Francisco Javier Diaz

Francisco Javier Diaz

Abogado y cientista político (U. de Chile, London School of Economics). Analista, columnista, ex-influencer y speechwriter profesional. Fue Subsecretario del Trabajo (2014-2018), ahora ejerce como abogado en materia laboral.

El derecho de lucrar en paz

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Parece increíble que transcurridos casi 50 días de crisis social, aun no haya anuncios concretos en contra de los abusos. El acuerdo constitucional tiene un largo y sinuoso derrotero por delante. Ha habido algunas medidas asistenciales –a cuentagotas, como reconoce el Ministro de Hacienda—y ahora se despliega una batería de medidas en materia de orden público. Pero de abusos, nada.

La tranquilidad de unos pocos días, y la esperanza de que el comercio navideño aquiete las aguas, parece que hace olvidar al gobierno la génesis del enorme problema que vive el país. La amplia legitimidad con que cuenta la movilización –en cifras superiores al 70% según diversas encuestas– denota que la crisis que se gestaba era muy profunda y muy extendida. Se sumaron las diversas vulnerabilidades que sufren las personas, con la sensación de abuso en distintos ámbitos. Es decir, sufro lo que sufro porque alguien está abusando de su posición económica o política.

¿Por qué cumplir con la sociedad si ella no me cumple? La sensación de promesa rota termina corroyendo las bases mismas de la cohesión social. La sociedad no distribuye de manera mínimamente equitativa los bienes materiales o inmateriales que ella produce. Y siempre hay alguien que se aprovecha a vistas de la autoridad, o lo que es peor, corrompiendo a la autoridad.

Entonces, en vez de enviar fuertes señales para corregir aquellos abusos que agobian el día a día de los chilenos, el gobierno y el parlamento se limitan a aprobar las llamadas leyes de “paz social” –que son, en realidad, puro populismo penal.

Para los chilenos que han vivido 50 días durísimos; que han visto trastocada su cotidianidad, sus trabajos, estudios, traslados; aquellos que han perdido el empleo o que han visto vandalizados sus pequeños negocios, que han sufrido la delincuencia y el pillaje generalizado, pero que a pesar de todo eso, siguen apoyando las movilizaciones, la inoperancia del gobierno (y del parlamento) para atender la demanda ciudadana es sencillamente provocadora.

Los chilenos siguen viendo que distintas entidades lucran descaradamente con bienes básicos como la jubilación, la salud o la educación, o derechamente lucran a través de colusiones y elusiones, todo en desmedro del bienestar de los ciudadanos. Y no se ve intención de cambiarlo. Por el contrario, la agenda de la semana gira en torno al orden público. ¿Acaso se protege el derecho de lucrar en paz?

Aun no existe propuesta para una reforma estructural a las AFP. Se aumentó a costo fiscal la Pensión Básica Solidaria, pero eso no es una reforma estructural. Algo balbucea el gobierno acerca de introducir mayor solidaridad en el sistema de cuentas individuales, pero la percepción de abuso de las AFP no verá su fin.

Aun no llegamos a las tasas impositivas que cualquier país de similar desarrollo debe tener. La reforma tributaria lo que hizo fue más bien no rebajar impuestos a los más ricos, como era el proyecto original del gobierno. Pero estamos lejos aun de la carga óptima para financiar los derechos sociales que cualquier país moderno asume.

Algo se ha dicho en materia de precios de los medicamentos, pero parece que no se tocará el negocio de las farmacias. Unos pocos han mencionado la creación de un plan único de salud, pero no se tiene detalles ni tampoco medidas para aquellas Isapres que, según propia confesión, no les sale a cuenta recibir gente enferma. Y a pesar de un tímido anuncio inicial de parte del Presidente, ya nadie habla de la vergonzosa inequidad territorial en nuestras ciudades.

Tampoco se ha dicho nada relevante respecto de los delitos de cuello y corbata. Probablemente no ha habido nada más nocivo para la convivencia nacional que las famosas clases de ética para los ejecutivos de Penta. La impunidad de la clase empresarial ante hechos de colusión, evasión tributaria, financiamiento ilegal de la política, desfalcos, letra chica, termina corroyendo a todo el sistema. ¿Por qué cumplir si los demás no cumplen?  

En definitiva, la sensación de injusticia se mantiene. A pesar de estos durísimos 50 días, pareciera que el abuso seguirá protegido por las leyes y por la política. De seguir así, un nuevo estallido seguirá a la vuelta de la esquina.   

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