Raul Arrieta

Raul Arrieta

Abogado. Cursó sus estudios de Magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile y es Diplomado en Derecho Administrativo por la misma Universidad. Es socio de Gutiérrez & Arrieta Abogados, oficina especializada en derecho y la tecnología. Entre 2001 y 2010 desempeñó diferentes cargos en el Gobierno. Es Profesor de Protección de Datos en la Universidad Central de Chile y Ex-Presidente y Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Demora legislativa, una vez más un espacio para la afectación de derechos

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En días pasados hemos presenciado un nuevo escándalo para la protección de los derechos de las personas a causa de la filtración de información privada de personas en seguimiento y cuarentena obligatoria por contagios por COVID-19 en la Región del Maule.

Esto motivó la presentación de una denuncia de parte del Intendente del Maule ante el Ministerio Público para que se determine quienes filtraron la información. Sin embargo, la normativa que debería protegernos de manera más expedita de este tipo de hechos se encuentra en discusión en el país hace más de una década. Se trata de la necesaria modificación de la normativa sobre protección de datos personales (Ley 19.628).

Actualmente estamos en el más serio y consensuado esfuerzo legislativo para modificar la Ley 19.628, sin embargo, el proyecto de ley inició su discusión legislativa el año 2018 y todavía no termina el primer trámite en el Congreso Nacional. Así, no obstante se trata de un proyecto de ley que se adecúa de manera bastante coherente con el estándar internacional y logra adhesión de los diferentes sectores del quehacer nacional, el letargo legislativo hace una vez más que los derechos fundamentales se vean mermados con cuestiones que deberían haber podido ser evitadas si se encontrara verdaderamente implementada una cultura de protección de datos o que, al menos, de ocurrir hubieren existido los mecanismos que permitieran sancionar la afectación de los derechos.

Se hace necesario que se tome conciencia que la protección de datos es un derecho fundamental y no un bien suntuario del que debemos hacernos cargo sólo en la medida de lo posible. En el caso de la filtración que me motiva a reflexionar en estas páginas, a través de la afectación del derecho a la protección de datos termina vulnerándose el derecho a la vida privada, al honor y, porque no, también a la salud, permitiendo que se generen espacio para la estigmatización, el agobio y tantas otras formas que permiten menoscabar a una persona. Es decir, una acción deleznable y desproporcionada no dimensiona la verdadera magnitud de la vulneración de los derechos de las personas involucradas y el Estado no hace nada para evitar que ello no ocurra.

Si la normativa que se está discutiendo en el Congreso se encontrara implementada, sería el Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos el que debería fiscalizar y sancionar, en sede administrativa, el inadecuado tratamiento de los datos personales que se ha hecho de las personas en seguimiento y cuarentena obligatoria por contagios por COVID-19 en la Región del Maule. Las sanciones, para el que las filtró una multa a beneficio fiscal de hasta 10.000 UTM (500 millones de pesos aproximadamente) y para el Jefe del Servicio a cargo de custodiar la información hasta el 50% de su remuneración mensual y la suspensión en el cargo hasta por 30 días. Todo eso, sumado a la posibilidad de accionar penal y civilmente por los perjuicios ocasionados a causa de la filtración.

Presidente, está en sus manos que la normativa necesaria para permitir que el Estado de Derecho se respete en una sociedad hiperconectada tenga la urgencia necesaria para frenar la afectación de derechos y para permitir que el desarrollo de nuestro país retome la senda del crecimiento de cara a las personas. Dentro de las tantas urgencias legislativas que tenemos está la modificación de la ley sobre protección de la vida privada (Ley 19.628).

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