Juan Enrique Pi

Juan Enrique Pi

Abogado, 35 años, sudaca militante y entusiasta de la historia. Los fundamentalistas le dirán que soy un funcionario de la dictadura gay, pero solo quiero un país justo, donde podamos ser libres y vivir en paz.

Chilombia: Protestas en Colombia y Chile

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Por una invitación a un seminario de abogados litigantes de derechos de la comunidad LGBTI de América, me tocó estar toda la semana pasada en Bogotá, Colombia. Los días transcurrieron en el evento que congregó a abogados y abogadas de 11 países del continente, que nos dimos cita para compartir experiencias y estrategias, logros y derrotas sobre la judicialización de las injusticias estructurales que afectan a las personas de la diversidad sexual y de género. Todo hasta el jueves, en que estaba llamado el paro nacional de Colombia, que fue adherido por miles de personas en todas las grandes ciudades del país.

Desde luego, nos preguntaron por la situación en Chile y las similitudes de los procesos de protesta; y en las conversaciones que se iban dando entre chilenos y colombianos, pudimos encontrar puntos inevitables de coincidencia, más allá de las particularidades de cada país.

Sin duda, la principal causa común es la desigualdad. Colombia y Chile comparten estar en la vergonzosa lista de los seis países más desiguales de nuestro continente, pese a mantener un crecimiento económico constante en la última década (con un promedio de 3,7% entre 2010 y 2018 para Colombia, y un 3,5% para Chile en el mismo período). Lo que surgía en las conversaciones con colombianos, una y otra vez, era la sensación de que el crecimiento económico alcanzaba a unos pocos, mientras a la clase media se le cargaba la mano de dos formas: aumentándoles la carga impositiva, y dejándolos a su haber cuando surgían los problemas. Para ser honesto, desconozco sobre política tributaria y políticas sociales de Colombia, pero este énfasis de abandono de los ciudadanos por parte de un Estado que no vacila al momento de cobrar impuestos era una constante, que por cierto, se parece mucho a lo que uno escucha en Chile. Asimismo, aparecía recurrentemente el discurso de “algunas familias son las dueñas de Colombia”, mientras la gran mayoría se mantiene en un estabilidad precaria, que puede terminar ante cualquier eventualidad de la economía o de imprevistos sociales o familiares.

Otro tema importante era la corrupción. De lo que hablaban muchos colombianos era de la sensación de que ese aporte que el Estado cobraba sin cesar a las clases medias desaparecía en el camino a convertirse en política pública. Según la Contraloría General de la República de Colombia, en datos entregados por su excontralor a principios del año pasado, la corrupción le costaba al país 18 mil 400 millones de dólares al año, lo que corresponde al 21% del presupuesto nacional de 2018. Y si bien el problema de la corrupción en nuestro país no ha alcanzado tales niveles, la indignación de los colombianos crecía cuando hablaban de los sueldos que se llevaban las principales autoridades del país, especialmente los parlamentarios. El sueldo de los parlamentarios en Colombia supera los 7 millones y medio de pesos chilenos, mientras que el sueldo mínimo apenas está sobre los 191 mil pesos chilenos. En nuestro país, la dieta parlamentaria es 31 veces el sueldo mínimo, mientras que en Colombia lo es 39 veces.

Desde luego, estos temas se entrelazaban con particularidades propias de Colombia, como el proceso de paz que puso fin a más de 50 años de guerra armada entre colombianos, políticas sociales relativas a pensiones y salario mínimo de los jóvenes, inversión en educación y derechos humanos. Sin embargo, cuando uno hacía la pregunta de por qué marchaba Colombia, la respuesta general era “la desigualdad, aunque cada uno tenga un motivo específico para marchar contra ella”.  

¿Qué hacer para superar esa brecha entre la ciudadanía y el Estado? ¿Cómo encausar los esfuerzos de la política pública en la mejora de la vida de las personas? ¿Cómo lograr que efectivamente ciudadanos y ciudadanas de nuestros países sientan que la comunidad estará ahí para ellos cuando lo necesiten? Los desafíos de Chile y Colombia no son tan diferentes, pero en ningún caso son sencillos, y el tiempo apremia para darle una solución que evite un quiebre más grande. En Chile llevamos 39 días de protesta, y cuando dejé Colombia, llevaban cuatro. Es de esperar que estos procesos terminen en Estados que hagan sentir que todos y todas somos parte de un proyecto común, que no seremos abandonados a la suerte si algo sale mal en el camino, y que finalmente, somos una comunidad que busca el bienestar de cada uno, sin que nadie quede atrás en el camino.

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