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Instituto Desafíos de la Democracia en La Segunda: Hacia un republicanismo participativo

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Contenido publicado en La Segunda

Chile avanza hacia un pacto que definirá la convivencia institucional de las próximas décadas. Ello requiere superar políticas de horizontes estrechos, interesadas en triunfos partidistas pequeños allí donde se trata de un proceso más ambicioso. El diseño de un orden constitucional se refiere a un marco integral en el cual todas y todos hemos, en principio, de sentirnos reconocidos.

La Convención Constitucional será una oportunidad para el encuentro. Ella corre el riesgo de estallar en disputas de extremos, pero un predominio de fuerzas políticas y ciudadanas responsables, dialogantes y nutridas de contenido (antes que de maximalismos), puede convertirla en antecedente fundamental para una forma renovada de entender la política y organizar el poder.

Esa renovación es, por lo demás, exigencia impuesta por la situación. El camino constitucional fue la respuesta a la crisis institucional y social en la que nos hallamos. Camino eso sí, importante pero no suficiente para restablecer un necesario equilibrio y conversación entre los anhelos, inclinaciones y capacidades ciudadanas, de un lado, y, del otro, las instituciones, los discursos y las élites políticas.

En tal contexto, es imperativo reparar en las condiciones necesarias para avanzar hacia una síntesis de esos polos entre los que opera la política y que exceden a una promesa constitucional.

  1. Se debe avanzar a una democracia y una institucionalidad participativas. La experiencia concreta de los ciudadanos en su paisaje ha de ser recogida de manera permanente y vigorosa, tanto en sentido territorial como funcional. Ello implica dotar decisivamente de poder político a los territorios, reagrupando las provincias en macro-regiones y a las comunas en unidades territoriales eficaces. En el orden funcional, los órganos del Estado han de contemplar, en sus distintas instancias, modos robustos de participación ciudadana.
  2. Las élites necesitan renovación, de origen y edades. Las dinámicas y elencos de la transición, que brindaron estabilidad y crecimiento al país por dos décadas, se agotaron, como lo expresa la crisis. El nuevo orden exige dirigencias abiertas a la nueva situación. Un papel fundamental lo tienen aquí los partidos políticos y las agrupaciones sociales. Quedan bajo la responsabilidad de allanar el paso a dirigencias que, más que ‘rostros’ televisivos, sean conductoras ilustradas y compenetradas con la situación popular y territorial.
  3. La crisis es también y eminentemente crisis de discursos. El agotamiento del pensamiento hegemónico en la transición y la preponderancia de doctrinarismos estreñidos en los extremos son parte decisiva del problema. Los discursos vigentes no logran, por agotamiento o cerrazón, brindar expresión pertinente a las pulsiones, intereses y capacidades populares. Se requiere también alcanzar, más específicamente, visiones estratégicas consensuadas de largo plazo.
  4. Es fundamental el papel que debe desempeñar la sociedad civil, articulada en gremios, sindicatos, cooperativas, vecindarios, iglesias, asociaciones filantrópicas, etc. En el tiempo de la ebullición social y el auge de las redes sociales, las agrupaciones intermedias tradicionales (familias, iglesias, vecindarios, sindicatos) pasan por una crisis severa. Es tarea de sus miembros, así como del Estado, buscar la manera de fortalecer las dinámicas sociales y comunitarias desde un principio de subsidiariedad bien entendido. La historia nacional ofrece testimonio de la fecundidad de las colaboraciones del Estado con la sociedad civil, especialmente en el ámbito educativo.
  5. Por último, es fundamental fortalecer la división republicana del poder social. Se debe discernir un Estado fuerte (menos burocrático, más eficiente y transparente) de una sociedad civil vigorosa, asentada en el resorte de recursos suficientes a resguardo del poder estatal, para asegurar la libertad social e individual. Al interior del Estado, se debe dividir el poder considerando, al menos, el vigor de los tres poderes tradicionales y los órganos contralores; el fortalecimiento de una estructura estatal al servicio de las personas, los territorios y no de intereses políticos. La división del poder civil requiere limitar la concentración del poder económico y favorecer las organizaciones de vecinos, consumidores, trabajadores y pequeños productores.

De que se cumplan estas condiciones depende la instauración de un orden político a la vez republicano y popular o participativo. Se trata de una articulación estable y dividida del poder social y político, capaz de asegurar la libertad. Y que no se contenta en la gendarmería, sino que se compromete con la integración del elemento humano, consigo mismo y con su territorio.

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