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Luis Cordero en La Segunda: Preguntas incómodas

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Contenido publicado en La Segunda.

Es legítimo castigar a quien justifique, ¿apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura, si afectan el orden público o impiden a los ofendidos ejercer sus derechos? La pregunta no es trivial cuando los hechos constan en informes oficiales, los organismos estatales han pedido perdón y el Congreso les ha otorgado validez legal, concediendo reparación a las víctimas.

Pero esa pregunta tiene una presentación alternativa: ¿es posible que, en base a la libertad de expresión, consideremos legítimo que cualquier persona, especialmente los funcionarios públicos, puedan justificar, aprobar o negar esos crímenes?

Las respuestas a esas interrogantes están provocando una controversia tras la aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que busca sancionar la incitación al odio y la violencia, que ahora deberá conocer el Senado.

Son interpelaciones incómodas porque nos obligan a examinar los límites a la libertad de expresión, un derecho que resulta esencial para el sistema democrático, pero del cual, sin embargo -como sostuvo nuestro Tribunal Constitucional en 2010, al igual que otras jurisdicciones en el mundo-, un sistema legal puede decidir no amparar su ejercicio abusivo cuando se utiliza con el fin de incitar al odio.

Por lo mismo, el debate es global. Después de la Segunda Guerra Mundial, y pese a los esfuerzos realizados por décadas para educar sobre el Holocausto, el antisemitismo y sus consecuencias, algunos países se enfrentaron a este dilema y decidieron castigar estas conductas. Es lo que sucedió en Alemania en 1985 y Francia en 1990. Pero, además, la Unión Europea aprobó en 2008 la decisión marco relativa a la “lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal”, incorporando entre otras cosas la sanción por la “apología pública, la negación o la trivialización flagrante” del genocidio y los crímenes contra la humanidad.

Es cierto que el castigo penal de este tipo de conductas genera una tensión inevitable con la libertad de expresión. Pero tal como han sostenido el Comité de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estas deben ser consideradas restrictivamente solo para proteger a las víctimas y evitar la incitación al odio.

Así las cosas, el proyecto que se discutirá en el Senado es algo más complejo que lo que algunos han planteado estos días, como si se limitara simplemente la libre circulación de las ideas. Las respuestas a esas preguntas son perturbadoras, especialmente cuando discutimos sobre la dignidad de las víctimas, la memoria histórica, el funcionamiento del sistema democrático y la protección de los discursos críticos.

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