Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

La santidad de los independientes

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“La incapacidad que reveló el sistema constitucional para levantar un dique eficaz frente a las prácticas demagógicas”. La Constitución instauró una “partidocracia”, es decir un gobierno de los partidos políticos, un “gobierno sostenido por pequeños grupos partidarios, herméticos y alejados de las necesidades de la población”. Su “acción desquiciadora” se potenciaba por la “demagogia” de los políticos, movidos por el “ansia de alcanzar el poder a cualquier precio (que) llevó a un desenfreno por captar votos a través de promesas, que constituían un verdadero engaño al pueblo, ya que resultaban imposibles de cumplir.”

Pareciera que estas palabras se repiten por estos días. Luego del aplastante triunfo del apruebo en el plebiscito de fines de octubre, se ha levantado por los sectores estridentes de siempre, una suerte de veto a personas, nombres, caras y partidos políticos.

Las citas con que se inicia esta columna, no son de dirigentes de hoy, pese a que parecieran con mucho a lo que hemos leído y escuchado, por estos días, como señal de veto autoritario. Se trata de frases pronunciadas, ni más, ni menos, que por los autores del régimen que comienza a morir: Augusto Pinochet y Jaime Guzmán. Ambos las plantearon entre 1974 y 1980, en diferentes documentos y alocuciones, para la creación de los principios que inspirarían la nueva institucionalidad que quedaría plasmada en la Constitución de 1980.

La despolitización de la sociedad, de sus grupos intermedios, la desconfianza hacia la política y las instituciones, era la base sobre las que se erigieron los principios de la Constitución de 1980, formulada por un pequeño grupo de juristas adictos al régimen, en la denominada “Comisión Ortúzar”.

La historia es conocida; un Estado con rol subsidiario (mínimo), la desconfianza profunda en grupos intermedios organizados que debían ser despolitizados, la confianza solo en las personas no organizadas e individualmente consideradas para enfrentar los problemas de la sociedad. La atomización de las agrupaciones, sindicatos, gremios era la consigna. La exacerbación del individuo sobre lo colectivo, sobre la confianza en partidos, colegios profesionales, sindicatos. Era “la persona” quien debía salir adelante en una sociedad de libertades económicas y escasos derechos. Por ese entonces, muy pocos o casi ninguno. Ese era el Chile que se creó a partir de 1980 y que terminó de morir el 18 de octubre de 2019 o bien el 25 de octubre de este año.

Por eso llama la atención, que después, de tanto transcurrir la historia, uno vuelva a escuchar argumentos parecidos para evitar que la Convención Constituyente sea “representativa” de las personas y no sea “cooptada por los mismos de siempre” (Léase: Los políticos profesionales).

¿En qué momento de nuestra historia los argumentos del individualismo extremo, la despolitización y el veto maximalista, vuelven a convertirse en los motores de lo que supone debiese ser un cambio con todos y para todos, que no se remita nuevamente a dejar a algunos fuera del debate de manera antojadiza?

Es cierto, han sido grupos minoritarios, asimismo, los partidos deben leer con atención la pésima gestión y capacidad que han tenido para darse cuenta de la profundidad de la crisis, pero revisemos el punto desde una óptica distinta: En octubre de 2019, cuando todo parecía llegar a un punto culmine, cuando los chilenos no sabíamos en que desembocaría todo, entre los tumbos que daba un gobierno de incapacidad absoluta, fue la política (los partidos), esa misma que muchos denostan la que hizo la que es su tarea primordial; esto es, acordar y canalizar por la vía institucional una severa crisis política ¿De lo contrario qué, en una sociedad civilizada?

Esa fue su tarea, y la cumplió, y pese a que algunos ahora se suben a los “trenes de la victoria”, fue esa misma política la que logró un acuerdo transversal (sin varios de los que hoy celebran con emoción e impudicia, señalando que este plebiscito debió realizarse a principios de los 90´s) dando el 15 de noviembre de 2019, una salida de esperanza a una crisis que nadie conducía, con un gobierno que aún seguía y sigue convencido de ataques alienígenas y extranjeros, como un boxeador golpeado en la lona sin ver desde donde vino el ataque. El único ataque venía desde adentro y eran las personas hastiadas del individualismo, la soledad, la desesperanza en el futuro, la desprotección, los errores y horrores de una élite y un gobierno indolente, la desigualdad de aplicación ante la ley, el abuso del mercado que te enviaba a clases de ética luego de coludirte impunemente y te condenaba a la cárcel por vender CD piratas, y un largo etcétera, que incluye por cierto, el derrumbe en la credibilidad de las instituciones ante la frivolidad, la ineficiencia o bien la lenidad de quienes ejercen cargos públicos.

Por lo mismo, hay que ser cuidadosos en los argumentos que se esgrimen para elegir los candidatos que han florecido para integrar la Convención Constituyente.

En democracia no hay vetos, la única limitación posible es la que generan los ciudadanos y ciudadanas a la hora de votar. Es tiempo de entender que si queremos una Nueva Constitución, hecha por todos y para todos, que sea la casa común que termine con el pasado, la cancha debe ser abierta para todos y la única posibilidad de que alguien se encuentre fuera de esa ecuación es presentándose y perdiendo una elección que lo deje fuera de la posibilidad de representar. El derecho de ser elegido y de elegir, son elementos consustanciales a los derechos humanos y la ciudadanía y estaría bueno, que si pretendemos redactar una Nueva Constitución, entendamos aquello, de lo contrario la posibilidad de tener una “Comisión Ortúzar 2.0” con algunos fuera y no sintiéndose parte, es un riesgo que se corre nuevamente, y que ha ocurrido anteriormente en nuestra historia constitucional con las fracturas que ya todos conocemos.

El 25 de octubre, el 78% de los chilenos, que incluye a la amplia clase media en todas sus versiones y colores, las comunas populares, aquellas que han vivido el sacrificio medioambiental, personas independientes y militantes de partidos, que han votado por la derecha, la izquierda y el centro, desde el retorno a la democracia, sufragaron con el propósito de decir fuerte y claro que este camino es con todos, lo que significa incluso, con aquellos que votaron al rechazo por distintos argumentos y que tendrán que tener la representación que Chile les asigne en la Convención.

Una Constitución es un pacto social, que para que goce de la legitimidad que nos ha sido tan esquiva, requiere, necesariamente, que todas y todos nos sintamos parte y por cierto iguales, ningún ciudadano o ciudadana tiene más o menos derecho que otro en participar, nadie es distinto frente a la posibilidad de ser parte del proceso, y nadie se sentará en la Convención Constituyente por “generación espontánea” los y las electas serán el fruto de la participación y la votación. Si usted no quiere a alguien sentado ahí, pues aténgase a las reglas de la democracia, vaya y vote por otro. No hay vetos, no puede haberlos so riesgo de correr los mismos errores u horrores del pasado.

En este proceso sobran los maximalismos, nadie tiene la santidad, ni menos es impoluto, todos y todas, tenemos un pasado, una historia, y será tarea de los votantes desentrañarlas para poder con máxima transparencia e información (algo que sobra hoy en día) elegir a quienes nos representen en nuestras ideas de país. A no caer en los cantos de sirena, ni paternalismos y recordar que “por los mismos” de siempre que tanto se critican como un mantra abúlico, hace menos de tres años los chilenos y chilenas elegimos a un 60% de diputados y diputadas que ejercen sus cargos por primera vez, esto es, ¿Hasta cuándo se es cara nueva y cuando se pasa a ser un político profesional de esos a los que hay que repudiar? ¿Hasta cuándo y dónde se repudia la política que nosotros mismos somos responsables de elegir y generar?

Por último dos puntos adicionales. Los partidos deberán actuar con la generosidad necesaria (o con sentido de realidad si se quiere) si no se abren a incluir personas nuevas, con o sin militancia, si monopolizan el juego con los “mismos de siempre”, ex políticos jubilados con ganas de seguir viviendo de la actividad, probablemente sus resultados sean paupérrimos y no estén bien representados en la Convención, es un tema de oferta y demanda diría un seguidor de Friedmann.

Por otra parte, los independientes “químicamente” puros generalmente obedecen a una lógica de despolitización muy similar a los argumentos con que inicie esta columna, cuidado con ello también, sospecho, desde siempre, de aquellos que se autoproclaman a los cuatro vientos independientes (como sospecho de los que no toman alcohol y no quieren a los perros) sin apellidos y con neutralidad, no saber por quién se vota, puede ser abrir un camino para el caudillismo y reafirmar las ideas que plasmaron la concepción tan arraigada en nuestro país, la del individualismo nihilista y maximalista al que asistimos, una suerte de santidad laica, insoportable, moralizante y falsa.

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