Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

Jaque

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La votación sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones, producida anoche en la Cámara de Diputados, que llevó a la aprobación de la moción parlamentaria, fue el resultado de una serie de errores políticos no forzados que el Gobierno ha cometido en su gestión desde el 18-O en adelante, incluido el manejo de esta pandemia.

¿Qué tipo de timming político lleva a un gobierno ante una votación como está a ofrecer tres días antes, con apuro e improvisación, un sistema de protección, que de protección no tiene nada y de deuda mucho? 

¿Qué lectura de realidad se hace en Palacio sabiendo (o quizás no sabiéndolo) sobre el paradigma simbólico del abuso reflejado en la AFPs para apostar tan bajo y tarde a que la coalición de gobierno se alinearía de manera fácil y ordenada en su votación, pagando un costo altísimo cuando resta menos de la mitad de la legislatura actual?

Hasta aquí algunas preguntas y aventuro algunas reflexiones: 

El retiro de fondos de pensiones de las AFP es una mala política pública si se analiza en frio, probablemente el monto sea menor al esperado, los fondos caerán y tendremos una situación de inestabilidad financiera, mientras en el mundo de los inversionistas internacionales pongan nuevamente los ojos sobre Chile (el cisne negro) y no por lo que ellos consideran buenas noticias generando probablemente una caída en el riesgo país lo que terminará costándonos a todos aún más. Los cotizantes tendrán pensiones más bajas producto de los retiros, pero como se ha reiterado popularmente, las pensiones son hambre para hoy y también para mañana. El chileno desesperado ante un momento como este, y sin ayuda cierta del Estado, ya no puede recibir más explicaciones racionales cuando la pobreza y la enfermedad lo acechan hace ya más de cuatro meses.

Si bien queda “mucho paño por cortar”, comisiones en el Senado, y en caso de aprobarse el veto presidencial o el paso por el Tribunal Constitucional, lo de ayer es una señal inequívoca de una potencia inusitada con el sistema construido desde la década de los ochenta y a la ortodoxia de los sacerdotes del neoliberalismo chileno que abundan aún en el Gobierno de Piñera, partiendo por el propio Presidente. Asimismo la incapacidad de llevar adelante un proceso de discusión sobre el sistema de pensiones y la lentitud para procesar los problemas de fondo están también pasando su cuenta.

Lo más complejo del episodio, es que demuestra la debilidad total del Estado y particularmente, del Gobierno de poder hacerse cargo del momento histórico excepcional de una pandemia y crisis política inédita al mismo tiempo, me atrevería a aventurar similar a la del periodo 1929-1931, gripe española y debacle económica y política mediante. 

Si el Parlamento llegó hasta este punto es por una sola razón, y es la misma siempre. El Gobierno se obnubiló, perdió la brújula y no entendió que de no hacerse cargo políticamente del momento de dolor y aflicción de los ciudadanos, alguien lo haría sin ellos y eso fue exactamente lo que ocurrió anoche. Faltó finalmente política porque a ratos parecieran que no logran entenderla. Cuando repetían ayer al borde de la desesperación que esto era empobrecer a quienes cotizan, podrían incluso tener la razón, pero las razones técnicas ya no fueron escuchadas, porque el sentimiento que impera es de miedo, incertidumbre, pobreza, sufrimiento y enfermedad, y el llamado a hacerse cargo de ello en un momento de excepción es el Gobierno, quien ha demostrado impericia, abulia y falta de compromiso con los chilenos que sufren y soluciones potentes que permitan enfrentar el momento alargando con ello aún más el contagio, los desplazamientos y la muerte.

Los alcaldes primero y los parlamentarios después, escucharon el clamor, de lo contrario, es imposible explicar que 13 diputados oficialistas votasen a favor de la iniciativa y 29 de 31 abstenciones corresponden a diputados de ChileVamos. Tampoco se explicaría que antes de vetar esta semana la ley de servicios básicos, 56 alcaldes de la coalición gobernante, le solicitasen al Jefe del Estado promulgar la ley para impedir cortes de dichos servicios elementales, más en un momento de crisis. Todo lo anterior, mientras la UDI intentaba salvar, por medio del veto presidencial a alcaldes emblemáticos del partido que no podrán ir a la reelección.

Lo que más impacta, repito, es el timming del Gobierno.

Desde el 18-O (o quizás desde mucho antes) el Gobierno lee de manera increíble y reiterada mal la realidad que lo rodea. En lenguaje futbolístico llega tarde a todas las pelotas.

Después del 18-O, la derecha se mantuvo alineada con el Presidente, era fácil, más no incómodo para algunos, la violencia -un tema favorito en la derecha cuando no la cometen ellos- permitió cierta cohesión dentro de la coalición, no sin por ello, darse cuenta de la fragilidad y el momento histórico en que nos encontrábamos, quizás como nunca antes; al borde del abismo desde la recuperación de la democracia.

Ossandón, Desbordes y otros en RN y Evopoli, entendieron aquello y adhirieron al acuerdo constitucional y al apruebo, no sin costos en el sector, probablemente escuchando lo que ocurría en las calles y sobremesas, más allá de los exaltados que quemaban y rompían a su paso la ciudad. Porque el clamor era más profundo y grande y se arrastraba hace más tiempo, entendieron que o se subían, o indefectiblemente, tras la desconexión piñerista no quedaría nada.

Pero llegó la pandemia y con ella el confinamiento, el Gobierno apostó duro, como siempre, creyó que con ésta reivindicaba el momento político, avisó que estábamos mejor preparados que Italia y Europa, dotados del “mejor sistema de salud pública del mundo” y le declaró la guerra a la pandemia con altanería y soberbia, con un ataque a medias tratando que no tantos se contagiaran y buscando al mismo tiempo de salvar la economía; el resultado desolador y demoledor, más de 10.000 muertos y una contracción nunca antes vista desde 1982. Todo al mismo tiempo. Chile pasó de ser felicitado y dar consejos a ser uno de los países con más contagios y muertes por millón de habitante, amén de los desatinos de un jefe de Estado que no podía controlar su incontinente compulsión a saltarse las reglas sin entender el peso simbólico de su cargo.

Las “guerras” libradas por Piñera se perdieron en la arrogancia y la soberbia, en el apuro, la impericia y la ansiedad por hacerlo bien, todo con un olfato político de espanto y consejeros abúlicos que buscan agendas propias con fotos en los diarios, más preocupados de ellos que del Presidente. Las encuestas siempre poco fiables anotaron que un 65% de los chilenos creía que el Gobierno trabajaba para los empresarios, todo mientras memes y fotos de redes sociales señalaban como “presidentes encargados” a Juan Sutil el líder de los empresarios (cuya desconexión también se refleja) y el misterioso Rasputín de Palacio.

Es cosa de recordar, el ingreso familiar de emergencia (IFE) fue una batalla librada por la oposición en el Congreso. El gobierno vetó, y los “halcones” del mismo celebraban el triunfo pírrico de $65.000 decrecientes a las familias más necesitadas.

El sistema de protección piñerista se basaba en el “sálvese quien pueda” o peor “que los trabajadores paguen esta deuda”, todo mientras se hablaba de rescate a algunas grandes empresas.

En ese instante la tensión subía en la coalición de Gobierno y como me confidenció un diputado “ya no estamos dispuestos a pagar cualquier costo en los distritos”. Pero el Gobierno no escuchó y se apuró en promulgar la ley que sancionaba a quienes rompían la cuarentena (para poder comer) y demorar hasta el plazo máximo el veto (anunciado también esta semana) a la promulgación del proyecto de servicios básicos y su discutible constitucionalidad, prefiriendo un acuerdo de “telefonazo” con empresas proveedoras de servicios de utilidad pública.

En esas horas, la tensión ya era inmensa y vinieron tres cambios de gabinete sucesivos, uno de ellos para compensar a la coalición e intentar aplacar el equilibrio del poder, y dos por desangramiento en menos de dos semanas: Salud y Mujer y Equidad de Género, como era evidente a gritos, con el total fracaso de la estrategia sanitaria y de una ministra que cometió todos los errores no forzados al mismo tiempo abriendo otro flanco con el que la ciudadanía se identifica poderosamente desde marzo de 2018 y las multitudinarias marchas de mujeres observadas a lo largo y ancho del país.

Como si fuese poco, la oposición se jugó junto a varios economistas y a propuesta de una iniciativa iniciada al alero del Colegio Médico, comenzó una negociación para el aumento del IFE y acordar un marco de gasto para la emergencia con el ministro Briones. Mientras desde Palacio, miles de funcionarios desplegaban cajas de mercadería para paliar la crisis, de transferencias directas nada, lo único que llegaría a las familias sería una caja con arroz, aceite y otros elementos no perecibles.

De soluciones de protección, sin improvisaciones nada. Solo desalineamiento comunicacional, falta de estrategia y mucha improvisación.

Una vez destrabado el acuerdo con la oposición que consiguió un IFE de $100.000 por tres meses y no decreciente, cuando la buena política del diálogo y la confianza podían, el Presidente en una declaración inédita volvió a calentar el ambiente con una declaración incomprensible y fuera de lugar, innecesaria para el momento, donde disparaba directo al Congreso –si con el mismo que había conseguido el acuerdo hacia unos días- para reconvenirlo por las mociones inconstitucionales, promoviendo una comisión de expertos que nació muerta en su sola declaración.

La explosión no aguantó más hasta este miércoles.

El Gobierno acorralado frente a la votación que venía lanza de improviso, el día domingo, un plan de protección a la clase media basado en créditos y deudas (incluso su mal olfato lo lleva a proponer extender el crédito de las tres letras; figura irrenunciable de las protestas de octubre: el CAE).

Apuntando a la clase media comenzó a cargar el arma para terminar de dispararse, y puso a diputados relevantes, especialmente representantes de esa clase media en alerta en todo el arco político. Prometer deudas y créditos por muy blandos que sean a una clase media (concepto de por sí amplísimo) fue el primer error, el segundo no entender que una de las razones del estallido de octubre de 2019 estuvo en esa misma clase media agobiada de deudas que vive y trabaja para pagar.

Y como era esperable todo explotó.

Los parlamentarios de derecha no estuvieron disponibles, las recriminaciones pasaron de amarillo a rojo y en Palacio se encendieron todas las luces de emergencia tarde, cuando se dieron cuenta que la derecha, o parte de ella, está vez no se comería el costo de cargar con el Presidente y su incapacidad de mirar la realidad.

Incluso, la UDI en un hecho inédito desde el retorno a la democracia, desplegó toda su indisciplina en la coalición de gobierno emitiendo una carta de su Comité Político apuntando en duros términos al ministro del Interior, y por último, sin decirlo tácitamente al Presidente, su Presidente, mientras la mandamás del partido se apuraba en declarar la desafección del partido con su Gobierno.

Ya estaba el tablero listo para asestar el jaque que venía.

El resultado de la votación está ahí. Queda mucho por delante aún, pero las heridas de este episodio comienzan a golpear el corazón de lo que se augura como un largo desangramiento o al menos la soledad cada vez mayor de la figura presidencial, la que sin apoyo, tendrá que sortear momentos de altísima complejidad.

Nota aparte la oposición, que se debate entre si comenzar una asonada populista que permita conseguir apoyo o bien se mantendrá en el camino de la serenidad. Difícil apostar a esta última en este estado y sin liderazgos ordenadores, o confianzas de unidad construidas.

A Sebastian Piñera le restan un año y ocho meses para terminar su mandato constitucional, tendrá por delante el plebiscito de octubre y un sinnúmero de elecciones que probablemente no sean favorables a su coalición.

Habrá que ver si logra sortear esta jugada de alta complejidad, más para un Presidente que hace mucho viene transitando en la cornisa del descredito y la falta de afección ciudadana, tratando de mover piezas, anticipándose y recuperando de lo que ya parece todo perdido, o si, por el contrario veremos un jaque mate inédito desde el retorno a la democracia.

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