Todo proceso político, por naturaleza, es de una complejidad enorme. Por ello, el proceso constituyente no puede entenderse enmarcado en el pobre mundo del Derecho, sino debe dimensionársele en su completa magnitud y naturaleza. En ese afán, el proceso político que está viviendo el país, no puede agotarse en debates sobre tal o cual norma, sino debe entenderse en la dimensión simbólica y social.
En su dimensión simbólica, como recordaba un amigo hace unos pocos días, el proceso constituyente representa el sacrificio ritual de nuestra sociedad, con la finalidad de sobrellevar su crisis. Por ello los resultados de abril, básicamente porcentaje de participación y distancia entre las opciones en disputa, nos referimos exclusivamente al Apruebo y Rechazo, despejarán de manera nítida si el proceso constituyente es el sacrificio apropiado para encauzar el rumbo.
En la dimensión social, es una oportunidad única para transformar el proceso constituyente en un esfuerzo real de integración. En este plano, hasta ahora, se ha sorteado exitosamente una primera barrera, representada por la exclusión estructural de las mujeres en las instituciones de representación popular. Sin embargo aún quedan, a lo menos, dos. La primera, la integración de los pueblos originarios y la segunda, la estrictamente social y territorial, donde las diversas organizaciones políticas deben abordar, a contar del día siguiente del referéndum, a través de la estructuración de un proceso pre-constituyente.
El imperativo de construir un proceso pre-constituyente, dice relación con varios desafíos que no pueden evadirse, particularmente crear una forma de diálogo con la ciudadanía que delimite y otorgue contenido preciso al mandato de los futuros constituyentes. Porque la tentación natural de muchos partidos políticos será traducir a mero código electoral los hitos de abril y octubre próximo, donde muchos creerán que habrá ganadores y perdedores a los cuales avasallar. En este sentido, la experiencia del proceso del Gobierno de la Presidenta Bachelet puede constituir una fórmula a explorar, para enfrentar a cabalidad la crisis de representación, en cuanto factor genético de la presente crisis social. Es importante señalar un factor diferenciador, este proceso no podría llevarlo adelante el Gobierno, dada su actual nivel de deslegitimidad ciudadana, que solo crearía una distorsión innecesaria y peligrosa.
Por lo señalado, el esfuerzo de construir la infraestructura que abra un proceso pre-constituyente, debería provenir de la sociedad civil, en cuanto exigencia necesaria a la clase política, donde las Universidades deben y pueden jugar un rol central, que debería ser apoyado materialmente por el Estado. No podemos olvidar que no existirán reglas suficientes para disciplinar la conducta de agentes políticos o sociales en un periodo de crisis, reflejado en una devastadora perdida de legitimidad de todas las instituciones públicas, por ello, resulta importante realizar un desarrollo progresivo de deliberación social, que vaya cambiando el lenguaje de la violencia y miedo, por el encuentro y reconciliación.
