las torturas y tratos crueles cometidos por policías contra personas detenidas en protestas sociales (vea el informe entregado por el Colegio Médico al Congreso, pero se advierte sobre la crudeza de las imágenes contenidas en este documento).

Paradójicamente, previo al estallido de octubre, Carabineros llevaba años entrenando a sus funcionarios en el uso correcto de las escopetas antidisturbios para evitar lesiones graves entre manifestantes y adecuando sus protocolos del uso de la fuerza, como muestra la documentación revisada por CIPER.

Dos documentos reservados de la Prefectura de Fuerzas Especiales revelan, por ejemplo, que solo entre julio y septiembre de 2019 fueron certificados 75 carabineros, desde Arica a Punta Arenas, como instructores en el uso de las escopetas antidisturbios (ver documentos). Todos obtuvieron su diploma luego de recibir formación teórica y práctica en cursos de 150 horas, donde un tema de estudio específico fue el de las lesiones que estas armas pueden provocar, según la zona corporal impactada, la distancia de tiro y el vestuario de quien recibe el disparo (ver documento).

Es decir, cada uno de estos oficiales y suboficiales sabía con precisión cuál era el riesgo de disparar al cuerpo y, sobre todo, a menos de 30 metros, condiciones en las que el tiro es potencialmente letal (vea el reportaje de CIPER: “Ya en 2012 informe de Carabineros advirtió que escopetas antidisturbios provocan lesiones letales y estallido ocular”).

Carabineros y el Ministerio del Interior trabajaron también en 2019 en la actualización de las instrucciones sobre el uso de la fuerza, las que fueron publicadas en marzo en el Diario Oficial. En ellas quedó normado que las armas denominadas “no letales” sólo pueden usarse cuando un detenido intenta agredir o pone en riesgo a un funcionario u otros transeúntes, jamás a la bandada (ver documento). ¿Hubo más de cien mil agresiones a carabineros en la segunda quincena de octubre de 2019 que justificaran el uso de la misma cantidad de cartuchos antidisturbios?

“En los protocolos dice que hay que disparar en ángulo de 45 grados, no hacia arriba, pero en la calle, a veces, no se adoptan los procedimientos”, reconoció a CIPER el suboficial en retiro de Fuerzas Especiales Miguel Ángel Rivero, quien actuó en las movilizaciones de Aysén entre 2011 y 2015, cuando también se registraron traumas oculares (ver recuadro).

Carabineros carecía al momento del estallido social de un registro central y actualizado de los funcionarios autorizados para utilizar escopetas antidisturbios, como la propia institución reconoció a la Justicia: “No es posible otorgar cantidad numérica y listado del personal que cuenta con esa certificación”, reveló la Dirección de Orden y Seguridad a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien está a cargo de las querellas por crímenes de lesa humanidad presentadas contra el presidente Sebastián Piñera (ver documento).

ÓRDENES BAJO ESTADO DE EMERGENCIA

Ante las movilizaciones, el Presidente Piñera decretó Estado de Emergencia, impuso toque de queda y desplegó a los militares. La Subdirección General de Carabineros emitió entonces la primera de una serie de circulares sobre el accionar de sus hombres durante el estallido social, a las que accedió CIPER. En este primer documento, la jefatura policial pidió registrar todas las acciones y eventos callejeros “para dar respuesta a los requerimientos de la Justicia”.

El viernes 25 de octubre –el mismo de la llamada “marcha más grande de Chile”–, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos comunicó el envío de una misión de observadores a Chile, por orden de la ex presidenta Michelle Bachelet. Tras esa noticia proveniente de Ginebra, la jefatura policial pidió que cada unidad nombrara un responsable de reunir la información operativa, para que luego fuera derivada al OS-1, clave para referirse a la Dirección General. “(Esto) tiene por objetivo recopilar la información de los hechos que se registren en el teatro de operaciones”, explicó la circular (ver documento).

Para entonces, el INDH registraba que 413 personas habían sufrido heridas por armas de fuego y ya había interpuesto cinco querellas por homicidio. El Colegio Médico, en tanto, tenía referencias de que 94 personas ya habían sufrido traumas oculares.

Un millón y medio de personas marchó finalmente en Santiago el 25 de octubre y un número equivalente lo hizo en regiones (vea el reportaje fotográfico: “La marcha de los descontentos que desbordó Santiago”).

Los días siguientes estuvieron marcados por señales ambiguas hacia la tropa y la ciudadanía, tanto desde el gobierno como desde el alto mando de Carabineros. El gobierno  anunció sucesivamente el alzamiento del toque de queda y del Estado de Emergencia, en un intento por recuperar la normalidad. El 28 de octubre el Presidente Piñera informó un cambio de gabinete, cuya modificación central fue la salida de su primo Andrés Chadwick del Ministerio del Interior, cartera que asumió Gonzalo Blumel. “Este equipo tendrá la misión de escuchar y abrir diálogo”, dijo Piñera por Twitter.

En la misma jornada el general Rozas revocó de un plumazo la orden de suspender el uso de las escopetas antidisturbios que había emitido horas antes el oficial Jorge Muñoz Salinas, jefe de Radiopatrullas. “La máxima autoridad institucional ha tomado conocimiento de la prohibición del uso de la escopeta antidisturbios, que habría sido decretada por una determinada repartición. En este sentido, es necesario aclarar que dicha orden no ha sido emanada por el general director”, comunicó la institución.

Tres días después, Rozas suspendió el empleo de los cartuchos supersock, fabricados con plomo, y el 20 de noviembre acotó el uso de escopetas antidisturbios sólo a situaciones en que hubiera “riesgo de vida de carabineros o civiles”. Para esa fecha ya había 250 personas con trauma ocular y 1.132 presentaban heridas por balas, balines o perdigones, según registros hospitalarios sistematizados por el INDH (vea el reportaje: “Proyectiles “bean bag”: uno de los cartuchos que dispara Carabineros no figura en su protocolo”)

¿Cuáles eran las armas desplegadas por Carabineros en lo que sus mandos llamaban el “teatro de operaciones”? CIPER accedió a informes reservados de la policía uniformada en los que se detallan esos equipos y sus características. Entre estas armas se cuentan las escopetas calibre 12 Hatsan (provenientes de Turquía), Benelli M3 y Benelli Supernova (Italia) y Winchester 1200 (Estados Unidos). A ellas se agregan las carabinas lanza gases de 37 milímetros Condor (Brasil), Pen Arms (Estados Unidos) y Stopper (Sudáfrica).

En el control de manifestaciones también se incluyeron granadas de mano con disuasivos químicos, como la Condor (Brasil) y la poderosa Combined Tactical System (Estados Unidos), con un alcance de 125 metros (ver documento).

A estos dispositivos, se suman los polvos químicos utilizados por zorrillos y carros lanza agua, comprados a FAMAE (ver documento secreto).

GUSTAVO GATICA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Después de la agresión con perdigones que provocó la pérdida total de la visión al estudiante Gustavo Gatica, el 8 de noviembre, las protestas recrudecieron. En ese marco, el ministro del Interior y el general Rozas enviaron múltiples órdenes relativas al respeto de los derechos humanos.

El 11 de noviembre, el general director comunicó a sus subalternos la decisión de enviar capacitadores en derechos humanos a todas las unidades del país. Los agentes, además de ser desplegados para labores formativas, debían apoyar la planificación operativa. “(El instructor) verificará que el personal designado para el uso de la escopeta antidisturbios se encuentre debidamente certificado y acompañado de la cámara de vídeo grabación”, reseñó el mensaje institucional (ver documento).

Pero, los hechos muestran que la medida no tuvo efecto. El día que el general Rozas pidió a sus hombres ceñirse a los protocolos había 220 víctimas de trauma ocular. Un mes después eran 343.

Sólo dos días después de que fuera emitida esta orden, se filtró un audio del general Rozas en el que le aseguró a sus subalternos que nadie sería dado de baja. “Hay algunas cosas que les quiero decir: tienen todo el apoyo y respaldo de este general director. Cómo lo demuestro: a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”, dijo.

Hasta fines de marzo de este año, se habían abierto 585 sumarios, de los cuales sólo 15 acabaron con sanciones que afectaron a 32 funcionarios, de los cuales sólo cuatro eran oficiales (vea ese reportaje de CIPER).

Además de los disparos de perdigones al cuerpo, otro factor que se hizo recurrente fueron las irregularidades en el empleo de las carabinas lanza gases. Un primer indicio de aquello se configuró el 4 de noviembre, cuando Mauricio Jara Méndez (29 años), fue impactado por una lacrimógena en el costado poniente del obelisco del Parque Balmaceda. Quedó con riesgo vital, según el parte médico. Ante la posterior denuncia en Fiscalía, la Policía de Investigaciones realizó un primer informe para reconstruir los hechos, el que fue encargado al comisario y perito balístico Simón Acevedo, del Laboratorio de Criminalística.

El análisis del comisario Acevedo subrayó que un tiro con la carabina lanza gases en ángulo horizontal podía impactar a alguien con fuerza extrema hasta los 15 metros, alcanzando una trayectoria máxima, y con velocidad descendente, de 50 metros. Es decir, el tirador puede ver perfectamente a su objetivo si está a menos de una cuadra (ver documento).

El 26 de noviembre de 2019, el golpe de una bomba lacrimógena provocó la pérdida total de la visión a Fabiola Campillai (36 años), cuando se dirigía a su trabajo en Carozzi desde su casa en San Bernardo. Si bien las declaraciones iniciales de la víctima, los carabineros y las presentaciones judiciales del Consejo de Defensa del Estado hablaron de una distancia de tiro de quince a veinte metros (ver documento), las pericias posteriores revelaron que el armamento utilizado por la policía tenía un alcance mucho mayor.

“Las probabilidades de impacto se vuelven apreciables sólo si se dispara entre cero y diez grados para el caso de proyectiles Condor triples, y entre cero y cinco grados si se usan proyectiles únicos (Condor y ALS)”, sostuvo un estudio de los profesores Nicolás Mujica y Rodrigo Soto, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

El mismo informe indicó que si el tiro tenía un ángulo superior a 25 o 45 grados, como ordenan los protocolos de Carabineros, es muy difícil dañar a alguien: “Para todos los proyectiles, resulta muy improbable que impacten a una persona en una altura entre uno y dos metros si son disparados a 25 y 45 grados».

En otras palabras, para que una persona resulte herida con una bomba lacrimógena es necesario que el disparo sea hecho apuntando prácticamente al rostro, a una distancia inferior a una cuadra.

El 2 de diciembre, seis días después de la agresión a Fabiola Campillai, Carabineros decretó el reentrenamiento de sus integrantes en el uso de la escopeta antidisturbios en la Región Metropolitana.  Entre los hombres destinados a ese curso estuvo el capitán Patricio Maturana, quien fue mencionado en un video grabado por una cámara de Carabineros como el oficial que presuntamente disparó contra Fabiola Campillai. También asistió a ese curso el subteniente Nelson Zenteno, participante del mismo operativo.

¿Por qué Carabineros consideró prudente volver a certificar en el uso de escopetas antidisturbios a dos oficiales investigados por presuntamente cometer lesiones graves contra una mujer que se trasladaba a su trabajo?

Hasta ahora, en la primera implicancia judicial por el disparo de lacrimógena al cuerpo y a corta distancia, el Tribunal de Garantía de Rancagua condenó el miércoles 29 de julio al miembro de Fuerzas Especiales Juan Gabriel Maulén por homicidio frustrado: el 13 de diciembre agredió a un manifestante menor de edad con una bomba lacrimógena. En este caso, la distancia de tiro fue de sólo 8,5 metros, según el fallo del tribunal.

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