Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

La Gran Mentira: Rechazar para Reformar

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En las últimas semanas hemos escuchado personajes como el senador Andrés Allamand y otros, desplegar una campaña de desinformación y medias verdades (por no decir directamente: mentiras) sobre la opción de aprobar el 26 de abril, e iniciar un proceso constituyente, con límites, un cronograma y reglas muy claras.

Vamos despejando mitos sobre la campaña de desinformación de la opción que irónicamente han denominado “Rechazar para Reformar”.

Sobre los límites de la constituyente me he referido anteriormente en este mismo espacio, pero es bueno repetirlo.

La Nueva Constitución, y la forma de construirla no partirá de cero, sino del nuevo artículo 135 de la Constitución de 1980 (recientemente aprobado después del acuerdo del 15 de noviembre).

La constituyente tendrá como límites los derechos establecidos en los Tratados Internacionales por Chile.

Ello significa en simple, que derechos como la propiedad, la vida, los derechos sociales, de reunión o expresión no podrán ser abolidos bajo ningún aspecto, pues, estos se encuentran expresamente consagrados en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

Tampoco podrá la constituyente abocarse ningún tipo de representación sobre otros órganos del Estado, no podrá por ende, intervenir, cerrar o atribuirse ninguna función del Presidente de la República, el Congreso Nacional o de cualquier otro órgano público (Con ello queda descartado cualquier delirio de personajes como Messina et. a quienes habrá que mandarlos a soñar con otras cosas).

La Convención, además, deberá respetar el carácter democrático y de república del país, además de estar obligada a incorporar y hacer suya toda sentencia de los Tribunales de Justicia ya emitida.

Baste para señalar lo anterior la simple lectura del artículo 135 de la actual Constitución, recientemente incorporado, que copio, al pie de página para desmitificar de una buena vez tanta mentira al respecto [1].

Los límites son clarísimos, y cualquiera que diga que no lo son, a estas alturas miente, o deliberadamente o no ha leído la reciente reforma constitucional que aprobó el proceso constituyente.

Como el senador Allamand y varios más, participaron del acuerdo y votaron la reforma conocen perfectamente el límite impuesto. Lo demás es mentir descaradamente.

Como si todo lo anterior no fuese suficiente, un cuarto de los miembros de la Convención en caso que se traspasen los límites señalados y no se cumpla con el procedimiento establecido para el funcionamiento de la Convención podrá reclamar ante la Corte Suprema que dirimirá la contienda.

Pero si además de todos los límites anteriores para que la constituyente –que tiene por trabajo redactar una nueva Constitución- mientras la Constitución de 1980 goza de plena vigencia, todavía se descree del trabajo de éste órgano, cualquier chileno tendrá dos años para elegir los constituyentes, que éstos hagan su tarea redacten un nuevo texto, y si aun así sigue no confiando del proceso existirá un plebiscito de salida para votar si aprueba o rechaza el nuevo texto concordado.

Después de todo lo explicado, negarse a discutir una Constitución bajo a éstos límites constituye una manera de no querer decir de una sola y buena vez lo evidente: Que quienes apoyan legítimamente el rechazo prefieren la Constitución de 1980, esconder la cabeza, mantener un texto constitucional que sigue siendo un problema para resolver la forma como organizamos nuestras instituciones públicas, derechos y obligaciones.

Es simple, están en su derecho, pero transparentemos la verdad y no usemos la mentira y la desinformación para decir otras cosas. Querer mantener la Constitución aprobada en dictadura, sin ninguna deliberación pública, dictada luego de un plebiscito sin oposición, ni registros electorales, ni menos publicidad es querer mantener la Constitución de la dictadura. Está bien, insisto es legítimo tener esa postura en democracia, pero no es legítimo mentir y desinformar para hacer creer otra cosa.

Digámoslo de manera más simple: Personajes como Allamand quien en noviembre se declaraba a favor de aprobar un proceso para iniciar el debate de una Nueva Constitución y hoy es la cara más visible del rechazo, nos han invitado bajo el slogan publicitario a “Rechazar para reformar”. Esto es, nos dicen, para que cambiar la Constitución si la podemos reformar, incluso nos muestran a una familia frente a una casa en refacción. La pregunta es ¿Para qué cambiar la Constitución, si podemos reformarla?  

Frente a esto revisemos como se han comportado los mismos que hoy invitan a reformar la Constitución de 1980 en sus sucesivas reformas constitucionales desde 18 de octubre de 2019, ello sin perjuicio, de revisar cada oportunidad democrática (lo que tomaría más que una columna) de reformar una Constitución de legitimidad (por decirlo elegantemente: dudosa) en negativas de profundas y larguísimas discusiones con los mismos que hoy invitan a “Rechazar para reformar” desde 1989 en adelante.

Sinceramente: ¿Alguien cree que los mismos que se negaron a eliminar durante años a los senadores designados y vitalicios, los mismos que se negaron a abolir la pena de muerte, los que se negaron a restituir al Presidente las facultades sobre las Fuerzas Armadas y se negaron a eliminar el Cosena y los más ríspidos enclaves autoritarios, ahora sí, como por arte de magia estarán dispuestos a reformar la Constitución de 1980? Permítanme al menos el gran dejo de duda.

Pero revisemos lo aprobado en los últimos meses, “estallido social” de por medio.

El intento por incluir criterios de paridad e independendientes, en la Convención Constituyente (Boletín N°13.130-07), proyecto que fue rechazado por 24 votos a favor y 14 en contra. Los 14 senadores que no dieron posibilidad al quorum requerido para la reforma (3/5), fueron los mismos que hoy invitan a “rechazar para reformar”, entre ellos Allamand, Coloma, Chahuán, Von Baer y Van Rysselberghe, entre otros.

La reforma constitucional para incluir en la Constitución la especial mención al dominio público y uso de las aguas, que establecía entre otras cosas, que el acceso al agua es un derecho humano fundamental, estableciéndose en ello la mención que el “Agua es un bien nacional de uso público” a nivel constitucional, entre otros importantes asuntos para enfrentar la discusión sobre el recurso hídrico que viene discutiéndose desde 2008 en nuestro Congreso fue rechazado por los mismos senadores antes citados.

La discusión de la reforma constitucional para reponer el voto obligatorio. Nuevamente rechazada por los mismos parlamentarios que hoy invitan a “rechazar para reformar”.

La única reforma a la que han accedido, los mismos senadores, desde el 18-O en adelante, es la que reforma el artículo 32 de la Constitución, atribuciones del Presidente para proteger la infraestructura crítica con las Fuerzas Armadas, reforma de por sí posible y discutible, pero que goza de una gran falencia, agregaría una disposición transitoria a la actual Constitución, que señala que mientras no se dicte una ley, el Presidente de la República señalará por decreto supremo que es la infraestructura crítica, tema que aún está en discusión.

A estas alturas y solo con un muestrario de proyectos de reformas constitucionales post 18-O, ¿Creerá alguien que de verdad quieren rechazar, para reformar?, ¿Y además, que quieren reformar? ¿Qué están entonces dispuestos a reformar? Hasta aquí no se ha escuchado nada.

Si, además, el argumento es “rechazar para reformar” por la incertidumbre que producirá en nuestra economía un proceso de discusión (con los límites señalados) y además con una buena reacción de la economía (dentro de una situación de profunda crisis) después del acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, me quedó con las palabras del Fondo Monetario Internacional (un órgano no precisamente progresista) sobre la reforma constitucional y las palabras del Ministro Briones. La incertidumbre a corto plazo, será reforzada por una discusión sobre la problemática de la desigualdad en Chile que será beneficiosa al largo plazo para la economía chilena.

La posibilidad de procesar los cambios de la sociedad, de hacernos cargo por primera vez en la historia de una discusión con responsabilidad de nuestro pacto social, con todos sus sectores representados, es un signo de madurez que una sociedad necesita. Darle certeza y legitimidad a un texto constitucional construido con amplios consensos (2/3 de los constituyentes) es una tarea que Chile necesita para alcanzar el desarrollo con una sociedad de igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible y acuerdo sobre el Chile que queremos para el siglo XXI: La posibilidad está en nuestras manos, por eso yo el 26 de abril: Apruebo con Convención Constituyente electa.

[1] Copio expresamente el texto de la actual Constitución y su artículo 135 para que pueda observarse el límite impuesto por la reforma constitucional recientemente aprobada para dar inicio al proceso constituyente: “La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de los órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o las leyes. Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en éste epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla. En conformidad al artículo 5, inciso primero de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través  de los plebiscitos y elecciones periódicas Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución. El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.


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