Juan Enrique Pi

Juan Enrique Pi

Abogado, 35 años, sudaca militante y entusiasta de la historia. Los fundamentalistas le dirán que soy un funcionario de la dictadura gay, pero solo quiero un país justo, donde podamos ser libres y vivir en paz.

La Nueva Constitución y la Sociedad Civil

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En su discurso de ayer, el Presidente Piñera nombró en reiteradas ocasiones a la sociedad civil y al rol que han jugado en las cuatro semanas de crisis política que ha enfrentado el país. Resaltó, especialmente, el llamado al diálogo fraterno que muchas de ellas hicieron el día miércoles pasado a través de sus redes sociales, entendiendo que la salida que requería este problema era ineludiblemente político, y por tanto, sin un diálogo honesto y un entendimiento transversal, seguiría alargándose y agudizándose.

Finalmente, el llamado hecho por distintos sectores (no sólo de la sociedad civil, sino también desde la política y gran parte de la ciudadanía) terminó en el acuerdo sellado por la mayoría de los partidos políticos de llamar a un plebiscito para fijar el camino hacia nueva constitución, la primera nacida en democracia en la historia de nuestro país.

Sin embargo, ahora que tenemos un claro camino trazado, cabe preguntarse cómo podrá ejercer esa misma sociedad civil un rol importante en su redacción, cualquiera sea la alternativa que se termine imponiendo en abril del próximo año.

La respuesta más razonable es a través de las elecciones, es decir, presentando candidatos y candidatas a constituyentes en octubre de 2020. Sin embargo, ¿cuáles son los requisitos para que ello ocurra? 

En el acuerdo firmado la madrugada del viernes en el Excongreso de Santiago, se estableció que la elección de constituyentes se regiría a través de las reglas de las elecciones de diputados. Esto quiere decir que candidatos y candidatas deberán tener más de 21 años, ser de nacionalidad chilena, tener derecho a sufragio y haber cursado, al menos, la enseñanza media. Hasta ahí, no parece haber mayores conflictos para la participación de la sociedad civil, sin embargo, el problema se presenta cuando se quiera inscribir candidaturas sin el patrocinio de partidos políticos. 

La ley que establece los requisitos para candidaturas a diputados indica los que deben cumplir aquellas no patrocinadas por partidos políticos, esto es, las candidaturas llamadas independientes.

El primer requisito es que, cada candidato o candidata, y no su lista como un todo, deberá estar patrocinada por, al menos, el número correspondiente a 0,5% de las personas que votaron en ese distrito la elección pasada. Así, por ejemplo, en el distrito 10 (en el que se encuentra la comuna de Santiago) correspondería aproximadamente a 2.175 firmas por cada candidato que quisiera presentarse a la elección. Considerando que ese distrito elegiría -eventualmente- 8 constituyentes (tantos como diputados electos hay), la lista podría tener hasta 9 candidatos, lo que significa un total de 19.575 firmas para poder realizar la inscripción de esa lista independiente. Además, cada una de esas 19.575 firmas no podrán ser militantes de ningún partido político, creado o en formación; deberán estar inscritas en el distrito electoral; deberán suscribirse ante notario; y cada persona podrá patrocinar un único candidato. Es decir, para que una lista de la sociedad civil en el distrito 10 de Santiago pudiera competir en igualdad de condiciones que una de partidos políticos, deberá encontrar a 19.575 personas que quieran patrocinarla, que no militen, voten en ese territorio, y no hayan patrocinado a otro candidato o candidata al mismo cargo.

Resulta evidente que, bajo esas condiciones, la sociedad civil no tendrá posibilidad de ser una alternativa competitiva para la elección de miembros de la convención constituyente, cualquiera sea su modalidad. 

¿Qué hacer entonces? La comisión técnica paritaria para definir los aspectos de la elección, y posteriormente la ley, deberá resolverlo. Por lo pronto, lo más razonable parece eliminar estos requisitos de entrada a las organizaciones de la sociedad civil que quieran presentar candidaturas, de modo que puedan competir en igualdad de condiciones, y sin obstáculos especialmente gravosos, en la elección de octubre del próximo año. Sin embargo, la pregunta que cae de cajón es si los partidos políticos tendrán la voluntad para abrir ese espacio a otros actores, aún cuando pueda ir en desmedro de sus propios intereses en el proceso constituyente. Para la máxima transparencia de un proceso que determinará el futuro próximo del país, lo mínimo que podemos hacer es estar atentos y buscar una solución que haga este proceso lo más competitivo y diverso posible. 

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