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La pantomima y el uso de la fuerza

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Como la cristalización de la peor lectura que se puede hacer de los tiempos, el ministro del Interior Víctor Pérez y Carabineros bajo su mando nos han demostrado, la desigualdad de trato frente a la manifestación social y la ocupación del espacio público para ejercer nuestro derecho de disentir.

En plena pandemia, y durante casi una semana, los chilenos asistimos al lamentable espectáculo del paro de camioneros bloqueando carreteras, escoltados por Carabineros, violando todas las normas sanitarias de un momento de excepción constitucional por pandemia, excepcional por la crisis económica, llegando, incluso, en ciertos lugares del sur de Chile, al desabastecimiento en mitad de la más compleja emergencia sanitaria del siglo.

Como nunca antes, el ministro Víctor Pérez y Carabineros, se vieron convenientemente inermes frente a lo que ocurría. Como se sugirió, era evidente un pacto, o al menos una connivencia escandalosa entre autoridades de Gobierno y quienes a esa hora bloqueaban carreteras. Como siempre los camioneros solo depusieron el paro, cuando el ministro los “invitó” a un tardío diálogo –bajo amenaza de acusación constitucional mediante- que ya nada tenía que ver con seguridad –como suelen ser los paros de camioneros- y pasó por la indemnización, con un acuerdo de espuria legalidad, en la que con dineros de todos los chilenos nos haremos cargo, incluso, del lucro cesante cuando se queme un camión en la Araucanía, además del pago al conductor que quede sin trabajo. 

En Chile, pocos gremios tienen más regalías que los camioneros. Sus paros son una orquesta coordinada que bajo la apariencia de sus siempre constantes problemas de seguridad –que por cierto existen- terminan exigiendo rebajas de peajes, bajas impositivas y esta vez indemnizaciones, bajo la amenaza del desabastecimiento y sus recuerdos coléricos del chantaje del paro de 1971 al que se le teme desde Palacio.

Por ahí, reflotó una antigua carta a El Mercurio de noviembre de 2018, del entonces académico, Ignacio Briones –actual ministro de Hacienda- donde criticaba con fuerza las regalías del gremio: “La verdad es que en Chile, el impuesto específico al diésel es uno de los más bajos de la OCDE, es ¼ del que pagan las bencinas y, a su vez es devuelto en un 80% a la inmensa mayoría de los camioneros. En simple esto significa que si un usuario de bencina paga aproximadamente $300 pesos por litro en impuesto específico, un camionero termina pagando $15 pesos por litro (…) y si de privilegios se trata –repetía por aquél entonces el actual ministro Briones- no olvidemos, además, que la mayoría de los camioneros en Chile tributa por renta presunta, sistema anacrónico en el siglo XXI. Esto implica que, a diferencia de la mayoría del resto de los empresarios terminan pagando poco o nada por las rentas que obtienen”.

Con todo, esta vez las regalías aumentaron con un acuerdo que entrega aún más condiciones para un gremio cuya única manera de imponer su agenda es por medio de la presión, la coerción y la fuerza, todo con la mirada displicente de quienes debiesen accionar en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos, más aun encontrándonos en un momento de excepción constitucional. De la carta de Briones: el académico, a la acción del ministro, bastó un par de camiones atravesados en una carretera para claudicar y no aplicar la ley: Otra cosa es con guitarra dicen por ahí.

Más grave aún, es la actitud del Ministerio del Interior y Carabineros, que hace en el uso del espacio público y de la fuerza una evidente diferencia. Hemos entrado en un espiral muy riesgoso, si se trata de fuerzas por las que el gobierno goza de simpatía se aplica manga ancha, sino el mismo Víctor Pérez gran entusiasta de la aplicación de la ley cuando se trataba del “el que no baila no pasa” o de barricadas, hoy mira hacia el lado. Como dice el viejo aforismo, que el ministro debiese conocer: “Donde existe misma razón, misma disposición”. Claramente desde el Gobierno el trato en el uso del espacio público en pandemia, en estado de excepción y en un momento de campaña plebiscitaria no es igual y ello es en extremo preocupante. 

Las imágenes de funcionarios de la salud protestando siendo repelidos por gases y detenciones, mientras los adherentes al rechazo a la misma hora, y sin permiso para manifestarse, hacían una marcha en Las Condes, mientras eran escoltados en su marcha por piquetes de Carabineros, agrava esta sensación de la aplicación política de la fuerza del Estado.

Cuando un gobierno usa la ley a su favor y la fuerza como forma de control de la manifestación social, aplicando mano abierta a aliados y dureza a quienes se oponen al Gobierno arriesgamos ingresar en un espiral que debilita en extremo el Estado de Derecho democrático, y la autoridad se ve imposibilitada en aplicar la ley cuando lo requiere el país. La autoridad política de turno tiene la obligación de actuar con la fuerza pública en igualdad de condiciones, con ecuanimidad, pues se trata de la más férrea herramienta del Estado, y su uso debe hacerse con criterios objetivos y claros.

Nelson Mandela, enseñó que las diferencias siempre ocurren como fenómenos leves que se van tornando iguales o tolerables. El mismo Mandela nos recordó tiempo después que: “Un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio, enseña a los oprimidos a usar la fuerza a oponerse a él”. Este tipo de acciones no permitirán explicar la represión a otros tipos violencia cuando el gobierno disienta con los propósitos que la originan. He ahí lo grave de lo vivido. 

Eso no ocurrió esta semana, y seguirá ocurriendo si no se exige la aplicación de la ley. Es tiempo que la oposición, y en especial los ciudadanos empecemos a exigir igual trato en el uso del espacio público para manifestarnos y manifestar nuestra opinión.  

¿O no es precisamente esa una de las causas centrales de todo lo vivido y discutido en estos meses?

IMAGEN: Bansky (1974), artista urbano inglés de identidad desconocida.

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