Miguel Yaksic

Miguel Yaksic

Licenciado en filosofía y teología y máster en ética social. Desde diversas veredas ha estado vinculado a lo político y la ética pública. Ha trabajado en la formación de trabajadores, en la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, en el desarrollo de competencias interculturales, en consultoría y docencia universitaria. Actualmente trabaja en el Consejo para la Transparencia y es profesor adjunto de la Escuela de Gobierno UC.

Línea de Vida: delivery y abuso en tiempos de pandemia

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La portada del último The New Yorker me pareció desoladora. Es un dibujo de Manhattan, de noche y con las calles totalmente vacías. A la puerta de un edificio está el repartidor de una app de delivery tocando un timbre. Al lado su bicicleta. La ilustración es de Pascal Campion (se puede seguir en Instagram para ver su obra) y se llama “Lifeline”, cuya traducción literal es “línea de vida”. No hace tanto sentido en español, pero quiere decir ese “algo” de lo cual alguien depende, algo que salva en sentido literal o simbólico, que ofrece una salida en un momento difícil. También es la cuerda que se usa para asegurar o salvar una vida en un naufragio u otro siniestro similar.

Lo que transmite la ilustración es que en medio de la pandemia global los que están manteniendo la línea de vida son los trabajadores que no teletrabajan. Los menos calificados. En este caso los repartidores del Cornershop, de Uber Eats, Rappi o Pedidos Ya. En la soledad de una noche de cuarentena, mientras todos estamos al resguardo de nuestros hogares, los repartidores siguen en la calle. No están ahí porque sean héroes, porque hayan decidido libremente realizar un acto que salve al prójimo, sino porque si no trabajan, no ganan y si no ganan, no viven. Muchos, la mayoría, son personas migrantes.

He estado atento al crecimiento de las empresas online de delivery. Desde la perspectiva del emprendimiento y la innovación son un hit. Es una idea creativa, que ha entrado muy rápido en el mercado, que resuelve un problema muy concreto para la vida de las grandes ciudades y que reporta generosas utilidades para sus dueños. Son empresas con costos operacionales muy bajos. Y, al mismo tiempo, son empresas que han abierto una puerta fácil y expedita al empleo, sobre todo para personas migrantes que están en ese proceso siempre engorroso y lento de regularización, formalización e inclusión.

Ese es su lado luminoso.

Pero tienen también un lado oscuro. La desprotección y la precariedad laboral donde convive paradojalmente la mejor tecnología con las peores condiciones laborales. Tal como se relata en la columna “La otra primera línea: COVID-19 y trabajadores de plataformas digitales” publicada hace poco en Ciper donde sus autores profundizan en un asunto que sabemos, pero que callamos atribuyéndolo a las condiciones del mercado. Como si libre mercado y desregulación fueran sinónimos. Cosa que muchos países europeos han mostrado que no es verdad.

Buena parte del éxito de estas empresas está en que transfieren parte significativa del costo operacional de sus negocios a los trabajadores. Ellos consiguen sus medios de transporte, pagan el combustible, no tienen contrato, no cotizan en una AFP y no cuentan con cobertura de salud. Su lugar de trabajo es la calle. Ahí se sientan en grupos a esperar que se activen las apps. Sin baños, sin lugar para descansar, a merced del frío y del calor.

Si se presta atención, una vez que volvamos a poder salir, no es difícil ver que Santiago se está poblando de unas motos pequeñas con unos pedales. Son fáciles de notar porque son muy ruidosas y contaminantes. Tienen 49 cc. Porque la norma chilena establece que se requiere de patente y licencia en vehículos con una cilindrada mayor a 50 cc. Como son pequeñas, y por miedo a que los atropellen, los conductores les han sacado los silenciadores y las han convertido en vehículos extremadamente contaminantes. Si se dan una vuelta por San Diego, verán que las ofrecen en un montón de boliches. Se han vuelto un gran negocio. Si en Chile los repartidores de las plataformas digitales andan por los 200 mil, imagínense el buen negocio en que se ha convertido la importación de esas motitos chinas.

Estos trabajos se han vuelto una solución para muchos de los 500 mil venezolanos residentes en Chile. Seguramente ellos lo agradecen. Vienen de un país destruido y necesitan urgentemente trabajar. Por eso que no se trata de desincentivar, sin ofrecer alternativas, el consumo de delivery. Porque, aunque se requieren algunos cambios estructurales en materia de regulación, lo cierto es que estas personas necesitan el trabajo hoy. El asunto de fondo es que la innovación, el emprendimiento y la generación de legítimas utilidades no puede ser a costa de empleo precario, desprotección, incertidumbre y contaminación acústica y del aire. La crisis sanitaria nos está mostrando que la línea de vida la sostienen aquellos trabajadores y trabajadoras cuyos trabajos menos valoramos. Las personas que hacen los aseos, los que retiran la basura, el dependiente de un almacén, la cajera de un supermercado, el repartidor de la app. Hoy sabemos, porque lo vivimos todos los días, que la ciudad y la vida no se sostienen sin ellos. Es hora de buscar los caminos para valorar su trabajo.

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