En el marco de una sesión de la comisión de agricultura del Senado, tuve la oportunidad de escuchar las interesantes presentaciones de representantes de los institutos y núcleos Milenio. Alejados de todo debate pequeño que hoy abunda, un grupo de científicos nos expuso el impacto de la Botritis cineréa (que de seguro no la ha escuchado jamás) y de cómo ese hongo necrotrófico que puede afectar a los cultivos de uva, tomate, berries, kiwis o rosas- está generando pérdidas económicas -sólo en la industria de la uva- cercanas a los MMU$575 anuales, razón por la cual se encuentran investigando alternativas de control o, al menos de disminución de su impacto en nuestros productos.
Luego tuve la oportunidad de escuchar la presentación de otro Phd. quien nos ilustró con datos científicos sobre el verdadero impacto económico, social, territorial, medioambiental y productivo del controvertido DL 701 sobre subsidio a las plantaciones forestales. Con datos irrefutables fue exponiendo punto por punto los impactos de dicha política pública y su relación con la pobreza, reforestación o la migración campo ciudad.
Tuvimos entonces la oportunidad de conocer de primera fuente lo que la ciencia aplicada puede aportar al desarrollo de las políticas públicas y todo ello realizado por investigadore(a)s nacionales.
Junto con agradecer la seriedad de la información entregada, me permití plantear la necesidad de suscribir un convenio de cooperación entre algunos de los institutos milenio y el senado de la república con el objeto de lograr una cooperación institucional a fin de dotar de mayores capacidades técnicas y científicas los debates de las regulaciones propuestas ante las diversas comisiones de la cámara alta.
La diferencia entre los países que logran el salto al desarrollo y los que quedan en el intento, no está exclusivamente relacionado con los niveles de crecimiento, más sí lo está respecto de su gobernanza y la calidad de sus políticas públicas. Por ello es que la vinculación ciencia-diseño y evaluación de políticas públicas podría resultar determinante a la hora de mejorar nuestra gobernanza y pasar de los voluntarismos o las creencias de algún iluminado o la alegría del aplauso fácil, a la elaboración de planes, programas y normas basadas en evidencia científica, con elementos de prueba y resultados medibles. Chile tiene científico(a)s de gran nivel cuyas investigaciones se empinan por sobre el 10% superior de impacto a nivel mundial y la política pública en momentos de rediseño del pacto social no puede prescindir de este gran activo que puede marcar la diferencia entre el presente y un mejor futuro. Durante el último tiempo nos hemos acostumbrado a conocer iniciativas de gobiernos y legisladores las que, si bien pueden generar un gran impacto mediático, carecen de toda evidencia, pudiendo generar efectos no esperados, llevando a la sociedad a sufrir nefastas consecuencias económicas o sociales. Recientemente el gobierno ha impulsado el control de identidad preventivo a menores de edad como forma de reducir el delito. La evidencia internacional es uniforme y reiterada en señalar que dicha medida no sólo no contribuye a la reducción del fenómeno criminal, sino que genera altos niveles de enfrentamiento entre las instituciones policiales y la ciudadanía y, además la distrae de su foco eficaz: el control y desbaratamiento del crimen organizado. Como ella, otras medidas se discuten actualmente en el parlamento. Quizás sea hora de exigir evidencia a proyectos y mociones y así no legislar para la galería, dando un paso más en la buena gobernanza que requerimos para salir adelante.
