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Editorial de La Segunda: La señal de la Contraloría

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La decisión de la Contraloría General de la República (CGR) de formular cargos contra siete generales de Carabineros por presunta responsabilidad administrativa en la utilización indebida de la fuerza en el marco de la crisis social, ha abierto un tenso debate jurídico-político. Según la CGR, la Constitución y su ley orgánica le manda-tan pesquisar las 457 denuncias por violencia policial excesiva que recibió tras el 18 de octubre, para esclarecer si hubo infracción de deberes legales y estatutarios.

Quienes cuestionan tal decisión sostienen que somete a escrutinio materias operativas propias de la función policial, no de la legalidad, que estarían fulera del ámbito de sus facultades. El sumario ha sido activamente rechazado por la policía y, también de manera decidida, por el Ejecutivo. Si bien el proceso aún está en etapa reservada, lo razonable es esperar las razones que exponga el contralor al concluir la investigación.

Con todo, es oportuno también considerar el problema en un contexto más amplio: la relación que en democracia debe articularse entre el poder civil y la policía. El objeto de la controversia se inscribe en esa perspectiva y confirma que el manejo de la autoridad política sobre la actuación de Carabineros es todavía insuficiente; cambios como el traspaso de dependencia de las policías uniformada y civil de la cartera de Defensa a la de Interior y Seguridad Pública, así como otros arreglos regulatorios, no han resuelto del todo aquel dilema. Es evidente que la autoridad política, más allá de la escasa voluntad que ha mostrado para evaluar la consistencia y oportunidad de la respuesta policial, no dispone de capacidades propias para hacerlo, ni para dotar a la policía de conducción o liderazgo.

No menos importante es que el 18-O coincidió con Carabineros debilitado por graves faltas a la probidad, denuncias de corrupción, procedimientos irregulares e inestabilidad en los altos mandos; el estamento civil tampoco cuenta con estrategias de contención para dichas disfuncionalidades. Cabe notar que el esfuerzo de modernización de la policía con el cual el Gobierno y los parlamentarios se comprometieron a principios de año ha perdido impulso y centralidad en la agenda.

En una democracia madura cabe esperar que la acción policial se subordine al poder político por medio de un sistema de dirección, controles, fiscalización y balances. La resolución de la Contraloría evidencia que persiste una esfera de autonomía y opacidad que no se condice con el principio de gestión civil, democrático y racional de la policía. Es urgente reconstituir una voluntad colectiva para avanzar no solo en la reforma de una institución tan fundamental como Carabineros, sino en la construcción de una capacidad civil -técnica y humana- para vigilar que dichos cambios sean conducidos de manera adecuada.

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