Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

Desafíos para una nueva Constitución

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Frente a la discusión de la Nueva Constitución Política, nacida del agotamiento de un ciclo del país, luego de una interminable dictadura y transición política, cabe preguntarse respecto de los principales elementos que debiesen iluminar la discusión en los próximos meses para consensuar un texto nacido de un acuerdo político y ciudadano que permita dar legitimidad al poder, mejorar nuestra democracia y transitar hacia un país más moderno, y que especialmente, tenga como norte  el progreso y la defensa de las libertades públicas de sus ciudadanos.

En efecto, las Constituciones desde la caída de la monarquía absoluta, y luego del jacobinismo post revolucionario –que renace como tentación, a ratos, en toda sociedad, luego de períodos de crisis- intentaron asentar la legitimidad liberal resolviendo esencialmente dos asuntos claves para la vida política: Por una parte la regulación del poder y el ejercicio del mismo, y por otro, los derechos y garantías del ciudadano frente al poder.

Desde temprano, en nuestra República, la búsqueda de una solución jurídica-constitucional discurrió en la intención –por diferentes experimentos constitucionales- de dar expresión a una consecuencia natural del republicanismo, según el cual los gobiernos requieren de legitimidad constitucional, este último un tema que no ha sido tranquilo en ninguna de las Constituciones ensayadas a la fecha.

Por lo anterior, cualquier discusión de un nuevo proceso constituyente debe consensuarse, a mi juicio, en torno a elementos o ejes centrales de guía para conseguir el objetivo de un proceso que otorgue la esquiva legitimidad al texto, otorgando a la Constitución Política un nuevo camino de acuerdo social amplio que implique un nuevo modelo de administración y ejercicio del poder.

Frente a lo anterior pueden anotarse algunas características del acuerdo alcanzado por las diferentes fuerzas políticas que comienzan a delinear conceptos interesantes de la discusión, y que espero puedan ser profundizadas en éste nuevo proceso.

En primer lugar, debe relevarse la amplitud de un acuerdo, donde la posibilidad de desmontar la sagacidad de la Constitución de 1980 y sus cerrojos institucionales, permitió, con la presión ciudadana en la calle, apurar una decisión convenientemente dilatada por décadas, en manos de varios sectores, pero especialmente por la derecha chilena y no menos de ciertos elementos de una centroizquierda que se acomodó en las “bondades” ofrecidas por una forma de administración del poder político y económico.

En segundo lugar, la necesidad de formular un nuevo texto constitucional ha impuesto la necesidad de profundos acuerdos, que muchos ven complejos de alcanzar, pero que a mi juicio serán menos dificultosos de lo que se espera si se siguen algunas premisas básicas en la discusión.

En efecto, un acuerdo por 2/3 impone una voluntad de dialogo y cesión necesarios para construir una cultura democrática en la conversación y el debate público. Dicho espacio requerirá por ende, de tomar ciertas decisiones o guiarse por premisas básicas –que señalé más arriba- que han comenzado a delinearse y que ayudan en dicho sentido.

Sobre lo anterior, la creencia de la famosa “hoja en blanco” como dogma central, debe referirse al hecho que el proceso constituyente no devuelva, en caso de fracaso, al texto y formas de resolución que establece la Constitución de 1980 –mal podría hacerlo, como bien lo expresó hace unas semanas un contertulio de éstas páginas Francisco Díaz, si se ingresa al proceso constituyente por medio de un plebiscito de entrada que apruebe la formulación de un nuevo texto constitucional-. Pero la hoja en blanco, debe delinearse sobre la base una serie de temas, que incluso el acuerdo ha contemplado, que han pasado desapercibidos, pero que son un aliciente de confianza y certeza sobre el proceso.

En efecto, se debe tratar de tener la convicción de no iniciar una reforma a la actual Constitución, más bien debe tratarse de un nuevo tiempo constituyente nuevo, que tenga como premisas centrales tres asuntos insoslayables si se quiere un nuevo texto que permita gozar de legitimidad social.

Cualquier texto constitucional se asienta sobre el acervo cultural y la tradición constitucional chilena, que pese a sus traumas y bemoles, debe ser tomada en cuenta, precisamente para no repetir maximalismos del pasado que convirtieron a dichos textos en la imposición de vencedores sobre vencidos.

Si hay algo de esa tradición que recoger, es que una Constitución debe encontrar un minimalismo que permita que las decisiones del poder sean un esqueleto delineado en la Constitución, pero que ésta entregue las definiciones musculares al espacio de la regulación legal y la batalla política,  definiciones como los roles del Estado y del mercado para modelar la sociedad y ser parte de las soluciones que una sociedad requiere.

Una Constitución no debe necesariamente cargar con éstas definiciones modélicas.

¿Es necesario, frente a una modernidad en que sus ciudadanos requieren soluciones más prácticas que ideológicas, que la Constitución dirima este tipo de discusiones? ¿No es por cierto mejor entregar a la definición legal éste tipo de asuntos y dar, por ende flexibilidad al texto? ¿No debiésemos volver a los viejos textos minimalistas que entregan a la definición legal y la reglamentación los espacios de definiciones como las señaladas a la batalla del poder y las definiciones diarias o periódicas de éste?

En efecto, los textos constitucionales exitosos –que gozan en el tiempo de legitimidad- han preferido éste modelo minimalista, donde definiciones de marcada carga ideológica se entregan a definiciones del poder –regulando con detalle la forma de hacerlo- pero entregando a la Constitución no un rol modélico de la sociedad, sino procedimental y práctico para permitir la flexibilidad frente al avance social.

Es la vieja distinción entre la Constitución de Egaña y la de 1828 y 1833. ¿La Constitución es un instrumento para declarar principios básicos que iluminen el respeto por derechos y garantía del ser humano, frente al poder del Estado regulado y acotado o por el contrario el texto constitucional busca determinar el modelo de sociedad que pretende erigirse? En lo personal prefiero lo primero, y entregar al dominio de la ley y al peso de la sentencia, el avance en lo segundo, porque permite estabilidad en el tiempo, pragmatismo en la solución de los problemas sociales que cambian y varían a velocidad abismante en las sociedades modernas.

Para iniciar la discusión por ende, cabe señalar un elemento que ha sido recogido por la Mesa Técnica que delineó el acuerdo y propone al Congreso la reforma requerida para echar a andar el proceso constituyente.

Toda discusión constituyente debe iniciarse en el respeto a los Tratados Internacionales suscritos por Chile, y en especial a los relativos a materias de Derechos Humanos y de las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia. Comenzar la discusión con esa suerte de piso mínimo civilizatorio impone a todas las posiciones políticas y sociales una discusión elemental que otorga confianza, legitimidad y certeza. Discutir, por ejemplo, desde instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), otorga a algunos garantías tan relevantes como la imposibilidad de la reposición de la pena de muerte, la necesidad de la regulación detallada del debido proceso legal, los derechos sociales o bien para otros la necesidad del respeto del derecho de propiedad como un derecho humano básico. El piso, impone la necesidad de una discusión razonable para alcanzar grandes acuerdos que permitan avanzar sobre suelo seguro.

Por último, si algo ha enseñado la crisis reciente, es que un modelo que ha perpetuado la desigualdad y en especial el abuso del trato, requiere de una definición acabada del poder público y su regulación. Asuntos tan relevantes como los contrapesos de los poderes, la fiscalización, la declaración de la corrupción y las alteraciones al mercado y la libre competencia como uno de los males más graves de la sociedad moderna, requieren definiciones claras y precisas. En efecto, hoy en Chile, la discusión requiere determinar con claridad la definición de elementos tan claves como el rol de los Tribunales de Justicia y el Constitucional, la no perpetuación de personas en el aparato público (especialmente en el Congreso), modernizar el rol del Estado, y en especial el cuidado y atención de los ciudadanos frente a las contingencias que determinan su experiencia vital y que pueden distinguir entre una vida de miseria o de posibilidades presentes y futuras.

Pero más allá de todas estas consideraciones, el nuevo proceso abre un espacio de fortalecer las convicciones democráticas de la ciudadanía. Lo complejo de esta hora y el desafío de este proceso radica en ello. Chile puede tener al final del mismo, una ciudadanía más comprometida con la democracia, en un tiempo donde ésta se ha debilitado y puesto en entredicho. Para ello se requiere mucha pedagogía, mucha discusión y sin duda alentar el debate y la participación.

Rescato en ello la frase de Robert Dahl al definir esta convicción en el texto de la Constitución de Estados Unidos. “Tendemos a concebir la República de los Estados Unidos como un mero producto de líderes inspirados por extraordinaria sabiduría y virtud. Pero sin una ciudadanía comprometida con los principios republicanos de gobierno y capaz de gobernarse a sí misma según esos mismos principios, la Constitución habría sido al poco tiempo sino un pedazo de papel. Como revela la experiencia histórica, en países en los que las convicciones democráticas eran frágiles o inexistentes, las constituciones se convirtieron efectivamente en apenas algo más que pedazos de papel, violados y olvidados”.

Es en este último punto es donde radica sin duda la discusión constitucional más profunda en esta hora de nuestra sociedad. Si no se educa, si la participación no incluye pedagogía profunda, si nuestros sistemas educativos no educan en los valores democráticos, todo proceso constituyente o el resultado de éste corre el riesgo de pasar de una hoja en blanco a un mero pedazo de papel olvidado y violado.

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