Juan Enrique Pi

Juan Enrique Pi

Abogado, 35 años, sudaca militante y entusiasta de la historia. Los fundamentalistas le dirán que soy un funcionario de la dictadura gay, pero solo quiero un país justo, donde podamos ser libres y vivir en paz.

Constitución y religión: dos palabras que riman.

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El día lunes 6 de enero el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, dijo en La Tercera que el mundo evangélico, así como predica en las calles, debe dar a conocer los problemas que traería una nueva Constitución al país y cómo afectaría esto a su iglesia. De esta forma, el diputado y religioso anuncia que él espera que gane la opción de rechazo en el plebiscito del 26 de abril, y que trabajará para ese objetivo específico. Si bien esa posición es legítima y se suma a otras voces de la derecha radical, como José Antonio Kast y la UDI, lo ciertamente preocupante es lo que agrega el diputado que haría si gana la opción que aprueba una nueva Constitución. El diputado revela que tiene un plan B, que consiste en llevar candidatos en todos los distritos del país para que “defiendan con fuerza los principios que les interesa mantener”.

¿A qué principios se refiere el diputado? Claramente a los de su religión, y no a los de su partido político. En la entrevista Durán habla de los candidatos “evangélicos” y no de los candidatos “de RN”, porque sabe que son cosas distintas. Sus preocupaciones son materias específicas que en cualquier país civilizado (y en parte, el nuestro) están entregadas a la conciencia de cada persona o a la intimidad de las familias, y sobre los que su religión ha tenido una intensa agenda política que hoy pretende grabar en la nueva Constitución. Estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la identidad de género de las personas, de lo que se considera o no familia en Chile, especialmente para parejas del mismo sexo. Y si bien en esto el diputado no innova (muchas constituciones del mundo tienen definiciones sobre estos temas), lo que preocupa es que en el año 2020 algunas religiones quieran imponer su cosmovisión a toda la sociedad en ámbitos que deberían estar entregados a la autodeterminación de las personas, en razón del derecho que les asiste a regular su vida privada en igualdad de condiciones y con iguales oportunidades. Una pregunta que deberá responder esta nueva Constitución es si confiamos unos en otros para regular nuestros propios intereses, no solo en lo económico sino sobre todo en nuestra individualidad, en los espacios más íntimos y personales de nuestra vida; o, si por el contrario, será la Constitución la encargada de decirnos qué familias pueden ser conformadas, qué identidades pueden vivirse y qué podemos o no hacer con nuestros cuerpos.

Desde hace ya un buen tiempo hasta hoy –especialmente desde 1990- nuestro país ha ido abandonando la regulación legal de la vida privada de las personas, entendiendo que la diversidad de identidades, de relaciones humanas, de familias, son cuestiones que pertenecen a la esfera más íntima de quienes habitamos la República, y que por tanto, no le corresponde al Estado pretender (sin éxito, como nos lo ha demostrado la historia) negar y entorpecer proyectos de vida específicos. Así dejamos atrás el delito de sodomía, los hijos naturales, la prohibición del divorcio; y dimos pasos tan dignificantes como la unión civil, las tres causales y la ley de identidad de género. Hemos ido construyendo una sociedad donde cabemos todos, y esa construcción es la que nos toca defender de los objetivos del diputado Durán y sus pastores. Hoy, Constitución y religión son solo dos palabras que riman: asegurémonos que mañana no sean dos palabras que significan casi lo mismo.

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