Impacto generó la declaración de pandillas en Rio de Janeiro que declararon que si el estado no hacia su trabajo ellos lo harían. De esa forma declararon un toque de queda. Esta realidad no es del todo lejana.

Solo horas después del fracaso que experimentó el gobierno en garantizar la seguridad mínima para que la PSU se llevara a cabo, toma la decisión ir en contra de un nuevo enemigo.

Iniciamos el año con la acusación Constitucional contra el Intendente Metropolitano Felipe Guevara. Una acusación que no es solo pertinente y legítima, sino que coherente con la que ya se aprobó en contra del ex Ministro del Interior Andrés Chadwick.

Esta será la primera Constitución elaborada en base a la participación ciudadana. Garantizar la legitimidad del proceso constituyente es central.

En medio del estallido social, el Gobierno anunció la cancelación de dos eventos internacionales, la APEC y la COP25. No cabe duda que ambos tienen gran significado, pero el segundo en particular, tenía una relevancia central para la contingencia que vive el país hoy.

Ya no cabe la menor duda que Chile tendrá nueva constitución. Esto ocurre gracias a una ciudadanía que salió a las calles a pedir un cambio en las reglas que profundizaron la desigualdad.

El gobierno tiene un rol inmediato en condenar el actuar que seguimos viendo en manos de las policías como el que tuvo el ejército durante el estado de emergencia.

El día jueves 24 de octubre, a solo 24 horas de la llamada “marcha más grande de Chile” y en medio de el estallido social más grande que se había visto en Chile desde el retorno de la democracia, Eduardo Vergara fue invitado a una sesión de diálogo convocada por senadores de diferentes partidos.

En el momento en que el presidente Piñera anunció el estado de emergencia, Carabineros tomó un respiro.

Chile despertó con militares en sus calles. Si bien ya no se veía agitación en el espacio público, esta si se mantenía en el interior de millones de chilenos. Esta es tal vez la constatación más relevante de lo que está sucediendo.