Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

Indulto y proyecto de uso de armas de fuego por la policía: La desmesura total

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

El proyecto de ley de indulto general por razones humanitarias en el contexto del estallido social del 18 de octubre, presentado por cinco senadores, constituye uno de los proyecto más desafortunados y torpes del último tiempo, que da cuenta de la manía parlamentaria de legislar sin seriedad alguna, basados en nula información analítica o evidencia, y que socavan la seriedad en las instituciones.

Por otra parte, el Gobierno haciendo lo suyo, en un estilo “far west” penal, presenta un proyecto que, en suma, permite al personal de Carabineros, PDI y Gendarmería hacer uso de sus armas de fuego, no solo en caso de legítima defensa (lo que es propio de un eximente de responsabilidad penal), sino en casos tan absurdos y peligrosos como los que dicen relación con pedir a una persona obedecer una orden o bien ser controlado. Ningún estándar mínimo de derechos humanos pasa la prueba de la razonabilidad en el proyecto que el Gobierno presentó y que por la presión ejercida por varios fue suspendida por senadores de ser vista en la Comisión de Seguridad del Senado quedando detenida momentáneamente.

Ambos proyectos son sinceramente una desmesura, una falta total de la más mínima evidencia, una desvergonzada forma de ejercicio del populismo penal que pone en riesgo a los ciudadanos y las libertades públicas.


El proyecto de ley presentado por los senadores busca conceder un indulto general, a todos quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan cometido delitos desde el 7 de octubre de 2019, al día de hoy, por la friolera de tipos penales tales como: Alzamiento a mano armada, infracción a normas que atenten contra la seguridad del Estado, resistencia contra autoridad pública empleando violencia contra fuerzas de seguridad o autoridades públicas, tales como fiscales (esto es, delitos contra la seguridad pública que hayan sido cometido por particulares), interrupción de la circulación mediante violencia o intimidación, homicidio (en grado de frustrado), incendio, daños, delitos sobre control de armamento, entre otros tipos penales. 

La moción establece un contexto, donde de manera liviana y particularmente frívola asocia una suerte de lógica que habría llevado a la “rabia contenida por la sociedad” a la comisión de delitos como los descritos. Esto es los senadores, encadenan, el derecho legítimo a reunión pacífica, esto es, el derecho de cada ciudadano a ejercer la protesta contra la autoridad, derecho constitucionalmente asegurado, con una suerte de sibilina razón de “contexto” para señalar, que pese a tratarse de “conductas punibles” “estaríamos frente a una suerte de circunstancias”, que justificado en detenciones masivas y desordenes, habría llevado a personas a ser investigadas, juzgadas o bien detenidas preventivamente, además de la aplicación de medidas cautelares. 

Las razones del estallido social de octubre de 2019 son múltiples. Sus causas, han sido y seguirán siendo motivo de debate, y de canalización institucional, a través de un proceso constituyente que ya ha comenzado. 

El problema es que para satisfacer a sus magras “audiencias” el Gobierno y ciertos parlamentarios, pueden llegar a plantear aberraciones como las señaladas precedentemente. Los chilenos tenemos que observar incólumes como se legisla sin evidencia, poniendo en riesgo la democracia y convirtiendo la persecución penal y la política criminal en el más burdo paisaje de despropósitos, exageraciones y violaciones a garantías mínimas del debido proceso y las víctimas de delitos. 

Un Gobierno desorientado para llenar el vacío que genera su inacción, se debate y apuesta más alto que el Congreso, en quien apunta más lejos. Lo peor es que ambos proyectos han incluido al Presidente de la República y la Presidenta del Senado cada uno defendiendo alguna de las propuestas; Esto es, las principales autoridades del país. Lo anterior, no hace sino demostrar que el tema es, quien eleva más el precio, criminaliza, o lo que es peor, hace de los derechos humanos y su respeto una retórica vacía y sin sentido, en un momento donde las instituciones más que nunca requieren fortalecerse con más democracia, seriedad y evidencia. 

Las violaciones a los derechos humanos en Chile han sido brutales, aberrantes y condenables desde todo punto de vista. Nada justifica la violencia estatal, con cientos de jóvenes mutilados, heridos de por vida, muertes, detenciones arbitrarias, abusos sexuales e incluso violaciones en dependencias de la policía. Carabineros está absolutamente en entredicho como institución, y urge su reformulación, pese a todo lo anterior, y a un comportamiento realmente deplorable y criminal, internacionalmente criticado, el Gobierno de Sebastián Piñera contesta a la solicitud de indulto, dándole a la policía facultades no solo exorbitantes, sino rayanas en la irresponsabilidad de agentes del Estado, quienes en este contexto tienen –a la luz del Gobierno- permiso para matar. ¿Qué puede resultar mal? Pues muy simple: Todo.

Este Gobierno será juzgado políticamente –al menos- por muchos años como un Gobierno donde los derechos humanos fueron violados por la fuerza estatal de control de seguridad y agentes del Estado comandados por la responsabilidad política de sus autoridades, el proyecto presentado por el Gobierno solo demuestra su desinterés en los derechos humanos y compromisos internacionales. Ello está acreditado ha sido reconocido también, -pese a la increíble negativa y justificación torpe del Gobierno- por organismos internacionales tales como, la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, HRW y AI, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos.


Nada de lo anterior puede obviarse, pero no por lo anterior, legislando para “la galería” y conseguir “un lindo slogan” parlamentarios –menos aún senadores de la República- pueden sostener que en Chile existan presos políticos, y por otro, lado el Presidente dar carta blanca a agentes del Estado para ser irresponsables de disparar sus armas de fuego, sin más justificación, que la no obediencia a una orden. Nadie había llegado tan lejos. Llama la atención la incapacidad de ambos extremos de observar las consecuencias graves que pueden tener sus decisiones al presentar proyectos como éstos.

Ya lo dijo el propio José Miguel Vivanco, Director de HRW –nadie puede negar su innegable aporte en América contra regímenes de facto y protección de DDHH- que “en Chile no hay presos políticos” y “hay que tener cuidado con los términos, pues, un preso político, es alguien detenido por sus ideas contra el régimen oficial”. A su turno, el propio Vivanco ha pedido suspender el proyecto de ley presentado por el Gobierno para eximir de responsabilidad a agentes del Estado en los hechos ya relatados que se discutiría con urgencia del Ejecutivo en el Senado. 

¡Está bueno ya! Unos apuestan y otros elevan al doble la misma. Así es imposible construir un país serio y el despeñadero –no quiero sonar agorero- está a un paso de terminar muy mal. La frivolidad, la falta de seriedad demuestran que un país que cree que el grito, la consigna y el slogan son el camino, y reemplaza las políticas públicas serias y creíbles, por aberraciones jurídicas, con firma de sus principales autoridades, solo puede tener malos resultados al largo plazo.


Que algunos de manera torpe y romántica, busquen en sus fiebres su propia dictadura contra la que pelear –asunto que hoy no ocurre ni de cerca en Chile- y otros lo hagan con nostalgia, creyendo que vuelven a sus años de gloria en la persecución dictatorial, jugando a tratar de ensoñarse o inspirarse en una verdadera dictadura como la de Pinochet, pueden justificar la inmensa irresponsabilidad de estos proyectos y la señal pública que se da con ambos. 

Ya lo han dicho el Defensor Nacional, el Consejo de Fiscales, liderados por el Fiscal Nacional, expertos en derechos humanos y académicos, en Chile no hay detenidos políticos por pensamiento, existe persecución penal en el contexto de la comisión de delitos graves en el marco de un proceso de protestas, pero el motivo de dichas detenciones es por transgresión a tipos penales específicos, que han sido perseguidos por un sistema –que como bien señaló el académico y experto en proceso penal Mauricio Duce- sigue actuando con los mismos parámetros anteriores al 18-O. 

Lo que si hay, y en el contexto de un proceso penal que requiere de revisiones; son cautelares de extensión excesiva, juicios lentos (sin resolución) o toma de decisiones de formalización poco claras, lo que además, se ha visto acrecentado por un contexto de pandemia, donde todo el sistema de Justicia ha operado más lentamente de lo normal.

Por ello, lo que procede es revisar uno a uno los casos. Esto es, que personas que en el contexto real de manifestaciones o desordenes hayan cometido delitos, se agilicen en particular, las decisiones de sus medidas cautelares o de prisión, y se resuelvan ágilmente sus casos. Ello depende en parte de medidas administrativas que el Poder Judicial y el Ministerio Público pueden arbitrar.

Un caso muy diferente, es la aplicación de un indulto general, y uno aún más descabellado aún, es dotar a una policía, con altísimo descrédito, de permiso para matar.

Anotar finalmente que el discurso del “contexto” ha servido para justificar la violencia en nuestra historia reciente, y es una pésima señal que autoridades públicas de origen democrático, las vuelvan a esgrimir para justificar lo injustificable cada uno desde su trinchera.

Más del autor

La Conjura de los Necios

Cuando las definiciones no existen, y la democracia se centra en la popularidad ramplona, simplista y sin evidencia técnica, asistir al momento que vive Estados Unidos, y que a ratos –más seguido de lo que uno quisiera- se pasea por nuestro jardín, impone un momento único, en que o nos decidimos a dar un salto para un proceso histórico ejemplar, o la mediocridad y la seducción del populismo se impondrán tristemente, no permitiendo que los chilenos canalicemos un momento único de nuestra historia. De todos nosotros depende.

Una vez más: Sobregiro

“Si el Presidente de una vez comprendiera que la acción y el mensaje son lo importante, y la manera de encarnarlo es aún más relevante, los chilenos comenzarían a creerle, a entender que lo que le preocupa es el país y no él mismo.”

El Laberinto de la Soledad: Camino a los autoritarismos.

Frente a un momento constituyente, el país debiera detenerse con la misma tranquilidad que lo hizo el 25 de octubre y reflexionar sobre el futuro. ¿Elegiremos el camino corto de las “quinta columnas” de “nietitos” con promesas fáciles, caeremos en manos de los tahúres de la economía fácil que prometen multiplicar con una retórica de juglar todas las ganancias y convertir todo lo que se toca en oro? ¿Nos dejaremos llevar por los estridentes y violentos, cuyo verbo incendiario aísla al ser?

Más para leer

No más toque de queda

El toque de queda es un mecanismo que nos pretende controlar mediante el miedo. Pero no nos ganará el toque de queda, porque ya demostramos que no tenemos miedo.

Quién sabe, hay que preguntarle a Radomiro

Suscríbete a nuestro Newsletter

¡Mantente al día con las novedades de Entrepiso y suscríbete para que la información llegue directamente a tu correo electrónico!