Miguel Yaksic

Miguel Yaksic

Licenciado en filosofía y teología y máster en ética social. Desde diversas veredas ha estado vinculado a lo político y la ética pública. Ha trabajado en la formación de trabajadores, en la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, en el desarrollo de competencias interculturales, en consultoría y docencia universitaria. Actualmente trabaja en el Consejo para la Transparencia y es profesor adjunto de la Escuela de Gobierno UC.

Estado de Excepción y protección de la privacidad

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Desde el punto de vista de la filosofía moral y del derecho, una de las discusiones más interesantes que está levantando la pandemia del coronavirus dice relación con las atribuciones de los Estados para restringir el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades individuales en el contexto de un estado de excepción constitucional. No es una discusión nueva en general, pero sí lo está siendo en materia de crisis sanitaria y protección de la privacidad de las personas.

Los casos de excepción constitucional suelen traer una colisión entre dos bienes que son, a la vez, morales, jurídicos y sociales. De un lado la libertad de las personas y del otro las obligaciones públicas del bien común que dan lugar al estado de excepción.

En Chile, la restricción constitucional ha ido por el lado de la limitación de la libertad de locomoción y la libertad de reunión, ambas restringidas, como sabemos, porque lo experimentamos todos los días. Pero, aunque se está discutiendo cada día con más frecuencia en los medios, poco sabemos acerca de las restricciones al derecho a la protección de la privacidad y de los datos personales de que el gobierno (y las empresas) dispone porque nosotros mismos los entregamos constantemente a través de diversas plataformas análogas y virtuales, públicas y privadas

Una pregunta que la crisis sanitaria está levantando en todo el mundo y que no todos los países están resolviendo de igual manera es hasta dónde puede un gobierno restringir el derecho a la protección de los datos personales como herramienta para limitar la expansión del virus.  Algunos alcaldes, organizaciones de la sociedad civil y personas naturales están solicitando a la autoridad sanitaria cifras desagregadas por comunas y, en algunos casos la identidad de las personas contagiadas de manera de llevar adelante un control más efectivo. A sabiendas, o no, que esto último contraviene principios fundamentales del derecho, como los establecidos por la ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la ley 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes que establece normas para la protección de datos sensibles.

En un estado de excepción como el que vivimos, sólo autoridades expresamente autorizadas como las de salud o las policías pueden conocer la identidad de las personas infectadas a efectos de resguardar la cuarentena.

Los efectos de limitar la libertad de locomoción y reunión pueden ser muy graves. Impactan en las empresas, en el empleo, en la vida de los trabajadores independientes e informales y pueden terminar por destruir la economía, llevando a miles de familias a la desesperación. Es cosa de pensar en todas las personas que trabajan a cuenta propia o que hacen en el día el dinero para la subsistencia. Por eso que el llamado a la cuarentena total, casi como un eslogan político profesado por algunas personas es ingenuo y desconoce la realidad social y económica de Chile.

En ese sentido, muchos podrán pensar que limitar la garantía a la protección de la privacidad de las personas con el objeto de identificar contagiados y trazar la trayectoria del contagio puede no solo ser más efectivo, sino que una estrategia que ataque la pandemia al tiempo que mantiene funcionando la economía para evitar un caos mayor.

Porque el uso de datos privados puede permitir con cierta rapidez detectar a las personas contagiadas, trazar la trayectoria de su contagio y ponerlos a todos ellos en cuarentena. Ello permitiría al resto de la población mantener su vida normal.  Existen muchas bases de datos que, anonimizadas y dispuestas como datos abiertos pueden servir para trazar contagios, personas testeadas y redes de relaciones.

La pregunta clave está en si nuestra institucionalidad tiene las capacidades para que el uso de eso datos mantenga rigurosamente los estándares de anonimidad establecidos en la ley (que está desactualizada y requiere de una pronta aprobación de la nueva que se encuentra en trámite en el Congreso) de manera de resguardar y cautelar la privacidad de las personas. Puede que para algunos la protección de la privacidad le parezca un asunto demasiado pos material en medio de una pandemia con consecuencias tan graves sobre aspectos materiales esenciales para la vida humana. Pero exponer la identidad de las personas puede tener consecuencias muy graves para su integridad física y psíquica como muchos casos lo han demostrado ya.

Chile tiene el desafío de ajustar sus estándares a los mejores estándares internacionales para enfrentar la compleja tarea de ajustar el bien de la protección de la salud de una población amenazada en el contexto de una pandemia con el bien de la protección de la privacidad y los datos personales de las personas. Ojalá podamos hacerlo pronto y hacerlo bien.

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