Danae Mlynarz

Danae Mlynarz

Trabajadora Social y Cientista Política de la Pontifica Universidad Católica de Chile, Magíster en Política y Gobierno de FLACSO, con diplomados en Relacionamiento Comunitario en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Dramaterapia en la Universidad de Chile. Actualmente es consultora y docente universitaria. Fue Gerenta del Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial para Alianza Valor Minero (2017-2018), Jefa de la División de Cooperación Público-Privada en el Ministerio de Desarrollo Social (2014-2017) y ex Defensora Ciudadana (2006-2010). Concejala de la Comuna de Ñuñoa (2004 a 2008).

Cambio constitucional y legitimidad social

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El día lunes 25 de noviembre, el Presidente de la República Sebastián Piñera, en el contexto del estallido social que vive nuestro país, nuevamente citó al Palacio de la Moneda a los representantes de los principales poderes del Estado: Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, de la Corte Suprema y Fiscal Nacional, al comparar las performance fotográfica post reunión, podemos afirmar que es bastante similar a cuando el Presidente con fecha 7 de noviembre citó al Consejo de Seguridad Nacional donde participan los Presidentes de ambas cámaras, de la Corte Suprema, Comandantes en jefes de las ramas de las fuerzas armadas y Contralor General de la República. La imagen de ambos encuentros es reveladora: solo hombres y en un solo tono cromático.

Chile es bastante más diverso que esa foto y es precisamente esa diversidad la que necesitamos que esté presente en la futura Convención Constituyente. En esa dirección van las propuestas que ha presentado la oposición para complementar el acuerdo firmado, y que hasta el momento parecen no tener acogida desde los partidos de gobierno. Para avanzar en las nuevas reglas del juego para todos y todas, tenemos que sentirnos todos parte de ese proceso.

Durante el fin de semana, participé en un par de actividades sobre el proceso constituyente en mi comuna – Ñuñoa- y debo reconocer que me sorprendí. Al escuchar la opinión de diversos participantes, percibí una alta desconfianza en el alcance del acuerdo “Por la Paz y una Nueva Constitución” y en los actores que lo firmaron. Sin duda, la crisis de representación es brutal, sin embargo, hay mucho interés en que el proceso constituyente se realice y en la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto social en nuestro país. Así como también, se expresó el temor a un posible quiebre democrático, fruto de la falta de orden público y paz social, y a la vez una alta preocupación y condena a las vulneraciones de derechos humanos por parte de la policía.

Las principales dudas planteadas sobre el proceso constituyente hacen mención a la representación de los independientes en la convención, a la presencia paritaria de mujeres, a la representación de los pueblos indígenas y en el cómo hacer que la Convención Constituyente y su proceso incorpore propuestas emanadas de espacios de conversación que ya se están desarrollando como son los Cabildos territoriales.

Es decir, cómo avanzar y asegurar en que el itinerario procedimental que se ha establecido por los representantes tenga una legitimidad social. Situación que en el contexto actual es clave, puesto que la crisis de confianza, la fractura entre el mundo político y el mundo social es tan grande que no permite que exista conexión entre los planteamientos de unos y otros.

Actualmente no existe en la percepción ciudadana una relación entre sus intereses y los de los políticos. Ese es el abismo frente al cual nos encontramos, y el llamado es actuar con responsabilidad a todos los actores: el gobierno, la oposición, los partidos de gobierno, de oposición, las organizaciones sociales, empresariales y la ciudadanía en general. Estamos en un punto donde no es posible seguir estirando el elástico.

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