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La Araucanía y el racismo

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Como si este Gobierno ya no tuviese ningún problema, sumados a la crisis sanitaria, social y política, a una cuenta pública intrascendente, y a un cambio de gabinete que intentó frenar la guerra civil de los partidos oficialistas, con el retorno de los más duros a posiciones claves, hoy suma el recrudecimiento de actos de violencia en la Araucanía.

Las señales por los diferentes actores se leen. El viernes, en su segundo día como ministro del Interior, Víctor Pérez, un exponente de la vieja guardia pinochetista, un duro defensor de la dictadura, ex alcalde designado de Chillán en los ochenta, aterrizaba en la Araucanía a fijar su posición frente a un conflicto que venía escalando hace semanas. 

En la zona la fragilidad y equilibrio siempre dependen de gestos que aceleran acciones de violencia, que cuestan a ratos de ser entendidas, más aún si se tienen como antecedentes la Operación Huracán y el caso Catrillanca de trasfondo, y el vendaval de mentiras, pruebas falsas y acciones cuestionables de la policía a la hora de investigar los casos.

La quema de escuelas, la explosión de una antena de comunicaciones, el descarrilamiento de un tren, la huelga de hambre de comuneros mapuches y la toma de municipios, fue el contexto en que el ministro Pérez aterrizó en la Araucanía para enviar su primer mensaje admonitorio: “La violencia se va a agravar”. No pasaron veinticuatro horas desde sus declaraciones para que los chilenos amaneciésemos el domingo con confusos incidentes de civiles, junto a Carabineros –en aparente coordinación- desalojando con violencia y gritos de un brutal racismo contra el Pueblo Mapuche.

Los gritos racistas y la violencia de civiles no identificados fueron lo que más impactó, y es aquello lo que los chilenos no podemos tolerar bajo ningún respecto. No existe justificación frente a dicha brutalidad y barbarie. 

Como si se tratase de una vuelta a los peores años de persecución, civiles aparentemente organizados participaron del desalojo con un desparpajo y connivencia de las fuerzas policiales que nada parecían hacer frente al hecho. Impactan, también, por su violencia contra el Pueblo Mapuche expresada en gritos y consignas.

Para nadie es un misterio. En la Araucanía, un vasto territorio; grupos de civiles organizados en cerradas organizaciones derechistas, apoyadas por dueños de tierras y empresas forestales, se enfrentan a pequeños grupos radicalizados que dicen representar al Pueblo Mapuche, bajo consignas que están lejos de representar a toda la comunidad. 

El Estado por su parte, ha demostrado a lo largo de años, su incapacidad para abordar el problema. Aunque se han hecho esfuerzos importantes de inversión y diálogo en los Gobiernos de los Presidentes Bachelet y Piñera, e incluso con anterioridad desde 1990, y varias veces la conversación se ha tomado el panorama, finalmente las acciones de violencia, como las observadas el pasado sábado, vuelven una y otra vez. 

En particular, luego del asesinato de Camilo Catrillanca, el gobierno perdió interlocución y control en la zona, lo que lo ha llevado a tener tres intendentes en dos años y medio, y a renunciar al diálogo, pasando a una nueva intervención, que fue claramente leída como un espacio para dar rienda suelta a la violencia. 

Si el Estado no puede desalojar dependencias municipales con Carabineros, y para ello, se coordina con civiles para ejercer la autotutela, estamos ante el fracaso del Estado de Derecho. La investigación tendrá que dar explicaciones sobre los hechos. Los gestos del ministro Pérez, claramente, fueron mal leídos, por quienes creen en la vuelta a un pasado oscuro y lejano. 

En ese sentido, quizás el nombramiento de alguien como Víctor Pérez, un defensor de Colonia Dignidad, también puede haber sido entendido por grupos radicales nostálgicos como un regreso a tiempos para sembrar más violencia en la zona. Esperemos que estos últimos, no sean más que una estrategia de grupos afiebrados por la rudeza de un país que debiese haber superado este tipo de hechos, y no la búsqueda de un cambio de mirada para encuadrar la agenda, y unificar a sectores de ultraderecha sedientos de ensoñaciones violentas, que busquen generar miedo en la zona y afectar la convivencia en Chile pre proceso constituyente. 

Lo mismo ocurre con sectores radicalizados por la causa mapuche, que creen representar a una mayoría que lo único que quiere es paz y reconocimiento, frente a un conflicto centenario con un Estado de Chile que ha cometido atrocidades y ha atropellado en distintos momentos a los pueblos indígenas. Muchos de éstos cuentan con apoyo operativo y requieren ser investigados a fondo por las fuerzas de orden y seguridad, dentro de un contexto democrático, en el marco del Estado de Derecho y se ha de aplicar la ley con mismo rigor a éstos, como a quienes, sin el monopolio de la fuerza se irrogan la capacidad de organizarse para aquello. 

Aunque suene repetitivo, sólo la paz permitirá un diálogo en la zona, para ello, el Estado tiene la primera responsabilidad de no repetir imágenes como las del fin de semana. 

No cabe duda alguna, que el proceso constituyente será una buena instancia para debatir nuestra natural convivencia y reconocimiento por los pueblos indígenas de Chile, de los cuales todos los chilenos somos tributarios y tenemos el deber de reconocer en una deuda como sociedad, es de esperar, por tanto, que la violencia cese, y se dé nuevamente espacio al diálogo y no a las consignas racistas, quemas y violencia vistas éste fin de semana que no pueden ser toleradas. 

Imagen: Del pintor chileno y mapuche Santos Chávez (1934-2001), xilografía “Mi amada tierra”

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Por lo mismo, la línea verde se ha ido adelgazando en un sector de la población que ha visto en el uso de la fuerza –además de desproporcionada- una herramienta selectiva, clasista y desigual, en fin, abusiva. Y ello se explica porque la policía sigue usando la fuerza y el abuso pensando en la sociedad estratificada.

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Aprobar un nuevo proceso constituyente, es un acto de libertad para creer en el futuro, es muy probable que dicho proceso se inicie con la alegría de un nuevo momento que augura esperanza. Por lo mismo, es tiempo que junto con aprobar los ciudadanos, tomemos la responsabilidad de lo que viene en nuestras manos, y nos hagamos cargo participando de aislar la violencia, ser parte del diálogo fecundo y democrático que siempre ha caracterizado a Chile.

No se cayó, lo empujaron

El tiempo se ha terminado, y Carabineros requiere de una reforma profunda, de una modernización que no ha llegado, y por cierto, del fin de la autonomía presupuestaria y de acción que exhibe ante los Gobiernos desde el retorno a la democracia con total desparpajo y que en esta oportunidad debe llegar a su fin.

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