Ignacio Puga

Ignacio Puga

Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica. Dirigente Sindical y Coordinador de Contenidos en Sociedad Constituyente.

Laicismo y nueva Constitución: un debate necesario

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La historia del laicismo en occidente fue durante mucho tiempo una historia gris y oscura, marcada por la omnipresencia religiosa, la persecución y la clandestinidad que, de vez en cuando se hace sentir. En Chile, una de las colonias más alejadas y peligrosas de España, fue la Iglesia a través de sus órdenes religiosas las que forjaron gran parte del orden social y político de nuestro pasado y presente como sociedad, permeando instituciones, espacios públicos y privados, idearios, mentalidades y roles de cada cual según su posición en la sociedad.

El liberalismo avanzó entre la pequeña élite de jóvenes radicalizados que empuñaron las armas por la independencia, pero sabemos lo que pasó poco después entre ellos: las rencillas y personalismos desgastaron los grandes proyectos, y las elites se encargaron de mantener un orden no muy distinto al de la Colonia. En Chile, el orden católico se consagró en el quinto artículo de la Constitución de 1833 donde se declaraba que La religión de la República de Chile es la Católica, Apostólica, Romana; con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra, amarrando el poder de la Iglesia en la nueva República. La aplicación tuvo consecuencias prácticas, sobre todo para los disidentes religiosos, a quienes se les quitaron lo que hoy conocemos como derechos políticos: La Iglesia y no el Estado estaban a cargo del registro de personas, celebraban matrimonios válidos ante la ley, y monopolizaban los cementerios; fueron censurados en el espacio público y perseguidos por las autoridades, las cuales muchas veces se excedían, como hoy, en base a sus convicciones personales. La violencia psicológica, simbólica, física, los hostigamientos y los amedrentamientos eran un deber social de una sociedad católica.   

Un lío pedestre que se dio en una Iglesia el verano de 1856, derivó en una irreparable grieta entre el Estado y la Iglesia –La cuestión del sacristán- por un conflicto de competencia entre tribunales civiles y eclesiásticos. El conflicto derivó a la promulgación de leyes laicas, las cuales se basaron en una visión liberal que contemplaba que el nacimiento, el matrimonio y la muerte, momentos claves de la vida humana, se encontraban en poder de la Iglesia, lo que acrecentaba su poder social y político a costa de la restricción a la libertad de conciencia y de credo.

Para implementar estas medidas, en 1883 se aprueba la ley de Cementerios Públicos, los cuales no podrían discriminar por credo siendo financiados por el Estado: en enero de 1884 se aprobó el matrimonio civil y a mediados del mismo año se crea el Registro Civil: así, la muerte, el matrimonio y el nacimiento pasaron a ser materia de Estado, garantizando un piso mínimo a la libertad de credo y de conciencia, las cuales siguieron siendo restringidas por la Constitución hasta 1925 y por la sociedad hasta mucho más tarde.  

En 1925 el Estado dejó de ser católico -jamás se denominó expresamente como laico- al precio de exenciones tributarias e impositivas a la Iglesia Católica, sin dudas una de las más grandes propietarias de la tierra que ha existido en Chile. 

De ahí en adelante el debate sobre una sociedad laica pareciera haberse cerrado. O quizás fue mucho para una sociedad como la nuestra. De una u otra forma, el siglo XX fue un siglo en que la relación entre la Iglesia Católica y sus feligreses sufrió grandes transformaciones. Sea por la doctrina de la fe, la dictadura, el neoliberalismo, la globalización o el surgimiento del protestantismo chileno en las últimas décadas, la relación entre la sociedad y la religión se reconfigura en un nuevo orden: las expresiones fundamentalistas del catolicismo se dan de manera concentrada pero poderosa desde el seno de la elite, mientras que el fundamentalismo protestante gana espacios en sectores medios y populares, muchas veces como el engranaje de una maquinaria política mayor. Ambos grupos de poder presionan al Estado de derecho y a los derechos de la ciudadanía, suprimiendo la libertad de conciencia y credo,  ¿o acaso vetar el debate valórico en democracia no es también restringir la libertad de conciencia de la sociedad? 

El debate del aborto, del matrimonio igualitario y de la eutanasia, no son más que la continuidad de la discusión sobre las leyes laicas. Los detractores, una continuidad cultural que muchas veces se impone en los otros momentos más cotidianos y no menos importantes de la vida: en el espacio público con el financiamiento municipal de estatuas, símbolos e inmuebles; con formación religiosa en escuelas subvencionadas por el Estado, o en instituciones públicas con capellanías y financiamiento de edificios que se encuentran muy lejos de ser parte del patrimonio cultural y urbano del país, como podría serlo en algunos casos. Hoy, enemigos de la salubridad pública, muchas veces desafían a una autoridad que hace vista gorda al culto religioso, marcando la connotación positiva que el Estado tiene sobre estas personas jurídicas: como lo llamó Squella, un estado religioso que le da libertad absoluta (subvencionada) a religiones que en su versión fundamentalista -y vista la realidad regional- constituyen una amenaza para el nuevo orden institucional.

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