Raul Arrieta

Raul Arrieta

Abogado. Cursó sus estudios de Magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile y es Diplomado en Derecho Administrativo por la misma Universidad. Es socio de Gutiérrez & Arrieta Abogados, oficina especializada en derecho y la tecnología. Entre 2001 y 2010 desempeñó diferentes cargos en el Gobierno. Es Profesor de Protección de Datos en la Universidad Central de Chile y Ex-Presidente y Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Malestar social y nueva Constitución

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En las últimas semanas el país cambió. Chile no es ni volverá a ser nunca más el país que nos tocó vivir y construimos aquellos que nacimos después del ´73. Lamentablemente, la forma en que tuvimos que darnos cuenta de ello ha sido muy costosa: en lo social, política y, porque no decirlo también, económicamente.

Las muestras de fuerza que ha realizado la sociedad han sido inimaginables. Dentro de ellas caben aquellas del lumpen que han destruido y deslegitimado todo el proceso con su paso, pero también las que nos emocionan, conmueven y nos llaman a reflexionar profundamente sobre el término del pacto social que se instauró en Chile con la Constitución de 1980.

No es vano recordar que de nuestra Constitución emana el que el Estado debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. El país ha dicho en las últimas semanas con una claridad absoluta que ello fracasó, que el modelo instaurado en la Constitución no ha sido capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de nuestros connacionales ni ha permitido verdaderamente la realización material ni espiritual de una gran mayoría. Ello obliga a generar las condiciones que permitan que el país dialogue en la búsqueda de su destino.

La constitución existe porque el sujeto titular del poder constituyente, que es el mismo pueblo soberano, la ha querido, tomando determinadas decisiones e imprimiendo determinados caracteres. Así, ésta dota de un contenido político que está directamente relacionado con la voluntad constituyente del pueblo soberano y que es un contenido democrático que representa un programa político para el futuro: la imposición a todos los Poderes de imperativos negativos y positivos como fuente para su legitimación, pero además –y diría sobre todo- para su deslegitimación. Constituyen, por así decirlo, utopías de derecho positivo que, a pesar de no ser realizables perfectamente, establecen de todos modos, en cuanto derecho sobre el derecho, las perspectivas de transformación del derecho mismo en dirección de la igualdad en los derechos fundamentales. Sin embargo, si se recurre a la génesis de nuestra Constitución es posible advertir que se vulneraron las reglas procedimentales más elementales de una Democracia, por lo que al fracaso del modelo se deben agregar necesariamente los vicios de legitimidad que tiene por la forma en que el país se la dio.

Así, nuestras autoridades necesariamente deben iniciar un proceso que permita encauzar el malestar social, aquel que se ha visto representado en espontaneas y coordinadas marchas “sin dueño” que han reunido a cientos de miles de chilenos en diferentes lugares del país para decir basta de abusos, discriminación y postergación.

En mi opinión el diálogo necesariamente debe ser encauzado a través de un proceso constituyente, que le devuelva la esperanza a Chile de que podemos hacer las cosas de una manera diferente, que podemos preocuparnos y ocuparnos de todos para convertir en una realidad en nuestro país que el sentido político más importante de la Democracia es la capacidad que poseen sus instituciones para proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos.

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