Sergio Espejo

Sergio Espejo

Abogado Universidad de Chile y Master en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Ha sido Diputado, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Superintendente de Electricidad y Combustibles. Enseña políticas públicas en la U. de Chile, integra el consejo académico asesor del programa de medio ambiente de la facultad de Derecho UC y es decano de Ciencias Jurídicas y Sociales de USEK. Abogado socio de Aylwin y Compañía y consultor internacional.

Invisibles

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Hace poco más de 10 años, Avishai Margalit planteaba con inteligencia y de manera pedagógica la importancia que toda comunidad debiera otorgar a evitar la humillación de sus miembros y proteger su dignidad y honor, como atributos fundamentales de humanidad. Una sociedad decente, planteaba Margalit en un libro titulado de esa misma manera, es aquella en la cual las instituciones no humillan a las personas. Una sociedad civilizada, por otro lado, es aquella en la cual unos no humillan a los otros.

La explosión social que experimenta Chile ha puesto sobre la mesa la experiencia diaria de humillación, por las instituciones y por personas, que de múltiples maneras vive un porcentaje mayoritario de los chilenos. Entre ellos, sin embargo, se encuentran aquellos tan invisibilizados que es probable que su humillación y la falta de respeto por su dignidad fundamental permanezcan en el tiempo como una característica de nuestra comunidad nacional: las mujeres, hombres, niños y niñas que viven con discapacidad intelectual.

Ocultados muchos de ellos por sus familias, avergonzados de su existencia. Sometidos a condiciones indignas de vida, otros, por falta de los recursos necesarios o del conocimiento indispensable para hacerlo correctamente. Acogidos en condiciones muchas veces heroicas por sus familias, finalmente algunos, todos ellos habitan un país que ha decidido comportarse como si no existieran. Un puñado de instituciones de la sociedad civil, junto a organizaciones de familiares y equipos académicos, luchan en condiciones extremadamente adversas para cambiar esta situación.

Digamos en primer lugar que nuestro ordenamiento jurídico está lejos de haberse adaptado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reglas de competencia que datan de mediados del siglo XIX y que desconocen el derecho a decidir, cuando están en condiciones de hacerlo por sí mismos, o que les niegan los mecanismos de apoyo para poder hacerlo, son parte del entorno en el que se desenvuelven sus vidas.

Qué decir de la inexistencia de políticas públicas que asuman los desafíos que enfrentamos en materia de servicios de apoyo, entrenamiento profesional para el trabajo con discapacidad intelectual, capacidades de la red pública de salud e inclusión laboral, entre otras materias. Ni SENAME en materia de niños, niñas y adolescentes, ni SENADIS respecto de los adultos, parecen estar siquiera en la ruta de asumir este desafío con la seriedad que se espera de un país con nuestro nivel de desarrollo (por cuestionado que este desarrollo se encuentre por estos días).

La justicia tampoco parece comprender aún de lo que estamos hablando. De manera habitual, Jueces y Juezas de familia ordenan el ingreso de niños, niñas y adolescentes que sufren de severos trastornos conductuales, muchas veces agresividad sexual severa, en residencias habitadas por niños con discapacidad intelectual que carecen del personal y la infraestructura para otorgarles el trato que merecen. Se violan así los derechos de los primeros, que no recibirán la atención y cuidados que requieren. Se violan los derechos de los segundos, los que se ven expuestos a agresiones en una convivencia que puede volverse imposible.

En octubre de 2019, cuando todo Chile reclama el valor de respetar la trayectoria vital y la dignidad de todos, un número importante de compatriotas permanece invisible. Con su silencio, ellos nos recuerdan una y otra vez cuán incivilizada e indecente hemos vuelto nuestra sociedad.

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