Claudia Sarmiento

Claudia Sarmiento

Abogada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Chile y LL.M. en teoría legal por la New York University. Fue investigadora del Centro de Derechos Humanos y Editora del Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Colaboradora de los Programas de Género y Constitucional del Instituto Igualdad, e integrante del Directorio de la Asociación por las Libertades Públicas. Socia del estudio de abogados Sarmiento & Walker y Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado.

Los márgenes del debate

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La comisión de constitución del Senado recientemente retomó la tramitación del proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. El Gobierno ha hecho notar su molestia por el hecho de que el Senado conozca el proyecto y espera que este no sea tramitado.  Para hacerlo, ha invocado argumento formal: bajo su interpretación, si existen proyectos de ley que cuentan con urgencia esto inhibe al Senado de conocer otros que no la tienen, como si la urgencia no fuera una orden de prelación y un marco temporal de acción, sino un veto que impide que el Congreso pueda definir cuál es su propia agenda.

Un ejemplo de una reacción similar del Gobierno ante un proyecto de ley cuyo contenido no comparte es el debate sobre el proyecto de ley sobre la jornada laboral de 40 horas que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. En este, el Gobierno ha situado su interacción con los parlamentarios entorno a los límites de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, instalando la tesis de que no es posible que la moción parlamentaria se discuta.

Ambas situaciones son sintomáticas de una forma de entender la relación y el diálogo que debe darse entre poderes del Estado, pero también en la forma que debe tener el diálogo político a secas. Son también indiciarias de cuál es el rol que el Gobierno, y en el, la coalición oficialista, distinguen en el derecho y en particular en la Constitución.

Respecto de la forma en la que pareciera proponerse un diálogo entre Poderes, es claro que este se representa como uno que solo es posible si surge desde la priorización legislativa del Gobierno y si se enmarca dentro de los modelos regulatorios propuestos desde esta autoridad. En este esquema, el Gobierno propone y el Congreso simplemente debería aprobar o rechazar. El espacio para enmiendas solo tendría sentido si se ubican dentro del marco de la solución normativa que inicialmente se planteó. Luego, las hipótesis como el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario y el de jornada laboral de 40 horas, estresan este modelo y la respuesta del Gobierno ha sido la de buscar reprimir legalmente todo atisbo de salida del mismo.

Sin lugar a dudas en este esquema escasea el diálogo. De una parte, pues inhibe la posibilidad de debatir un espectro amplio de preocupaciones que pueden llegar o no, a convertirse en ley. Bajo esta lógica, el Poder Ejecutivo -sea éste u otro- tiene la posibilidad, amparada legalmente, de vetar de facto y de iure todas las iniciativas legislativas y su debate, si estas no se conforman con su agenda. Esto resulta sumamente complejo, pues minimiza al Congreso y desconoce que, como poder del Estado cuya principal misión es la producción de leyes, necesariamente tiene agenda propia.

De otra, pues si bien la Constitución le ha dado amplios mecanismos al Presidente para incidir decididamente en el debate parlamentario, cuestión distinta es que pueda, mediante instrumentos como las urgencias, ordenar qué proyectos de ley puede o no conocer el Congreso.

Por supuesto, existen límites y contornos a la actividad y la dialéctica entre los poderes co-legisladores, pero la propuesta que nos presenta el Gobierno es una donde esta dinámica se construye a partir de la imposición y no del intercambio y argumentación reflexivo que se esperaría enmarcara la actividad legislativa. Una evidente y compleja consecuencia de lo anterior, es que esta forma de obrar imposibilita la generación de acuerdos que requieran altos grados consensos y que trasciendan en el tiempo. Por el contrario, esta dinámica solo redunda en que se paralice la actividad legislativa y que se generen permanentes roces entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y es evidente: si el primero trata de censurar al segundo, el segundo tratará permanentemente de representarle al primer su error.

Este último punto es especialmente delicado: la interpretación que se propone del sentido y alcance de las urgencias y de la iniciativa exclusiva lleva al paroxismo un modelo que ya es excesivamente presidencialista. Si esta prevalece, en los hechos estaremos pasando desde tener un Poder Ejecutivo con amplias facultades, a uno que parece ser un Rex que ordena y determina el contenido de lo que puede revisar, y la forma en la que debe funcionar, el Congreso. Habremos transitado, sin percatarnos, a un modelo que concentra de forma riesgosa muchos más poderes de lo prudente en una sola autoridad política.

El segundo punto que debe ser ponderado con cautela es la representación del derecho que se propone por el Gobierno. Concretamente, el derecho y la Constitución Política, se presentan como una garantía de límite frente al diálogo. En esta visión el derecho es un mecanismo que sustituye la deliberación política. En términos sencillos, se indica que no puede abordarse un tema no por su conveniencia o inconveniencia, por su racionalidad o irracionalidad, sino porque el derecho lo prohíbe; se rechaza el diálogo y en su lugar se ofrece un conjunto de reglas que lo prohíben.

Esto también es problemático. Si solo es constitucional aquello que ampara la posición del Gobierno y todo aquello que no lo es inconstitucional, prevalecerá la sensación de que las reglas del juego solo se acomodan para los intereses de unos y no los de todos. Adicionalmente, si se expone al Tribunal Constitucional a arbitrar los conflictos políticos, se lo coloca en una posición que evidentemente es incómoda, pues lo obliga a reemplazar el diálogo político, por una sentencia.

Esperemos entonces, que ni las urgencias ni la iniciativa exclusiva sean las que resuelvan la suerte de materias tan importantes como las garantías que la institución del matrimonio puede ofrecer a las parejas homoafectivas o la duración de la jornada de los trabajadores. Esperemos que sean el Congreso y el Gobierno conjuntamente, quienes resuelvan dónde y cómo debe hacerse política en Chile. Esperemos que no sea el Tribunal Constitucional el que lo haga.

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