Miguel Yaksic

Miguel Yaksic

Licenciado en filosofía y teología y máster en ética social. Desde diversas veredas ha estado vinculado a lo político y la ética pública. Ha trabajado en la formación de trabajadores, en la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, en el desarrollo de competencias interculturales, en consultoría y docencia universitaria. Actualmente trabaja en el Consejo para la Transparencia y es profesor adjunto de la Escuela de Gobierno UC.

Mecanismos permanentes de regularización migratoria

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En segundo trámite legislativo se encuentra el Proyecto de Ley de Migraciones. Es el tercer proyecto que ha sido tramitado en el Congreso desde el primer gobierno de Sebastián Piñera. 

Ha sido un proyecto debatido. En materia de migración y refugio, la sociedad civil se encuentra muy organizada. Tanto en la academia como en las organizaciones. Es algo común en el mundo. Y por eso, el trabajo de incidencia que realizan es contundente. No solo porque es abundante, sino porque está muy bien fundado en evidencia y en la experiencia del trabajo directo con personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto de ley es que termina con la posibilidad del cambio de categoría migratoria dentro del territorio del Estado de Chile. Hasta ahora, una persona que ha ingresado como turista puede cambiar su estatus a residente temporal por la vía de una visa sujeta a contrato, por vínculo con chileno, por tratamiento médico, por embarazo, etc. 

De acuerdo con el proyecto en trámite, cualquier persona extranjera que busque residir en Chile tiene que hacerlo tramitando una visa en el consulado chileno en su país de origen. Los criterios para solicitar esa visa serán establecidos por la vía administrativa. 

Las visas consulares son un buen mecanismo para ordenar y regular los flujos migratorios. Pero no son suficientes. Por eso la pregunta clave es si las disposiciones de este proyecto de ley, que se convertirán en política pública migratoria, van a favorecer o disminuir la irregularidad migratoria. 

Una persona se puede encontrar en situación migratoria irregular por dos causas: por haber ingresado al país por un paso no habilitado o de forma clandestina, o por permanecer en el país más allá del plazo establecido en su visa. A contrario sensu, esta situación se produce no porque una persona migrante quiera burlar la ley, sino porque habiéndose visto a migrar forzadamente, no ha encontrado la posibilidad de hacerlo de forma regular. Porque los países de destino no quieren o no son capaces de establecer mecanismos que faciliten una migración regular. Cuando la causa para migrar está en la pobreza, en la falta de oportunidades, en la violencia o en Estados fallidos las personas vulnerables migran porque no tienen otra opción.  Y no importa las políticas restrictivas que los países de destino inventen, las personas seguirán migrando igual. 

En ese sentido, la irregularidad migratoria es un hecho. En todo el mundo. Crisis como la venezolana o la siria han generado una enorme presión migratoria en los países vecinos.  Y por eso que la pregunta fundamental es qué política migratoria necesita Chile para no generar una irregularidad migratoria estructural y favorecer lo que Naciones Unidas ha llamado en el Pacto de Marrakech una migración “segura, ordenada y regular”. 

En el Senado, los senadores Latorre (RD) y Allende (PS) han introducido una indicación al proyecto de ley. Tal indicación propone un permiso de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales que puede ser solicitado por la persona migrante en el consulado, antes de partir, o en la frontera chilena. Esta indicación ha sido fuertemente contestada por el gobierno, quienes señalan que destruiría toda la política migratoria porque muchas personas podrían llegar a la frontera en búsqueda de oportunidades laborales, generándose así flujos migratorios demasiado grandes. 

Se trata de una indicación maximalista y, tal como está planteada, no es una buena idea. Es cierto que las personas migran a Chile para buscar trabajo (solo personas altamente calificadas migran a Chile ya contratadas) y, por eso, hay que buscar tipos de permisos que permitan a las personas venir a buscar trabajo. Una visa de oportunidades con criterios amplios, que reconozca el perfil real de quiénes vienen a buscar trabajo es la mejor alternativa. 

Pero eso no resuelve todo. En un país con una frontera tan extensa y porosa, la migración irregular no se va a detener.  Y por eso, como todas las leyes migratorias modernas (España, Portugal, Alemania, Estados Unidos, México, Argentina, etc.) nuestro proyecto de ley debe imperiosamente contemplar mecanismos permanentes y ordinarios de regularización migratoria para personas que ya se encuentran dentro del territorio del Estado. Es abrumadora la evidencia que muestra que la irregularidad es la causa de mayor exclusión de una persona migrante. También es abrumadora la evidencia que muestra que las personas caen en la irregularidad porque se han visto forzadas a estarlo y, por eso, son víctimas. Han sido víctimas en su país de origen, en el trayecto y en el país de acogida. Y la experiencia y la evidencia también muestra que, sintiéndose seguras de que acercarse a la regularización no será una trampa para la deportación, hacen todos los esfuerzos que están a su alcance para regularizar su situación. 

En el mundo, la mejor política contra la irregularidad migratoria es contar con mecanismos de regularización ordinaria. El otro camino contra la irregularidad es la expulsión. Pero es un mal mecanismo. Porque suele separar familias, contravenir el principio del arraigo, afectar el interés superior del niño, exponer a las personas a más vulneraciones. Pero, además, es una política extremadamente cara, muy ineficiente porque las deportaciones son muy bajas cada año y tienen consecuencias diplomáticas negativas. 

Si nuestra futura ley migratoria busca colaborar en el diseño de una política eficiente, orientada a la regularidad y a la seguridad de las personas, destinada a disminuir las redes de tráfico y trata de personas y disminuir la irregularidad, tiene que crear mecanismos ordinarios de regularización. En caso contrario, será una fuente de una creciente irregularidad estructural y ya sabemos cómo eso impacta negativamente en el empleo, en los salarios, en la vivienda y en la vida de las propias personas migrantes. 

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