Danae Mlynarz

Danae Mlynarz

Trabajadora Social y Cientista Política de la Pontifica Universidad Católica de Chile, Magíster en Política y Gobierno de FLACSO, con diplomados en Relacionamiento Comunitario en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Dramaterapia en la Universidad de Chile. Actualmente es consultora y docente universitaria. Fue Gerenta del Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial para Alianza Valor Minero (2017-2018), Jefa de la División de Cooperación Público-Privada en el Ministerio de Desarrollo Social (2014-2017) y ex Defensora Ciudadana (2006-2010). Concejala de la Comuna de Ñuñoa (2004 a 2008).

Defensa de derechos: cambios leeeentoos

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La semana pasada entró en funcionamiento la videograbación de confesiones de niños y niñas que han sufrido abusos sexuales, lo que permite disminuir los procesos de revictimización que viven al hacer la denuncia en el sistema penal, donde al menos debían relatar cuatro veces los abusos vividos, y que vulneraba nuevamente sus derechos.

Es una alegría haber avanzado en ello en nuestro país.

Sin embargo, esta alegría me hizo recordar que en el año 2009 junto con víctimas y la Corporación de Asistencia Judicial desde la Comisión Asesora Presidencial de los Derechos de las Personas promovimos este necesario cambio en nuestra legislación encontrando un apoyo transversal en los parlamentarios, que solo luego de 10 años logró materializarse.

De esta forma, no dejó de impresionarme de lo lento que pueden ser los cambios y que se requiere de claridad y persistencia para avanzar en ellos.

Ello me llevó a preguntar, una vez más que sería del proyecto del defensor de las personas para Chile, sobre todo en este contexto, en que el gobierno asume el abuso de las farmacéuticas y laboratorios en el elevado precio de los remedios en nuestro país. 

Parece que ahora todo el mundo se empezó a dar cuenta que en Chile existían abusos, cuando la verdad es que hace mucho tiempo los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país los sienten y sufren. Sin embargo, la institucionalidad que el país tiene para resguardar los derechos de las personas es aún bastante débil y han existido solo esfuerzos parciales para ir avanzando en el fortalecimiento de ellos. Sin duda la existencia de Superintendencias, Defensoría de la niñez, el Servicio Nacional del Consumidor y la ley del consumidor han sido avances, aunque a mi juicio, insuficientes por las reducidas competencias que poseen, la asimetría de información y el acceso a la defensa.

Una institución que existe en más de cien países del mundo para defender a las personas es el Ombudsman, Defensor de las Personas o Defensor del Pueblo.

Que busca promover, defender y proteger los derechos de las personas ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de aquellos que presten servicios públicos.

La Reforma que crea el ombudsman en Chile está pendiente desde el año 1991, cuando su implementación surgió como recomendación de la comisión Rettig, sin embargo, después de varios intentos solo el año 2007 se logró que un mensaje del Ejecutivo tuviera tramitación en el Parlamento para esta reforma Constitucional, siendo rechazada el año 2008 en la Sala de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario.

El texto rechazado establecía la creación de la Defensoría de las Personas como un órgano autónomo que tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los Tratados Internacionales y en las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas que ejerzan actividades de servicio de utilidad pública, con lo que se incluye a las empresas que prestan servicios básicos (suministro de agua, electricidad, transporte, etc). Dicha institución recibirá y procesará quejas y reclamos, pudiendo igualmente actuar de oficio ante casos de conmoción pública e incluso interponer recursos legales.

El primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet repuso el proyecto el año 2009 logrando la aprobación por la Cámara de Diputados del Proyecto de Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas, cuya aprobación se logró con 104 votos a favor. De esta forma, el proyecto logró por primera vez después de más de 20 años avanzar en su primer trámite legislativo, quedando radicado en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado.

En la campaña presidencial del año 2009 nuevamente aparece en los programas en forma transversal, pero no avanza y posteriormente, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet emerge en la agenda de probidad y transparencia del año 2015. Sin embargo, durante todo su mandato nunca tuvo urgencia y lo más probable que el proyecto hoy se encuentre archivado a pesar de que los Organismos de Naciones Unidas han recomendado su existencia en el país para velar por los derechos humanos.

Hoy en día, muchas voces han vuelto a levantar el tema de los abusos a los cuales estamos expuestos, por lo cual es una buena oportunidad avanzar en una institucionalidad que los restrinja y sería una aplaudida iniciativa sacar del archivo y reflotar la institución de la “Defensoría de las Personas”.

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