Raul Arrieta

Raul Arrieta

Abogado. Cursó sus estudios de Magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile y es Diplomado en Derecho Administrativo por la misma Universidad. Es socio de Gutiérrez & Arrieta Abogados, oficina especializada en derecho y la tecnología. Entre 2001 y 2010 desempeñó diferentes cargos en el Gobierno. Es Profesor de Protección de Datos en la Universidad Central de Chile y Ex-Presidente y Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Desolación política y desafíos constitucionales

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El escenario que nos muestra la última encuesta CEP sin duda debe obligarnos a reflexionar profundamente respecto a que estamos haciendo y la forma en que nos encontramos anticipándonos y comprendiendo el sentir profundo de las demandas ciudadanas. Creo que es simplista creer que se reclama por ejemplo salud o pensiones sólo por ello. El trasfondo de las demandas en mi opinión tiene que ver con volver a uno de los valores más importantes de la democracia, cual es contar con instituciones que sean capaces de asegurar, proteger y permitir el pleno desarrollo de la dignidad de la persona.

Si uno parte de esa premisa, la cuestión de fondo es mucho más profunda que únicamente reformar las pensiones o mejorar el sistema de salud pública. Pasa porque nuestros representantes, duramente castigados en la última encuesta CEP, aprendan a hacer del diálogo el instrumento de búsqueda del bienestar social y terminen de hacer cálculos respecto a que resulta políticamente más conveniente en un momento determinado. Dicho de otro modo, supone que la reforma que se haga del modelo ponga en el centro a las personas y no los intereses político partidísticos del momento. Necesitamos grandeza de quienes están llamados a conducir al país en un momento en que la crisis político social nos lleva a perder la esperanza respecto del futuro venidero de nuestro país. Pero junto a ello, es esencial que, sin ser fatalistas ni conformistas, tomen el verdadero pulso de la forma en que el modelo de desarrollo que se instauró con la Constitución de 1980 ha impedido que tengamos ciudadanos que se aproximen a su diario vivir con la convicción de que el Estado diariamente está abocado a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de sus derechos y libertades. Es necesario pasar de un Estado que hace el mejor esfuerzo a uno en que el quehacer está destinado a lograr la plena efectividad de tales derechos y libertades y no sólo en las áreas más evidentes, sino que en todas aquellas que han permitido que la persona no sea la que se encuentra en el centro de las preocupaciones públicas.

En mi opinión ese debe ser el centro del debate constitucional que viene, donde demos paso a un nuevo constitucionalismo que, además de resaltar la dimensión jurídica de la Constitución, dirija su atención por una parte, a la legitimidad democrática de la misma y, por otra, al perfecionamiento del reconocimiento y garantía de los derechos. Esto último supone necesariamente configurar los derechos y libertades de una forma diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, dotándolos de una potencialidad expansiva que va muchos más allá del límite impuesto por el respeto del contenido esencial. En este sentido, las garantías de los derechos deben ser consideradas como parámetros a través de los cuales se aplica la Constitución y se resuelven las controversias entre ciudadanos, entre los diferentes poderes del Estado y entre este último y los ciudadanos. Hablar de Estado de derechos necesariamente debe importar aplicar e interpretar la constitución y todas sus instituciones, reglas y principios a la luz de los derechos en ella garantizados.

Creo que sólo así, lograremos ir hacia un modelo de desarrollo en que la persona se encuentre en el centro, hayamos aprendido verdaderamente de la crisis político social y se den esperanzas respecto a que el futuro que viene es para posibilitar el verdadero desarrollo material y espiritual de todas y todos.

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