Carolina Tohá

Carolina Tohá

Es actualmente consultora y profesora universitaria en materias de ciudad y políticas públicas. Ha sido alcaldesa de Santiago, ministra y diputada. Fue una activa dirigenta estudiantil y juvenil durante la lucha por la recuperación de la democracia. Es cientista política de la Università degli Studi di Milano y también estudió derecho en la Universidad de Chile.

Demolición

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El Edificio Maino, situado en calle Teatinos entre Rosas y San Pablo, en pleno centro de Santiago, está a punto de ser demolido. Hace algunos fines de semana acogió intervenciones y performances de múltiples artistas y se pudieron visitar sus increíbles espacios. Se trata de una edificación muy particular, representativa de la llegada de formas de construcción y de comercio modernistas, con un estilo ecléctico de aires art decó. Terminado el año 1927, el edificio acogía actividades comerciales y residenciales, y está lleno hasta el día de hoy de detalles constructivos y decorativos notables: cielos y pisos, terminaciones de los muros, barandas, ventanas y vitrales.

Este inmueble, representativo de una época de nuestra ciudad y del sincretismo que la caracteriza, desaparecerá de nuestro paisaje para siempre, como lo han hecho tantas otras edificaciones de similar valor. A pocas cuadras de ahí, en Morandé con Rosas, se demolió hace tres años el edificio de la Protección Mutua, después de una larga pelea por defenderlo que se terminó el mismo día en que se produjo el cambio de mando y una nueva administración sucedió a la nuestra en la Municipalidad de Santiago. Y como esa hay muchas historias similares a lo largo y ancho del país.

La protección del patrimonio, su cuidado y revitalización, es un tema de múltiples aristas que podremos discutir en otra ocasión, pero aquí nos interesa vincularlo con el proceso que hemos vivido en las últimas semanas en el país. Si maltratamos la ciudad de la manera que se está haciendo con el edificio Maino, permitiendo que se destruya el patrimonio y se modelen los barrios de la mano del puro negocio, no nos sorprendamos cuando veamos manifestantes que tampoco la respetan y consideran legítimo destruirla. 

Las ciudades son, antes que nada, espacios compartidos e identidad común. Se hacen desde la intersección entre las personas, la mezcla de lo privado y lo público, la historia por un lado, y por el otro la pulsión del futuro, que todo lo transforma. Tejer esas distintas dimensiones de una forma amorosa, inclusiva y respetuosa define la calidad de una ciudad. En nuestro caso, ese tejido se ha hecho demasiadas veces desde la arrogancia y la codicia. En Chile tenemos muchos méritos urbanos, pero la empatía no es uno de ellos, y lo estamos pagando caro.  

Muchos límites se han roto después del estallido social. El más grave, sin duda, es el límite de los derechos humanos que ha vulnerado el Estado a través de una acción policial brutal e inoperante, pero no es el único. El vandalismo también rompió límites cívicos que son esenciales. La violencia que hemos visto contra nuestras ciudades no tiene precedentes, y aún no dimensionamos la extensión de la herida que ha producido. Algunos lo minimizan diciendo que son sólo cosas que se pueden arreglar. Otros, de frentón lo justifican. Seguramente son personas que no han estado en el día a día de la gestión de la ciudad. No saben lo que cuesta lograr que una esquina tenga un semáforo, que un cruce cuente con señalética, que la plaza tenga pasto, que el escaño esté en condiciones para que las personas se puedan sentar. Probablemente no ha vivido el dilema de las comunidades que deben elegir si poner luminarias o lomos de toro, si reparar la vereda o arborizar la cuadra. Y cuando decimos que las cosas cuestan, nos referimos a recursos públicos, pero no sólo a eso: cuesta tiempo, energía ciudadana, trabajo de servidores públicos y proyectos alternativos que son postergados cada vez que se saca adelante una obra. No seremos una mejor sociedad, ni más justa ni menos abusiva si las ciudades están destrozadas, especialmente en sus zonas centrales, que son de los pocos lugares donde la gente se encuentra y se mezcla, y en su periferia, que es donde viven lo que menos tienen.

Recuperarlo será lento, caro y trabajoso, pero no bastará con arreglar las cosas, habrá que repensarlas. Lo que se rompió aquí no son solo edificios e infraestructura, se rompieron códigos de uso, jerarquías y simbolismos. Será una tarea mayor lograr que los espacios públicos no sólo se reconstruyan, sino que lleguen a tener normas de convivencia aceptadas por todos, sentidas como justas y legítimas. Que sean mejores espacios para las personas, y se piensen desde su inclusión, priorizando la convivencia, el encuentro, la calidad de vida y la sostenibilidad.   

Será una tarea mayor lograr que los espacios públicos sean queridos, respetados y cuidados. Si esto pasó no es solamente porque hay violentos y delincuentes, sino también porque el espacio público no ha logrado su objetivo principal: ser de todos. Muchas personas son excluidas y maltratados por la ciudad todos los días. Muchos sienten que el dinero tiene demasiado poder para definir los barrios sin considerar la opinión de nadie, y para destruir “legalmente” el patrimonio cada vez que no es funcional a sus planes. Sienten también que el poder democrático no los ha defendido lo suficiente, a veces por impotente, a veces por displicente.

Ponerle Plaza de la Dignidad a la Plaza Italia es una idea que va en la dirección de reparar esa fractura, pero se queda corto. Se necesita mucho más. Requiere una concepción que se haga cargo de sus usos reales, de sus miles y miles de peatones, de las manifestaciones que acoge, de los parques que conecta. No puede reconstruirse como un espacio organizado en función exclusiva de los autos que la atraviesan sino de las personas que la habitan y le dan vida cada día. El eje Alameda-Providencia, tan fuertemente dañado en esta crisis, necesita reconstruirse como una avenida metropolitana que asegure un estándar equivalente desde Las Condes a Lo Prado, superando la actual discontinuidad y desigualdad, como lo hacía el proyecto que el actual gobierno desechó. Y los mismo vale para los tantos y tantos lugares que tendremos que repensar en los centros y en las periferias.

Habrá que organizar el espacio público para que sea realmente compartido, considerando la perspectiva de todos: niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, pobres y los ricos, migrantes. Habrá que trabajar para cambiar conductas que vuelven nuestras calles agresivas, proteger a los peatones, bajar velocidades, priorizar el transporte público. Y habrá que enfrentar en profundidad el problema de la equidad territorial del cual hablamos latamente hace algún tiempo aquí en Entrepiso. Tener un estándar de ciudadanía respecto a la ciudad que compartimos es una condición ineludible para enfrentar en serio la problemática de la desigualdad, y para dar respuesta a la reivindicación de dignidad que se ha escuchado.  Eso significa que pongamos a las personas al centro de las decisiones urbanas y organicemos los recursos y las prioridades de una forma que asegure un trato justo para todos. Significa, en la práctica, comenzar a reducir consistentemente las diferencias abismales que hoy existen en la calidad de la ciudad: aseo, veredas, áreas verdes, paraderos, luminarias, servicios. Si logramos ser contundentes en ese esfuerzo, seremos mucho más efectivos a la hora de establecer normas de uso que sean respetadas y efectivamente exigidas a todos.

Lograr que la ciudad sea querida y sentida como propia es una parte vital de esa ecuación, y el patrimonio es una pieza crítica en ello. No se trata solamente de mantener en buen estado edificios bonitos y monumentos imponentes, sino de cuidar los elementos de identidad que nos vincula a un pasado común y a un futuro posible. Cuidar el patrimonio es no destruirlo, obviamente, pero también es informar y educar sobre él, apropiarse y vitalizar sus lugares, sus símbolos y prácticas. No se limita a mantener las cosas congeladas en el tiempo, sino que incluye modernizarlas, mezclarlas, reciclarlas y resignificarlas.

Los arquitectos y paisajistas son perfectamente capaces de hacer buenos proyectos, pero los políticos tienen que saber hacer bien los encargos. No será un encargo sencillo el que requerirán los sitios destruidos. No serán sólo infraestructuras, serán sentidos, valores, normas, nuevas inclusiones, nuevas formas de habitar y compartir. Ojalá en ellas le encontremos un lugar a ese patrimonio urbano que tanto hemos maltratado. Hacerlo nos permitirá no sólo preservar las huellas del pasado, sino abrirle paso a un mejor futuro.

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