Veronica Pinilla

Veronica Pinilla

Ph.D. en Políticas Sociales y Administración, de la Escuela de Sociología y Políticas Sociales, The University of Nottingham; Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile; Administrador Público de la Universidad Central. Consultora Senior con más de 20 años de experiencia en el sector público, en temas vinculados a la reforma del Estado y modernización de las instituciones públicas, transparencia y empleo público. Docente de la Universidad de Valparaíso, y Autónoma. Panelista permanente de Radio la Clave, y Ciudadanos 360 de CNN.

Verónica Pinilla y Álvaro Vásquez: Interoperabilidad y Gestión Pública: ¿Cómo seguimos?

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En un reciente artículo que publicamos en este medio, mencionamos la importancia de la interoperabilidad -capacidad de intercambiar información y utilizarla para el mejoramiento de las decisiones y acciones públicas-, como uno de los desafíos que el estado chileno debe autoimponerse, en vistas a la modernización del mismo.

Con el propósito de ilustrar la dimensión de este desafío, en esta oportunidad queremos describir la forma en que debiera implementarse una política pública de interoperabilidad, y algunos temas específicos que se deberían atender para un adecuado funcionamiento.

La interoperabilidad se inicia en Chile como parte de la Agenda de Modernización de 2003 en el gobierno del presidente Lagos, concebida como una herramienta que permitiera la aplicación de la Ley 19.880, de Procedimiento Administrativo, fomentando la automatización y digitalización en la entrega de los servicios públicos a los ciudadanos. La reciente ley 21.180, de Transformación Digital en el Estado promulgada en noviembre de 2019, se estructura sobre modificaciones a la Ley 19.880, en la que, entre otros temas, establece que: los documentos del Estado deben estar disponibilizados en forma digital, todas las comunicaciones entre los órganos de la administración del Estado deben generarse en formato electrónico, y las comunicaciones oficiales deben visualizarse en una plataforma única. Esto significa que debe existir un sistema interrelacionado de plataformas que permitan que lo anterior ocurra.

El sistema chileno debería acercarce al marco de interoperabilidad que se aplica a nivel internacional, el cual se estructura sobre la base de cuatro pilares: jurídico, organizacional, semántico y tecnológico. En el jurídico se dictan normativas que establecen la forma en que los órganos del Estado deben operar, sobre la base de prácticas comunes. La norma más reciente en Chile es el Decreto publicado el 14 de febrero de 2014. El organizacional promueve uno de los componentes más importantes de la modernización del Estado: la simplificación administrativa, que solicita la relación entre proveedores y usuarios de información, y la colaboración entre ellos en los procesos interoperados. El semántico requiere tener estándares línguisticos que permitan que la información intercambiada sea  comprendida en todos los sistemas. El tecnológico requiere que los órganos del Estado operen con aplicaciones e infraestructuras tecnológicas que permitan vincular los subsistemas y servicios con los servicios interoperados.

La implementación de la interoperabilidad es un enorme desafío tecnológico, que requiere de voluntad política, pero fundamentalmente capacidad de gestión y coordinación directiva y técnica a gran escala. Ésta última es la que ha sido más esquiva, dada nuestras limitaciones para avanzar en una estrategia de gestión pública de largo plazo, que obligue a actuar en forma integrada. 

Las experiencias internacionales reconocen en la interoperabilidad una oportunidad cierta para sistematizar, eficientar y elevar la producción del estado a través de sus servicios públicos, avances que se consideran básicos dadas las crecientes demandas ciudadanas en el siglo XXI. Para ello, es preciso generar coordinaciones que logren convocar a especialistas y actores involucrados, levantando planes futuros con logros visibles en el presente, especialmente en el sector salud, lo que consideramos un sector que en forma urgente debe avanzar hacia la salud digital en el sector público. Los beneficios asociados a la salud digital son evidentes, pudiendo centrarse en la mejora de la atención de pacientes, mejora la salud de la población al aumentar la oferta de atención sanitaria, reduce los costos en atención pública per cápita, y aumenta la calidad del sistema en su totalidad (BID, 2019). El BID reconoce la relevancia de la interoperabilidad para avanzar en salud digital, y en el caso de Chile, tanto Corfo como el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, CENS, así como varias universidades han trabajado en la estrategia de salud digital y en el desarrollo de capital humano especializado. Son estos esfuerzos los que deben alinerase a las necesidades post pandemia, y en el marco de la aplicación de la nueva ley de Transformación Digital. 

Alvaro Vásquez V. y Verónica Pinilla M.

Área de Reforma y Modernización del Estado

Fundación Chile 21

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