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La delgada línea verde: El caso de carabineros de Chile

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Carabineros está hoy en el centro del debate público, y, a decir verdad, lo ha estado desde hace tiempo: desde que la cuestión de la seguridad urbana se instaló como una prioridad en la agenda política; cuando se le criticó por la falta de profesionalismo en las investigaciones y por los abusos en el ejercicio de sus atribuciones, en especial en el así llamado conflicto mapuche; y, recientemente, cuando se conocieron casos de corrupción institucional. El matiz con el debate actual –si uno quisiera encontrar alguno- es que en este último año se ha evidenciado una policía incapaz de controlar, de manera proporcional, racional y respetuosa con los derechos humanos, las masivas y, en algunas ocasiones, transversales muestras de expresión social. Carabineros se ha exhibido frente a los ojos de la ciudadanía –así permite pensarlo su fuerte baja en la aprobación-, como una institución que no da el ancho en nuestra democracia: una policía ineficiente en la persecución penal, ajena a la idea de “policía comunitaria” o de “policía de vecindad”, y que pugna con el propio ideal democrático. 

Se trata de una crítica que no debe subestimarse y que debe enfrentarse con celeridad, porque en toda sociedad democrática es fundamental la existencia de una institución policial legitimada, por cuanto ella representa una pieza central en el intento moderno de monopolizar, de enjaular la violencia -en el sentido weberiano de gestionarla de forma racional y burocrática- y sobre ella descansa la expectativa de paz social. De alguna manera, en las policías subyace la idea de que el imperio de la ley reside, en última instancia, en la capacidad potencial de usar la violencia para infundir un cierto temor y así contener una -posible- violencia generalizada. El problema es que no es difícil pasar de infundir ese temor –como legítimo ejercicio de la fuerza para prevenir la violencia generalizada-, a ser percibido como una fuente de poder arbitrario y autoritario –con un costo intolerable para el contrato social-: en eso hay un solo paso o una sola línea. 

Y sobre esta idea escribió hace algunos años Ristroph, para quien la policía norteamericana podía verse como una línea, que en el último tiempo se ha ido deslegitimando con la comunidad, al punto de correr el riesgo de cortarse. Usemos el mismo término para referirnos a nuestra –delgada- línea verde, aquella llamada a mantener el control y orden, asegurando el cumplimiento de las normas, en un contexto no solo de respeto a los derechos humanos –algo evidente- sino que de reconocimiento y valoración de la comunidad. Al final en ello reside, básicamente, la idea de una policía democrática. 

Pero nada de eso ha pasado en este último año, sino que por el contrario, se han extendido los disturbios, los disparos, las muertes evitables, las torturas y los escándalos de corrupción, todos antecedentes que, como dijo Sherman en un conocido artículo de finales de los ’70, son el combustible necesario para provocar una desvalorización ciudadana y un espacio propicio para una reforma profunda de la policía. Si a lo anterior se suma, además, la incapacidad de una policía militarizada para organizar y distribuir adecuadamente la fuerza pública, que en estos tiempos se ha expresado con claridad en su desproporcional e insuficiente modo de gestionar el control urbano de nuevas formas de expresión –impactando con ello el orden interno, los derechos civiles y, en especial, la calidad de la vida política y social en una democracia- no parece que haya otra opción que actuar en serio y de manera profunda, antes de que nuestra delgada línea verde se termine por cortar. 

Quizás una explicación adicional a todo esto, y ese es el argumento que aquí quisiéramos ensayar, se debe a que nuestra delgada línea verde –carabineros- hoy se extiende sobre una sociedad que pareciera no querer (re)conocer, no querer comprender. Se proyecta a lo largo de una sociedad que se presenta hoy mucho más compleja, frustrada y dividida, y que reclama espacios de comunicación para expresar su falta de acceso a medios institucionalizados para cubrir necesidades básicas. Pero no es solo eso, pues como ha dicho Melucci, la desafección y la frustración no son suficientes por sí sola para generar una movilización masiva, sino que una parte de la sociedad ha visto –con o sin razón, ese no es el punto- en el neoliberalismo aquel enemigo abstracto -que materializó en la Constitución– que les ha quitado su propia libertad, su capacidad de autodeterminarse, de diseñar sus propias vidas, que les ha dado un sentido para movilizarse, para comunicarse políticamente. Una parte de la sociedad se muestra desencantada y desilusionada del modelo de desarrollo que –paradójicamente- ha generado los mejores años de nuestra historia republicana, y que empieza a ver –consciente o inconscientemente- aquello que Habermas entendió como la colonización sistémica del mundo de la vida: el origen de las patologías de la modernidad occidental. 

El Chile de hoy, y después del estallido pocas dudas caben de eso –otra cosa son las lecturas que se quieran sacar -, cambió radicalmente respecto de hace solo un par de lustros: tenemos una parte de la sociedad con mayor instrucción, más consciente de sí misma, de su propia subjetividad (en tanto razón y libertad), pero ante todo, que reclama una nueva estructura comunicativa, una nueva forma de participación en lo político. En la última década, una vez que se evaporó el entusiasmo por el triunfo de la democracia sobre la dictadura, amén de una generación que dejó de ver esa gesta como heroica, con capacidad cohesionadora para dejar pasar las injusticias sociales y la desilusión y el desencanto, se han ido expandiendo las múltiples manifestaciones de malestar popular hacia la participación política y las instituciones democráticas.

Por lo mismo, la línea verde se ha ido adelgazando en un sector de la población que ha visto en el uso de la fuerza –además de desproporcionada- una herramienta selectiva, clasista y desigual, en fin, abusiva. Y ello se explica porque la policía sigue usando la fuerza y el abuso pensando en la sociedad estratificada y segmentada de inicios de los noventa; sin ser consciente que una parte de ella cambió radicalmente en el contexto de estos años, no solo en cuanto a su condición socioeconómica, sino que respecto de la comprensión y valoración que tienen de ellos mismos y su relación con la comunidad. Dicho de otra manera, carabineros se quedó culturalmente con la imagen de una sociedad hoy inexistente; el proletariado y la burguesía (que comprende para estos efectos a la élite), así mientras que a la primera se le puede reprimir abusivamente, a la segunda hay que tratarla con guante de sede. Esa imagen, injusta cuando se condice con la realidad, hoy es, además, irreal. Y no hay nada peor que una policía que se relaciona con una sociedad irreal. 

En esta sociedad, que está en medio de un proceso de reconstrucción de sí misma, es evidente y legítimo que el ejercicio de la fuerza se cuestione también desde su función moral y política. Y en esa dimensión, la fuerza policial no cumple solo una función de prevención y orden, no es una institución que se relacione solo con el proceso penal y el castigo, es ante todo la expresión de la relación del estado con su comunidad, tiene que ver con la forma en que el estado reconoce al otro, y explica también cómo cada uno de ellos debe verse y relacionarse con el prójimo. En este punto es importante que la policía comprenda que, en esta nueva composición de la sociedad –y no es algo que vaya a cambiar pronto, por lo que se ve- hay una parte de la misma que hoy ve en las marchas masivas, en ciertas formas de asambleísmo, de protesta callejera y de vinculación en las redes sociales, no solo legítimas sino también necesarias maneras de expresar y participar de lo político, en fin, de comunicarse. Si el ejercicio de la fuerza se distribuye de manera selectiva, desigual y con sesgo de clase, el problema no es solo que aquello constituye un acto injusto y reprochable, sino que incentiva una mirada entre los unos –a los que el palo les llega más fácil – y los otros –a los que todavía se le piden las cosas por favor-, que impide verse o reconocerse como iguales, que hace difícil asumir un compromiso de compartir la misma comunidad o el mismo ethos social.

No hay duda que parte importante de estos nuevos movimientos sociales pretenden legítimamente, como la ha dicho Bordieu, contribuir a forjar –mediante las movilizaciones, manifestaciones y las actividades de participación- la unidad del conjunto de la población, que sea capaz de sobrevivir a los conflictos naturales que se dan dentro de ella y a las contradicciones ligadas a la modernidad. Se trata, en fin, de una parte de la sociedad que se está comunicando políticamente, que quiere participar en el futuro de la comunidad, y que ve en la violencia policial no solo la expresión de un abuso intolerable –que ya es grave-, sino que de un acto de silenciamiento, de protección de una hegemonía política y económica, en fin, de una cortapisa a la democracia. Ve en ese ejercicio del poder la manifestación de una institución no democrática, algo que a estas alturas no nos podemos permitir. 

Finalmente, no parece haber discusión que el papel reciente de la policía ha generado legítimas sospechas y desconfianzas en la ciudadanía. Por lo mismo, Carabineros debería generar un compromiso con prácticas policiales más racionales y fomentar una relación de cooperación entre ella y las comunidades. Pero ello seguramente implicará, como parte de ese compromiso, avanzar hacia una descentralización, una desmilitarización y una menor jerarquización, además de una reconfiguración orgánica y normativa, todas cuestiones esenciales para garantizar la responsabilidad democrática de la institución. Nada de esto está presente en los proyectos de ley presentados por el gobierno, que serán incapaces de legitimar democráticamente a Carabineros de Chile. Nuestra línea verde seguirá adelgazando, hasta que se cortará definitivamente.   

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