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Criminalizar el movimiento social

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Durante los últimos días se ha suscitado un duro debate en torno a ciertos proyectos de ley vinculados a la mayor sanción jurídica de conductas que han sido recurrentes durante la crisis social y política que afecta a nuestro país. En específico, el debate se ha centrado en las barricadas, saqueos y los encapuchados; al punto tal que, frente a las reacciones por la aprobación de alguno de éstos en la Cámara de Diputados, Giorgio Jackson y Gabriel Boric salieron a pedir perdón por su voto favorable, acogiendo la tesis de la “criminalización de la protesta social”. Incluso más, la Mesa de Unidad Social condenó el que se estuvieran impulsando y tramitando estas iniciativas, llamando a la “desobediencia civil” en el paro nacional convocado el viernes pasado.

Consientes de que se trata de un debate legítimo en democracia, nos asiste la convicción de que hace buen rato un grupo de manifestantes y fuerzas políticas han intentado presentar un escenario de las libertades públicas y políticas que dista mucho de la realidad que estamos viviendo. ¡Chile no está bajo una dictadura! Los injustificables delitos cometidos por las fuerzas policiales han sido denunciados, investigados y muchos de ellos ya sancionados, bajo las reglas de un régimen democrático, con plena vigencia de los derechos fundamentales, en especial de las libertades y garantías de los ciudadanos. Aun así, hay quienes que -quizás intentando dotarse de una nueva épica revolucionaria- insisten en presentarse como unos combatientes, dibujando un escenario que legitime la violencia como forma de manifestación política y social.

El debate en torno a los proyectos de ley antes mencionados han sido teñidos por ese proceso. Por supuesto que existen buenas razones para oponerse desde la naturaleza y eficacia de la política penal persecutoria, pero lejos de haber sido preponderante las voces de esos técnicos o especialistas, lo que abunda es una suerte de naturalización de la violencia; al punto que algunos se escandalizan porque se pretenda siquiera discutir la sanción a quienes incurren en tales prácticas, las que ya han sido incorporadas al repertorio habitual de la protesta.

Una comunidad no puede hacer responsables a la gran mayoría de manifestantes que se movilizan de manera pacífica, por lo que algunos otros puedan hacer antes, durante o después. Pero de igual manera, el impedir que se cuente con mejores instrumentos para prevenir, disuadir y combatir la violencia de forma civilizada y conforme a las reglas de una sociedad democrática, es no sólo una forma de tolerancia frente a la violencia, sino también se desvirtúa el sentido y propósito que tiene la movilización social.

La libertad de opinión, reunión y movilización son un derecho fundamental. En el ejercicio de éstos siempre hay tensión con los derechos de los otros ciudadanos, como es el caso de la libre circulación, la integridad física y síquica, o la propiedad. Pero limitar o obstaculizar el tránsito peatonal y vehicular por una columna de manifestantes, es bien distinto al romper veredas, paraderos o semáforos para instalar y encender barricadas; de la misma forma que el incluso rayar la propiedad pública o privada no es lo mismo que destruirla y saquearla de manera reiterada e inmisericorde, poniendo en riesgo la vida de los propietarios, locatarios o huéspedes; como tampoco gritar consignas e insultar a la autoridad no debería parecernos equivalente a lanzar una bomba molotov, agredir a otros ciudadanos cuando no comulgan con nuestras ideas (no distinguiendo entre mujeres o personas de la tercera edad) o someterlos a la humillación de bailar o cualquier otra actividad que vaya contra su voluntad. Y justamente porque no es lo mismo, porque quien se manifiesta puede y debe hacerlo en el marco de ciertas reglas básicas que nos hemos dado como sociedad -las que justamente protegen el fundamental derecho a la movilización- es que no debería parecernos natural o justificable que los manifestantes oculten su rostro para movilizarse en democracia, ni menos todavía cuando lo que se pretende es garantizar la impunidad de los delitos que se cometen en el contexto o a propósito de una marcha.

De lo contrario, y si todo lo anterior nos parece semejante o similar, si no podemos distinguir uno de otro, o si renunciamos a que la protesta pueda darse en un marco de respeto a los derechos de los otros miembros de la comunidad, terminaremos haciendo sinónimos a la movilización y la violencia. Y cuando eso ocurre, y especialmente a los ojos de la comunidad política, habría que preguntarse ¿quién es el principal responsable de criminalizar la movilización social?

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