Veronica Pinilla

Veronica Pinilla

Ph.D. en Políticas Sociales y Administración, de la Escuela de Sociología y Políticas Sociales, The University of Nottingham; Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile; Administrador Público de la Universidad Central. Consultora Senior con más de 20 años de experiencia en el sector público, en temas vinculados a la reforma del Estado y modernización de las instituciones públicas, transparencia y empleo público. Docente de la Universidad de Valparaíso, y Autónoma. Panelista permanente de Radio la Clave, y Ciudadanos 360 de CNN.

La polémica Briones

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Esta semana se ha desatado otra polémica en la cual, esta vez, esta involucrado el Ministro de Hacienda Ignacio Briones. En el mes de octubre el ministro aludido solicitó, vía oficio a la Superintendencia de Pensiones, la información individualizada de los y las personas que habían solicitado el retiro del 10% de sus fondos de pensiones. La reacción fue inmediata, así tanto políticos/as, instituciones, organizaciones de la sociedad civil a través de las redes sociales denunciaron la ilegalidad de esta acción y muchos de ellos anunciaron acciones legales contra el ministro.

Después de un breve análisis normativo, es posible mencionar que esta acción es totalmente legal, ya que existe una norma explícita que permite que el Ministerio de Hacienda solicite esta y otra información complementaria. El artículo 30 de la ley 20.403 señala que la “Subsecretaría de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, la Subsecretaria de Servicios Sociales, de Evaluación Social y de Previsión Social están facultadas, en el ejercicio de sus funciones para acceder a los datos del Sistema de Información de Datos Previsionales” construida por la Superintendencia, por la Ley 20.255. En este contexto, están facultados para solicitar los datos personales del ámbito previsional de la población. Esta facultad es propia de las funciones de estos organismos, cuyas funciones está la de controlar y fiscalizar estos servicios. En las leyes mencionadas, y en el caso específico de la Superintendencia de Pensiones y la DIPRES, debe respetarse la confidencialidad de la información provista y respetar el principio de probidad administrativa.

En este sentido, no existe tal ilegalidad en la acción de requerir los datos de las personas que accedieron a retirar el 10% de sus fondos previsionales, mas por cuanto el Ministerio de Hacienda puede hacer análisis del uso de los recursos, los montos de recursos existentes y cruzar datos públicos que permita mejorar la información sobre el perfil de la población, cruce de información que contribuya a la focalización de políticas sociales y públicas cuando éstas tengan ese objetivo y estén definidas o mandatadas con ese fin. 

Sin embargo, pareciera que la polémica no termina en la legalidad de la solicitud, sino avanza en el uso de la información por parte del ministerio -un actor público-y la credibilidad de los dichos del Ministro frente a la opinión pública. El hecho que se cuestiona es el objetivo de analizar esta información. En este contexto, ¿es pertinente conocer en detalle el perfil de los ciudadanos y ciudadanas que retiró el 10% de sus fondos previsionales, y desde ahí hacer proyecciones sobe el uso de esos recursos y de la situación económica de esas familias? ¿es relevante para las políticas públicas conocer el destino de esos recursos, y es mas, es interesante para el estado conocer el nivel de ingresos de las familias chilenas y de sus cuentas corrientes? Me parece que toda información que aquí se menciona puede ser extremadamente relevante y útil para la autoridad, toda vez que es primera vez que este retiro se hace efectivo, y es relevante conocer y proyectar el uso de esos recursos, porque el estado debe tener información oportuna sobre este fenómeno económico y los efectos sobre la vida social y financiera de las personas, quienes han podido reducir sus niveles de deuda abultada sobre la pandemia, hacerse sus exámenes médicos, retomar sus actividades, entre otras muchas actividades suspendidas en este período. La certeza de las acciones económicas nos permite tener un mayor conocimiento de sus consecuencias y del rol que cumplen, pero en esto me permito aclarar dos puntos que me parecen relevante.

Primero, lo que parece impertinente es generar juicios sobre las familias que accedieron a retirar el 10% y sus condiciones de vulnerabilidad para el futuro. Los fondos previsionales son recursos de las cotizantes que en este caso fueron sacados para enfrentar una pandemia de carácter mundial, donde la ayuda pública fue insuficiente para resolver las urgencias económicas. El estado no puede, en el futuro, determinar subsidios o ayudas económicas dado el retiro del 10%, por tanto, lo que queda es aclarar que el retiro del 10% es un caso extraordinario y sus ingresos no se consideran como ingresos permanentes de las familias, de esta manera no afectan en nada sus condiciones de ingreso. Lo anterior se hace extremadamente necesario y urgente, ya que el nivel de descréditos de las acciones públicas es demasiado alto para poner en riesgo la atribución que tienen las instituciones públicas de trabajar con los datos públicos sensibles y producir información relevante para la toma de decisiones de las instituciones públicas. 

Segundo, es relevante generar condiciones para que, si este tipo de análisis se hacen sobre la población que ha hecho el retiro del 10% se haga también sobre los ingresos de toda la población chilena, conociendo el nivel de ingresos reales, conocer el destino de sus ingresos, ya que si para el estado es relevante analizar en profundidad la dinámica financiera de los ciudadanos que retiraron el 10%, debería ser mas relevante aún saber como utilizan sus ingresos el decil mas rico del país, que probablemente no ha sacado el 10% de sus pensiones, pero que si influye en forma determinante en la economía interna del país. Cualquier esfuerzo que se haga en esta línea puede ayudar a conseguir una mirada mas comprensiva de la movilidad del país, información que sin duda daría luces de las diferencias en que vivimos los chilenos y chilenas y su acceso a ingresos, créditos, gastos y consumo, y de ahí generar incentivos reales en la línea de construir políticas públicas pro- movilidad social, datos que la encuesta CASEN no logra recoger cada 2 años. 

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