Claudia Sarmiento

Claudia Sarmiento

Abogada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Chile y LL.M. en teoría legal por la New York University. Fue investigadora del Centro de Derechos Humanos y Editora del Anuario de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y asesora del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Colaboradora de los Programas de Género y Constitucional del Instituto Igualdad, e integrante del Directorio de la Asociación por las Libertades Públicas. Socia del estudio de abogados Sarmiento & Walker y Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado.

Nada es lo mismo, todo se parece

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Comprendo por qué muchos afirman que no anticiparon la crisis social que eclosionó en octubre. No obstante, no comprendo a quienes se sorprenden.

Nuestro país es uno que tiene grandes y vergonzosos grados de inequidad social, pero que conscientemente se ha negado a modificar ciertas estructuras que previenen que avancemos a un paso más celero en su reducción. Quiero detenerme y citar parte del diagnóstico del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad, el cual, si bien data de 2008, parece estar más vigente que nunca. “El mercado es un mecanismo eficiente para asignación de recursos y la generación de empleo, pero no resuelve el problema de la equidad; tiende a preservar la distribución regresiva inicial. Por otra parte, la política social ha cumplido un rol importante en reducir la desigualdad de ingresos existente, aun cuando, como hemos visto, queda una brecha importante que nos interesa abordar.”

Este informe debe ser complementado con otros, como “Desiguales”, de 2017, del PNUD. Dentro de sus conclusiones esta la noción de que, tras nuestros auspiciosos promedios de ingreso per cápita, se escondía una distribución profundamente inequitativa.

No pretendo indagar en detalle sobre las causas tras el estallido social, ni el momento en el que se desencadenó. No obstante, basta leer las paredes de la ciudad o escuchar los cánticos de las marchas para comprender que, tras ellas, se encuentra nuestra postergada justicia social.

La resistencia a hacer cambios profundos redundó en el cuestionamiento de la propia matriz del sistema, nuestra constitución. Si bien es cierto que en ella no estarán las respuestas a las demandas inmediatas por mejores pensiones, acceso a la salud salarios justos, es innegable que la constitución del ’80 consagra una visión del Estado y de laa economía que no nos ha permitido ofrecer alternativas reales en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Lo importante de esto es una obviedad: el debate constitucional es uno sobre nuestro pacto social. Es uno que nos invita a pensar sobre el Chile del presente, pero también el de los próximos 50 años. Y, aunque se escribe en una hoja en blanco, felizmente no sobre un país en blanco. Nuestra vida en democracia ha tenido luz y sombra y nos debemos a esta historia. Esto explica porque la comisión técnica encargada de redactar la enmienda a la Constitución del ’80 que nos habilite para reemplazarla completamente, estableció como límite el que el nuevo texto consagre una democracia, una república, respete los tratados internacionales y las sentencias firmes y ejecutoriadas.

Claros los límites, la pregunta que surge es qué podemos esperar, máxime si pensamos que los acuerdos que se alcancen requerirán de la adhesión de dos tercios de los convencionales. La respuesta dependerá en buena medida de quiénes sean los convencionales. A pesar de este factor de incertidumbre, es evidente que seremos nosotras y nosotros, los chilenos de 2019, quienes lo haremos. Porque ni alienígenas ni un poder foráneo iniciaron la revuelta, ni ellos tomarán las decisiones.

Luego, es urgente que apostar a una integración que nos conduzca a un proceso que sea ampliamente compartido por todos, más allá incluso del contenido final del texto de la nueva constitución. Si insistimos en resistirnos, como algunos se aferraron a la constitución del ’80 para defender el modelo político y económico, a las demandas de paridad, integración de los Pueblos Indígenas y de independientes, seguiremos anquilosados a un ciclo excluyente que limitará la legitimidad de la Nueva Constitución.

La conciencia sobre la trascendencia de este momento debe iluminarnos para superar nuestros errores y prevenir reiterarlos. El debate sobre quienes participarán en la Convención Constituyente, sea a secas o mixta, no es un purismo antojadizo. Es, tal y como un afafan, un grito reivindicatorio profundo y digno que no debe, ni puede, ser soslayado. Mujeres, pueblos indígenas e independientes, reclaman con justicia su debido lugar en el espacio del poder. Ojalá no existan los oídos sordos porque es de esperar que esta vez la constitución si pueda ser, verdaderamente, fiel reflejo de un pacto social donde todas y todos seamos acogidos.

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