Sergio Espejo

Sergio Espejo

Abogado Universidad de Chile y Master en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Ha sido Diputado, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Superintendente de Electricidad y Combustibles. Enseña políticas públicas en la U. de Chile, integra el consejo académico asesor del programa de medio ambiente de la facultad de Derecho UC y es decano de Ciencias Jurídicas y Sociales de USEK. Abogado socio de Aylwin y Compañía y consultor internacional.

Lo que no entienden

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Lo digo con claridad: Reconozco como una opción legítima el votar “rechazo” en el plebiscito de abril próximo. Creo que es un error, pero no una decisión antidemocrática. Con todo, en una gran parte de aquellos a quienes veo pronunciándose por esa opción, observo una incomprensión profunda de la voluntad soberana que se ha instalado entre las chilenas y los chilenos.

Se pretende hacer de esta discusión una cuestión de tipo “técnico”. ¿Qué rango normativo debieran tener las medidas necesarias para resolver la mayoría de las cuestiones sociales? ¿No pueden ser enfrentadas con medidas legislativas y simplemente administrativas? ¿Es necesario entrar en un proceso que tomará tiempo y nos “distraerá” de lo urgente?

Me parece errar el punto.

El principal aporte del liberalismo político del cual somos tributarios fue el afirmar que era la voluntad de cada persona, y no la autoridad supuestamente emanada de Dios, de la sangre o de la mera fuerza, la fuente sobre la cual descansan las reglas de nuestra vida en común.

Es decir, somos las personas organizadas políticamente quienes determinamos los derechos y obligaciones que nos debemos recíprocamente, así como estructuramos las instituciones que sostendrán la convivencia. Está lejos, por cierto, de ser un ejercicio simple. Tampoco existe un modelo único que responda a la historia, la cultura y las preferencias de las diversas comunidades humanas.

Sin embargo, el denominador común de las distintas sociedades democráticas con las cuales unos u otros tendemos a identificarnos, se encuentra la convicción de que han sido las ciudadanas y los ciudadanos quienes han determinado las reglas fundamentales de la convivencia. 

Eso es precisamente lo que, a juzgar por reiteradas encuestas de opinión, una mayoría sustantiva de chilenos considera que no existe en nuestro caso. Por múltiples razones que no viene al caso analizar aquí, la reforma constitucional de 2005 – pese a haberse llevado a cabo siguiendo las reglas de nuestro sistema político democrático y pese a haber logrado desmontar los enclaves autoritarios de 1980 – no es un instrumento político percibido como producto de la decisión ciudadana.

Y hay razones para percibirla así. Una de las cuales es precisamente el ser el resultado de la negociación entre los representantes sin consulta ni espacio de participación directa alguna de los representados. Lo que podía funcionar en 2005 no funciona en 2020.

Así las cosas, muchos de quienes votan rechazo simplemente no entienden que una de las cuestiones más relevantes que subyace al debate, es precisamente la voluntad mayoritaria de participar y la decisión de no entregar a unos pocos la elección de las reglas que afectarán a todos.

Será necesario, por cierto, llenar de contenidos esta voluntad soberana. Pero eso es parte del juego democrático. Pretender rechazar esta voluntad es desconfiar de la ciudadanía y no comprender que la autoridad última de nuestras reglas descansa en la adhesión libre y el afecto de las mayorías.

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