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Carta de Ricardo Brodsky en El Mercurio

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Por Ricardo Brodsky // Contenido publicado en El Mercurio

Señor Director:

El rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y el senador Juan Ignacio Latorre, en una columna del día de ayer, promueven la instalación en el país de un proceso de justicia transicional relacionado con la situación de las personas detenidas y procesadas a raíz de la violencia desatada tras el estallido social. A juicio de ambos, esta necesidad se justificaría puesto que el estallido social sería consecuencia de las ‘gravísimas deficiencias del orden democrático nacional’.

Sin perjuicio de la ausencia de lógica que implica suponer que las deficiencias de la democracia autorizan a incendiar iglesias, museos y medios de transporte, la idea de que el país requeriría de la instalación de un proceso de justicia transicional es, para decirlo francamente, una forma de auspiciar una justicia blanda, una sutil búsqueda de impunidad para graves delitos y para actos violatorios de los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Esto es así porque, a diferencia de lo propuesto por la iniciativa de indulto unilateral de algunos senadores, una justicia transicional no podría llevarse a cabo para perdonar a unos y condenar a otros. Es la razón por la que en Chile las agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura nunca han aceptado otra cosa que la aplicación estricta de la ley y los tratados internacionales por parte de los tribunales ordinarios.

El término justicia transicional ha servido para fomentar procesos de pacificación donde, como en el caso del proceso de paz colombiano, sin conceder impunidad, se acuerdan procedimientos y sanciones acordes con el propósito de abandono de las armas y reinserción política de los actores del conflicto, aunque siempre limitados por las normas contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el marco de este mismo concepto, la justicia transicional impulsa iniciativas de mutuo reconocimiento y reconciliación entre las partes en conflicto, promoviendo diálogos entre víctimas y victimarios, como ocurrió por ejemplo en Italia entre los exmilitantes de las Brigadas Rojas y sus víctimas, o como en España entre miembros de ETA y sus víctimas.

La justicia transicional es un concepto que surge para enfrentar responsabilidades por gravísimos hechos no previstos en la legislación al momento de su ocurrencia. Como ejemplo de ello se pueden citar los procesos de Nuremberg y Tokio al término de la Segunda Guerra Mundial, donde los conceptos de crimen contra la humanidad y genocidio se introdujeron para juzgar las responsabilidades de los jerarcas del nazismo.

El concepto justicia transicional también se ha usado, especialmente después de la década del 80 en América Latina, para precisar un conjunto de medidas destinadas a establecer la verdad sobre graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, hacer justicia conforme a los estándares establecidos en los tratados de derechos humanos, implementar medidas de reparación a las víctimas y auspiciar medidas institucionales que garanticen en la medida de lo posible la no repetición de esos hechos en el futuro.

La justicia transicional, como dice el Centro Internacional para la Justicia Transicional, intenta enfrentar las consecuencias de graves conflictos bélicos o de violaciones sistemáticas y prolongadas a los derechos humanos, buscando ‘proporcionar las medidas de justicia más relevantes en las condiciones políticas de cada momento’. No se puede invocar la idea de justicia transicional para esquivar la acción de los tribunales de justicia en una democracia.

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