Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

Marchemos, y yo el primero, por la senda constitucional

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La frase del título no es mía por cierto. En 1820, el Rey Fernando VII de España, publicaba su Manifiesto del Rey a la Nación Española, prestando un acomodaticio y poco sincero apoyo a la Constitución de Cádiz. Sus cínicas palabras, “Marchemos francamente, y yo el primero por la senda constitucional”, resultaban una paradoja en un monarca que no quería trascurrir por la senda liberal que planteaba la Constitución, pero que asustado por las masas pronunció la famosa frase. El horror y la intolerancia habían perseguido a los precursores del Cádiz y a quienes apoyaron al Trienio Liberal nacido de ésta, entre ellos  el propio Goya que abandonó sus pinturas negras para vivir su exilio.

Traigo a colación este acto de hipocresía e incomprensión histórica, pues es necesario tener en cuenta que todo proceso constitucional nace indefectiblemente de la crisis y convulsión institucional, política y social. Lo que parece obvio, por obvio no se dice y por callado se olvida.

En Chile, la Constitución de 1980 y sus cerrojos institucionales, alargaron su vida, más allá de lo posible y gran parte gracias a los sectores que hoy corren por salvar un Gobierno de su signo que se desarma ante la impericia y falta de capacidad. Son los mismos que en su hora se resistieron impenitentemente a iniciar éste dialogo, en su mayoría, y que hoy solo lo hacen, como Fernando VII motivados, en parte, por la misma hipocresía de quien se haya en un callejón sin salidas.

Recordemos siempre, que solo horas antes que el Gobierno abriera la posibilidad de una discusión constitucional (domingo 11 de noviembre), en una de las semanas más complejas para la institucionalidad política desde el retorno a la democracia, el Presidente Piñera (sábado 10 de noviembre) en una entrevista en El Mercurio que quedará para la posteridad se “abría” solo a realizar “algunas modificaciones a la Constitución”. Y es que hay que decirlo, en la discusión constitucional ha sido el Congreso y la política (con mayúscula) quienes han logrado mover el cerco, el Gobierno solo ha acompañado de mala gana lo inevitable, Piñera ha tenido que marchar por la senda constitucional a regañadientes como lo hiciera hace dos siglos Fernando VII.

Solo la crisis social posterior al 18-O logró desamarrar los últimos estertores de un proceso constituyente que hace mucho venía sonando en el debate público.

Baste recordar que desde inicios de los dos mil, son variadas las voces que repetían la necesidad de hacer modificaciones y cambios a la Constitución (Presidente Lagos, 2005), o iniciar un proceso constituyente que permitiera dar paso a un nuevo pacto social (Presidenta Bachelet a partir de 2014).

Dicho lo anterior, cabe honrar el acuerdo político y técnico logrado para iniciar un proceso constituyente  y delinear los tiempos de una nueva discusión constitucional en los próximos años, hecho inédito y que estoy cierto la historia juzgará a su altura, en uno de los momentos más complejos de nuestra democracia.

El acuerdo logrado, primero en el Congreso el 15 de noviembre y luego la redacción de la reforma constitucional logrado por la mesa técnica, además de las discusiones recientes de los diversos sectores políticos en el Congreso (en las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara y el Senado), junto con los acuerdos políticos para abrir espacios a la paridad de la Convención Constituyente, así como escaños reservados para pueblos indígenas, asegurando además el acceso de independientes al proceso, son buenas noticias y corresponde a quienes creemos en el debate político democrático, que éstos sean apoyados en sus esfuerzos.

Es el Congreso, el espacio de deliberación democrática por excelencia, que debe nutrirse de procesos como la consulta que movilizó a más de dos millones de personas por parte de los Municipios a lo largo de Chile para dar a conocer su voz o los miles de cabildos y debates auto convocados a lo largo y ancho del país.

Aislar los acuerdos de la violencia es una necesidad. Pero más allá de lo obvio, el acuerdo constituyente debe ser aislado de la hipocresía y cinismo de quienes –como siempre- se sitúan en el lado incorrecto de la historia aduciendo los más variopintos motivos para deslegitimar o ensuciar un proceso que se ha hecho a la luz de la ciudadanía en el lugar donde corresponde hacerlo en una democracia: El Congreso Nacional.

Por muy criticado que el Congreso sea, no hay proceso constituyente (siquiera en la Revolución Francesa) que haya sido dictado o conformado en la plaza pública a punta de gritos y estridencia.

Con lo anterior, no deslegitimo en caso alguno a “la calle” por el contrario, le atribuyó el peso de su opinión y detonante, de su reclamo legítimo y profundo la posibilidad de echar a andar un proceso constituyente como lo ha hecho en todas partes del mundo los últimos doscientos años. Si esto se ha iniciado, es el pueblo de Chile quien ha puesto con su entusiasmo y la protesta (sobre todo pacífica) sobre la mesa la posibilidad de lo que hoy discutimos.

Por el contrario, creo que los acuerdos y el cronograma constitucional, como asimismo los espacios para iniciar su marcha, requieren de ser defendidos de aquéllas fuerzas que atribuyéndose de distintas formas el purismo de “la calle” pretenden lograr sus cometidos egoticos de agenda propia y arrogarse la representación del pueblo que no tienen o del que carecen.

En breve, el proceso constituyente hay que atribuírselo a los chilenos que salieron masivamente a las calles, pero hay que defenderlo construyendo el proceso desde el Congreso, asilándolo de quienes con el cinismo de Fernando VII o el jacobinismo maximalista pretenden ser representantes de voces que no son las de quienes han dejado todo para que esto sucediera. Si algo ha demostrado la fuerza de éste estallido en su generalidad es que chilenas y chilenos de todas las edades, condiciones y creencias han salido a la calle a exigir lo justo sin más banderas que el hastío y el cansancio de un modelo agotado.

Cuando me refiero a defender el proceso, es de aquellos que por distintos motivos, creyéndose dueños de su verdad pretenden manejarlo, imponer sus tiempos o determinar quiénes y cómo son representativos para monopolizar la voz de los chilenos.

En efecto, en el último tiempo hemos asistido a espectáculos como los del Partido Comunista o los Humanistas y ciertos sectores del Frente Amplio (hay que destacar en esto la responsabilidad de los diputados Boric, Mirosevic y de Revolución Democrática que han honrado los acuerdos) y han intentado minar, acaparar el maximalismo para llegar a verdades absolutas (pese a que la noche del acuerdo se negaron a negociar).

Por otra parte, sectores de la derecha intentan resucitar y aún creen que la Constitución de 1980 puede “salvarse” en privado y entre dientes en público. Ejemplos de ello, han sido transmitidos por la exegesis de última hora del acuerdo por parte del senador Allamand, y de la UDI de cuyos 29 diputados, 19 se han negado a apoyar un nuevo texto constitucional por tratarse de un “salto al vacío”, una opinión válida solo si es expresada abiertamente ante la ciudadanía y mostrando transparentemente cualquier intento de bloqueo para llegar acuerdos.

Por otra parte, se encuentra José Antonio Kast quien ha sostenido el risible argumento que el proceso constituyente sería ilegítimo pues habría nacido de la violencia, con Kast solo queda recomendarle recorrer históricamente cualquier proceso constituyente de los últimos doscientos años.

Hay un esfuerzo democrático de quienes creen que es necesario un nuevo pacto social, desde la RN de Mario Desbordes, las recientes declaraciones de Joaquín Lavín (la historia ha probado que entre lo que dice y hace puede haber un largo trecho; otorguemos el beneficio de la duda) y los sectores de la ex Nueva Mayoría o la centro izquierda democrática que en el proceso de crisis han mantenido –evidencias más o menos- la serenidad de ayudar a sostener políticamente a un gobierno democráticamente electo (condenando con fuerza las violaciones a los derechos humanos) e iniciar un serio debate constitucional que permita concordar de buena fe un nuevo texto constitucional.

Sobre éste último espacio democrático, y obviamente sintiéndome parte del mismo, constato lamentablemente un terror incipiente al jacobinismo, a sentir que si no se está con esa izquierda que se atribuye sin razón “la calle” como un mantra divino que lo justifica todo, serán condenados a la hoguera, al “troleo” de redes sociales.

La izquierda democrática tiene que levantar su voz, demostrar que en éste proceso coyuntural de complejidad extraordinaria ha estado a la altura de asegurar dialogo democrático, encontrar espacios para acordar con el Gobierno, sin por ello, concederle la justificación a actos aberrantes y las excusas frente a lo evidente.

La izquierda democrática debe levantar la voz de la responsabilidad democrática, de aquellos, que tienen y han tenido la responsabilidad de la difícil tarea de gobernar, sabiendo que ello puede no ser popular ante los estridentes, pero que a la larga será visto y valorado por los chilenos.

Para muestra solo un botón al cierre. Con el tiempo, en la misma España de Fernando VII, doscientos años más tarde, Podemos se descalabró y el PSOE mantuvo la primera mayoría. Solo así no solo por razones estrictamente electorales, sino éticas y de responsabilidad con el país, demostraremos que podemos asegurar gobernabilidad –como lo hemos hecho siempre- y dar solución y respuesta a éste nuevo tiempo.

Para eso se requiere voz y firmeza en lo que sostenemos, sin complejos, ni cinismos, pero sobre todo sin miedo.

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