El actual proceso constituyente surgió como la respuesta política al llamado estallido social de octubre del 2019. Fue el cauce que se logró dar al reclamo ciudadano contra la desigualdad y la crisis de legitimidad de las instituciones. Tácitamente se entiende que una nueva Constitución, redactada por primera vez en la historia republicana por representantes de la ciudadanía elegidas y elegidos democráticamente, logrará generar un marco adecuado para reducir las brechas sociales, económicas y políticas.
Pero ello sólo será posible si la convención constitucional se parece lo más posible en su composición interna a la heterogénea configuración social del país. La regla de paridad de género sin duda es un avance fundamental. Sin embargo, la falta de acuerdo parlamentario en torno a cupos garantizados para representantes de pueblos originarios y personas en situación de discapacidad es preocupante. Y más aún lo es la inexistencia de reglas claras y equitativas para la participación de personas independientes, no militantes de partidos políticos.
Si algo llamó la atención durante la masiva movilización ciudadana del año pasado fue la ausencia de banderas o símbolos de partidos políticos entre la multitud humana que repletó las principales avenidas de las ciudades de Chile. Banderas chilenas y mapuche coparon toda la escena pública callejera. No hubo escenarios, discursos ni un pliego de peticiones único que articulara la marea ciudadana, aunque -claro- hubo una queja transversal contra la gestión del presidente de la república. Más bien, lo que hubo fue la confluencia de cientas de pancartas, afiches y grafitis que expresaron un crisol de demandas sociales y recibieron por respuesta represión con altos costos humanos, certificados por cuatro organismos internacionales de derechos humanos.
¿Cómo se resuelve este trance?
A la luz de diversas encuestas de opinión, parece no haber un problema de “demanda”. La mayor parte de la ciudadanía ha manifestado su interés y disposición a votar por representantes independientes. Tampoco es en la “oferta” donde esta el vacío, como se puede constatar en la multiplicidad de independientes a nivel nacional y territorial que a título individual o grupal desean ser parte de la redacción de la nueva Constitución[1].
Cuando existe oferta y demanda, pero éstas no logran concretarse en un resultado palpable, ciertos enfoques económicos enseñan que el problema está en las instituciones, es decir, en las reglas del juego. Vendría siendo momento ya de que las fuerzas que quieren un país más justo, igualitario y con derechos sociales, abran las puertas a las energías sociales que no se canalizan vía militancias. Sobre todo porque la política requiere también re-legitimarse a sí misma.
[1] Para total transparencia, aclaro que yo mismo soy actualmente pre-candidato a convencional constituyente por el movimiento independientes no neutrales y no me considera a-político ni anti-partidista.
