Ignacio Castillo

Ignacio Castillo

Abogado, Magister en Derecho penal y procesal penal y Doctor en Derecho. Actualmente cursando magister en filosofía en la Universidad de Chile.

El desafío constituyente

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El futuro del Chile post-domingo no parece sencillo, pero puede ser –y espero que así sea- el inicio de un verdadero milagro: el milagro constituyente. No se trata, como se ha intentado caricaturizar, que por obra y gracia divina, o por fuerza de la normatividad, se solucionen los problemas sociales o se mejore de inmediato la calidad de vida de quienes viven en nuestro país, para ello se requiere de tiempo y medios, en especial de medios. El milagro constituyente, que tiene su origen en la indudable fuerza de la movilización social, debería consistir en que, fruto de esa instancia de reflexión sobre nuestro pasado, presente y futuro, se pueda construir una sociedad más unida, más igual, más plural, más respetuosa de la diversidad y de nuestra biodiversidad. Pero, sobre todo, un foro –que además tendrá la virtud de ser paritario- que permita canalizar un ideal que, creo, se expresó el pasado domingo: poner fin al neoliberalismo, al menos en aquellos ámbitos donde más duele, a saber, en la salud, las pensiones, la educación y el trabajo digno. Y la clave de ese milagro será, según pienso, la propuesta de un articulado constitucionalmente comprometido con la idea que nadie pueda considerarlo completamente “suyo”, ni tampoco como totalmente “de otros”.

Se trata, en definitiva, y para usar una expresión de Zagrebelsky, de avanzar hacia una constitución que “unifique” y no hacia una que “mande”. Esta última, que presupone una sociedad dividida, polarizada y separada por partes antagónicas –algo distinto a lo que se vio el domingo-, resuelve la pugna asignando el predominio de una sobre la otra. Si ese espíritu nos guiara, no sería extraño que el resultado de este proceso –lejos del milagro- sea el de un texto que divida la sociedad en vencedores (los dominantes) y vencidos (los dominados), en la que los primeros quieren dar un golpe de poder a los segundos. Una constitución que “unifica”, en cambio, se forja en la necesidad de dar sentido de comunidad, de favorecer una sociedad pluralista y democrática, de buscar la convivencia de fuerzas amigas o, en todo caso, no irremediablemente hostiles entre sí. Una Constitución que, lejos de ser un “ajuste de cuentas entre enemigos”, opere como “coordinación entre amigos”.

Ambas son descripciones de modelos ideales, que pueden distinguirse entre sí en el plano conceptual, mas no necesariamente en el práctico. Pero, no obstante ello, tienen valor de guía para lo que viene, en especial si nos esforzamos en identificar qué es aquello que, en la experiencia de lo que ha pasado en Chile en los últimos años, se puede considerar como el núcleo identitario que cohesiona las aspiraciones de la comunidad. Cada momento constitucional lo ha tenido: así en la constituyente italiana fue el fin del fascismo, en la española el término de la dictadura, en la sudafricana el fin de apartheid y en colombiana la violencia. ¿Y en Chile? Seguramente lo que une es la necesidad de poner fin al modelo neoliberal que tenemos, la necesidad de imponer ciertos límites al mercado para que, en esos espacios, florezca la solidaridad, la igualdad y la idea de comunidad: pienso en el cambio al régimen de pensiones, al sistema de salud, al modelo de educación, a las relaciones laborales y a la distribución del poder, generando mecanismos que favorezcan la participación permanente y efectiva de la ciudadanía. Se podrán agregar otras cosas, pero en lo sustancial es hacer compatible un modelo de desarrollo, de modernidad, de capital, consistente con la idea de pertenencia a una comunidad.

Si se comparte lo hasta acá dicho, luego las disposiciones constitucionales deberían tener una doble función: por una parte, mirar hacia atrás, expresar un rechazo al neoliberalismo y buscar prohibir la restauración de las instituciones que lo fortalecieron; y, por otra parte, mirar al futuro, consensuar las posiciones ideales de las fuerzas políticas reunidas en el apruebo, que permitan configurar instituciones públicas que satisfagan los derechos fundamentales en las áreas ya señaladas. En ese paso, no cabe duda, se revelarán ciertos conflictos entre la tradición y la revolución, entre quienes querrán quedar anclados al modelo existente y a los que tienen el culto a la progresión, incluso cuando ella podría llevarnos al precipicio. Esta división, esta separación, pensó Levinas, entre revolucionarios y tradicionalistas debe ser rechazada. La constituyente es una buena instancia para oponerse al culto a la tradición pero también al culto a la revolución. En ambos espacios, creo interpretar bien al autor citado, el espíritu pierde su soberanía.

Ahora bien, pensar en una constituyente que tienda a la unidad no implica, como parece ser evidente, negar, ocultar o ser ciego al conflicto, a la diferencia, a la confrontación, algo que –por lo demás- es propio e inherente a toda institución democrática, y en especial a la llamada a definir nuestra futura convivencia social. El conflicto debe ser reconocido y aceptado como el motor de la democracia, que revela y torna incomoda la realidad contingente en la que se asienta toda estructura social y que, por lo mismo, permite una alteridad transformadora.

Pero el conflicto no debe ser, finalmente, un obstáculo a la cooperación y al consenso, factores que son propios de una auténtica articulación democrática de la vida colectiva, que con un enfoque racionalista, pretende canalizar y superar el conflicto y desactivar las cargas afectivas que, inevitablemente, lo acompañan. Una racionalidad, desde luego, que nos permita operar críticamente y, por tanto, identificar también su propio carácter hegemónico bajo el pretexto de ser neutra e inclusiva; por otro lado, sin ella no es posible dotar a los impulsos políticos de un espacio adecuado de expresión, que evite un peligroso retorno en forma de inevitables  -y quizás- explosivas manifestaciones.

Por lo mismo la constituyente debe ser, debemos lograr que así sea, un espacio para que los hombres y mujeres que la integren busquen mutuamente fortalecer la deliberación, ensayar, testear y confrontar sus opiniones. El discurso y el debate en esa instancia seguramente serán polémicos y agonales; y, en algunas cuestiones, seguramente no habrá consenso, pero la política de esta ágora –en que cada uno de los y las constituyentes participará- requiere un compromiso con la persuasión y, cuando no se alcance, con un procedimiento justo y legítimo para la toma de decisiones. La constituyente debería encarnar el ideal que el diálogo político debe estar gobernado por la persuasión, en términos tales que también esa forma de construir sociedad se extienda más allá de su propia existencia: ese es, también, un legado que debería preocuparse de dejar para el futuro de nuestra república.

En la constituyente no debería haber, por tanto, espacio para una configuración conflictiva –antagónica- basada en la relación de oposición entre nosotros/ellos o, peor aún, de amigo/enemigo: necesitamos rechazar ese paradigma como punto de partida razonable –menos necesario- dentro de la competencia democrática. En mi opinión, tal concepción ofrece el presupuesto más equivocado para el reconocimiento de una pluralidad entendida democráticamente. El desacuerdo desde lo antagónico daña la democracia y abre espacios a los populismos. Y el populismo es, se quiera ver o no, uno de los riesgos de nuestro proceso.

Por lo anterior, y cierro parafraseando a Habermas, el proceso constituyente debe consolidarse como una ágora especial –singularísima- de comunicación y debe operar como una profecía autocumplida, favoreciendo la configuración de nuestra identidad a partir de la transformación de nuestra realidad de manera conjunta. Lo anterior,  la lograremos con ciudadanos y ciudadanas que muestren genuina vocación de deliberación, de persuasión y de consenso, que compartan un mismo ethos: dejar atrás el neoliberalismo y avanzar hacia un estado social, que es condición de legitimidad –en palabras del mismo Habermas- del estado democrático de derecho.

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