Veronica Pinilla

Veronica Pinilla

Ph.D. en Políticas Sociales y Administración, de la Escuela de Sociología y Políticas Sociales, The University of Nottingham; Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile; Administrador Público de la Universidad Central. Consultora Senior con más de 20 años de experiencia en el sector público, en temas vinculados a la reforma del Estado y modernización de las instituciones públicas, transparencia y empleo público. Docente de la Universidad de Valparaíso, y Autónoma. Panelista permanente de Radio la Clave, y Ciudadanos 360 de CNN.

Fe en la República

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Se ha debatido una y otra vez la veracidad de la frase que declarara el Presidente Ricardo Lagos sobre las instituciones y su responsabilidad de alcanzar los objetivos por los cuales fueron creadas. “Dejen que las instituciones funcionen” fue, tal vez, la frase que caló mas hondo entre los políticos de la época, y un momento por el cual el Presidente Lagos pasará a la historia, que duda cabe.

Para algunos esta declaración logró sintetizar el sentido más noble del gobierno del Presidente aludido, ya que considerando las limitaciones impuestas y autoimpuestas por el período de transición, se aseguraba que las instituciones, y el servicio civil asociado a cada institución pública, debía lograr, con sus capacidades e independencia, responder a los desafíos enfrentados, sin intervención política mediante, y avanzando hacia un proyecto político claro que asegurara bienestar.

Hoy por hoy se hace alusión a la crisis de las instituciones argumentando justamente lo contrario: las instituciones no cumplen el objetivo por las cuales fueron creadas, siendo discrecionales y estableciendo brechas en atención, calidad, imparcialidad, oportunidad, que no aseguran una democracia consolidada para todos y todas.

Sin embargo, a pesar de la pérdida de legitimidad de nuestra democracia, en particular su institucionalidad, nos llegan dos noticias desde el extranjero que, considerando el estado actual, parecen renovar la esperanza para quienes tenemos una fe inconmovible en la República.

La primera, desde Estados Unidos de Norteamérica, donde el correcto funcionamiento de los aparatos de inteligencia americanos, así como el control que ejerce el poder legislativo sobre el accionar del Gobierno, han abierto la posibilidad de juzgar políticamente a un Presidente que ha actuado como amo y señor de la principal potencia mundial, más que representante de su pueblo, por su pueblo y para su pueblo. A diferencia de lo ocurrido en la década del setenta, y al entonces temido y omnipotente Richard Nixon, la actual crisis en la cual se ve involucrado Trump no se gatilla por un “garganta profunda” que, en algún lugar secreto, entregó antecedentes a sagaces y valiente reporteros del Washington Post. Esta vez, esta denuncia nace a partir de una denuncia formal presentada a dos autoridades parlamentarias, uno Republicano y otro Demócrata, por parte de un oficial de inteligencia de la CIA, cuya responsabilidad es justamente investigar los actos de hombre quizás mas poderoso del mundo.

La segunda, llega desde la solitaria isla de Bretaña, donde un Primer Ministro que representa la cepa pura de un nuevo liderazgo, símbolos de la ética de los principios, de algo así como “avanzar sin pensar” en las consecuencias, encontró frontalmente en el Poder Judicial inglés el límite más poderoso para frenar una clara intentona de golpe de Estado técnico, muy al estilo latinoamericano, que ha llevado al primer ministro Alexander Boris Johnson a imponer un cierre temporal del parlamento inglés. La Corte señaló que se declaraba ilegal este cierre temporal “porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable“. Nuevamente, la voluntad aparentemente omnipotente de este liderazgo se encuentra con un muro institucional insalvable, que declara con nitidez que el margen de gestión política tiene límites normativos, pero fundamentalmente éticos.

Así las cosas, pareciera que las instituciones han podido funcionar, pese al avance desmedido de figuras con alto nivel de apoyo ciudadano y con reducida responsabilidad política, que en su performance han puesto en una cierta fragilidad a sus respectivas repúblicas. Esperemos que esto sea una luz de esperanza para aquellos que creemos que el estado, sus instituciones, y el servicio civil particularmente, deben contar con las garantías necesarias para que actúen no solo conforme a la ley, sino a la responsabilidad por las cuales han sido creadas. Todavía hay república.

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