Juan Enrique Pi

Juan Enrique Pi

Abogado, 35 años, sudaca militante y entusiasta de la historia. Los fundamentalistas le dirán que soy un funcionario de la dictadura gay, pero solo quiero un país justo, donde podamos ser libres y vivir en paz.

La otra ley de filiación

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El 13 de octubre de 1998 en Chile se promulgaba la ley de filiación, una norma fundamental sobre igualdad en nuestro país que terminó con la clasificación de los hijos, dependiendo si nacían dentro o fuera del matrimonio. Hasta ese entonces, en Chile existían “hijos legítimos”, aquellos nacidos de padres casados entre sí; e “hijos naturales”, aquellos nacidos de parejas de hecho. Sin embargo, la única diferencia no estaba en la denominación, sino que además, unos y otros tenían distintos derechos hereditarios respecto de sus padres. Como si eso fuera poco, a los hijos naturales se les timbraba su certificado de nacimiento, de esquina a esquina, con un rótulo que en letras rojas y mayúsculas decía “HIJO NATURAL”.

Esta ley además permitió una investigación más expedita de la paternidad a través de técnicas de ADN, y reguló (de manera mínima, insuficiente y en apenas un artículo) las “novedosas” técnicas de reproducción asistida que comenzaban a existir en el país. Reformó la institución de los hijos de Chile, y como si fuera poco, consagró un principio importante en el Código Civil –que a propósito del proceso constituyente, está recogido en varias Constituciones como Perú, Paraguay, Colombia y España- como es que “la ley considera iguales a todos los hijos”.

Sin embargo, y a pesar de esa declaración fundacional que la ley dejó en la definición de palabras que contiene nuestro Código Civil, resulta ser letra muerta. Hoy en día, en Chile, muchos hijos e hijas nacen en el seno de familias lesbomaternales a través de técnicas de reproducción asistida, y esos niños no son iguales a los hijos de parejas heterosexuales. ¿Por qué? Porque el Estado les impide registrar a ambas madres como tales en el Registro Civil, inscribiendo solo a la madre gestante y dejando a la otra como una completa extraña en términos legales. Esta es una discriminación directa y estructural a los niños y niñas nacidos en hogares de parejas de mujeres, pues les afecta en primer lugar a ellos por la sola circunstancia de la orientación sexual de las personas que componen la pareja que quiso tenerlos, e implica la negación de derechos sustanciales en sus relaciones familiares. Al no estar inscrita la madre no gestante, el niño pierde respecto de ella su derecho a reclamar alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, e incluso herencia; es decir, todo el catálogo de derechos de familia que busca, precisamente, asegurar a niños y niñas una subsistencia y un hogar en el cual desarrollarse.

Por eso es tan importante la ley de filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo, que en las próximas semanas estará en votación general en la sala del Senado: buscará poner en práctica la igualdad de los hijos en Chile, y reconocer las familias de esos niños, independiente de su composición o de la orientación sexual de los padres y madres que las forman. Esa es la línea que sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 24, que estableció que los Estados tienen el deber de abrir sus instituciones familiares a las parejas del mismo sexo, en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales; y así se cumplirá, al menos de manera más cabal, el mandato de la Convención de Derechos del Niño que establece que a niños y niñas no se les puede negar sus derechos por características ni condiciones de sus padres y madres.

La ley de filiación de 1998 fue un hito en la igualdad ante la ley, y se le acusó muchas veces (vaya novedad) de destruir la familia. Sin embargo, lo que nos ha enseñado la historia de nuestro país es que, cada vez que se iguala la cancha a los distintos tipos de familia, el único resultado son más familias felices, más protegidas, y que siguen buscando ser el espacio de desarrollo, amor y contención de cada uno de sus integrantes. Como país nos quedan muchos desafíos que enfrentar en materia de igualdad familiar –como la reforma a la sociedad conyugal y el matrimonio igualitario- para superar las visiones exclusivamente heterosexales y patriarcales que fundaron, como consecuencia histórica, nuestro derecho de familias. Aprobar esta ley va en esa línea de justicia y reconocimiento a la sociedad diversa que hoy, y siempre, hemos sido.

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