Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

Pidiendo el var

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El anuncio del Gobierno de llevar 17 proyectos de ley actualmente en tramitación en el Congreso, además del –a estas alturas emblemático proyecto de las 40 horas de jornada laboral-, al Tribunal Constitucional, imponen nuevamente una tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento, pero minan la credibilidad del Tribunal Constitucional, que la nueva presidenta de ese órgano, María Luisa Brahm ha pretendido imprimir institucionalmente, luego de la personalista presidencia anterior del organismo. Brahm una abogada reconocida por su seriedad y pulcritud severa ha intentado por medio del acuerdo con otros ministros de imprimir un nuevo sello institucional a la institución.

La pérdida de control de la agenda política del Gobierno a partir de la moción parlamentaria de la jornada de 40 horas, y la errática actuación del Ejecutivo por salir a detener un proyecto –que bajo la sacrosanta creencia en la encuestas de éste Gobierno- pasó del ridículo a la pérdida de credibilidad total, al plantear ideas tan absurdas como que en la diferencia de una hora se generaban la merma de 350.000 empleos, mientras que en la ganancia de la hora gobiernista se crearían 303.000 empleos. Luego de lo anterior, el punto llegó al paroxismo de la imposibilidad de apagar incendios forestales, a no poder jugar la Copa América en un claro desconocimiento de las normas del Código del Trabajo que generó un festival de “memes” en redes sociales.

Pero, vamos a lo que preocupa. El cesarismo presidencial que propone el Ejecutivo al intentar enviar proyectos de ley para analizar la constitucionalidad de mociones parlamentarias tensiona al máximo a una institución cuya legitimidad, a mi juicio injustamente en parte, ya se encuentra en entredicho.

El Tribunal Constitucional, se ha visto forzado a mi juicio por tres elementos centrales:

En primer lugar el desconocimiento ciudadano de sus verdaderas atribuciones en materia no solo de cuidado de la supremacía constitucional sobre las normas, sino sobre su función garantista de derechos para los ciudadanos en el caso del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En segundo lugar, por un pecado en su composición político-partidista que ha minado su cara profesional –que la hay- y por último, por el “filibusterismo” parlamentario y hoy presidencial con que lo ha utilizado cierta derecha política, llegando a ser llamado una “Tercera Cámara” para efectos de suplir minorías en el Congreso.

Pese a que el Tribunal Constitucional existe desde la reforma de 1970 a la Constitución de 1925, el control de constitucionalidad se radicó en éste órgano, mientras el elemento más importante y desconocido para el ciudadano en la labor del Tribunal –a mi juicio la existencia del recurso de inaplicabilidad- radicó en la Corte Suprema hasta la reforma constitucional de 2005. Más allá de posibles mejoras y reformas al Tribunal Constitucional, la Corte Suprema ejerció la inaplicabilidad de las normas al caso concreto en contadas excepciones, dejando al ciudadano en una mayor desprotección frente al ejercicio de sus derechos, asunto que vino a corregir el Tribunal Constitucional.

La reforma de 2005, agregó al Tribunal Constitucional esta fundamental tarea. Hoy los ciudadanos tienen una nueva herramienta concreta para revisar las resoluciones de los Tribunales de Justicia, mientras exista “una gestión pendiente” a la luz de la norma constitucional. Incluso los jueces de instancia, de oficio, pueden solicitar la interpretación de una norma a la luz de la constitucionalidad de la misma. Ello impacta positivamente en una garantía de cautela de derechos fundamentales para los ciudadanos.

Otro de los grandes problemas del Tribunal Constitucional radica en su composición. Pese a que muchos de sus ministros, proviniendo su nominación de criterios partidistas, han ejercido su rol con seriedad y altura a la dignidad del cargo, no es menos cierto que un órgano constitucional trascendental no puede depender de la voluntad de sus miembros, sino de las certezas de su institucionalidad. En este sentido, también en éstos años, hemos observado ministros que haciendo eco de su nominación política han trasformado sus decisiones en resoluciones político partidistas que han tendido a deslegitimar sus argumentaciones.

Es necesario buscar mecanismos que permitan generar un Tribunal Constitucional compuesto por el mérito académico y profesional de selección de sus miembros, más que por nominaciones partidistas.

Es cierto, todo Tribunal que ejerce su tarea tiene en sus fallos un componente político o una posición, pretender la neutralidad de sus resoluciones es una ilusión hace rato superada por el Derecho, pero aún pueden conseguirse mecanismos que hagan de la institución un espacio de deliberación profunda sobre la supremacía constitucional y una serie de materias menos conocidas para el público que el Tribunal debe cumplir en una sociedad democrática, más allá de las tensiones propias de la reyerta política.

Quizás la más conocida, y por lo mismo, la más polémica de las atribuciones del Tribunal radica en el control preventivo de constitucionalidad.

A mi juicio, el problema no radica únicamente en las decisiones del Tribunal –para los olvidadizos el TC falló también a favor el control del proyecto de la Presidenta Bachelet de interrupción del embarazo en tres causales-, sino en el “filibusterismo” o abuso de esta herramienta constitucional por parte de algunos parlamentarios y hoy por el Ejecutivo, que ha llevado a intentar torcer la voluntad soberana del Congreso por esta vía intentando con ello que el Tribunal Constitucional dirima como “Tercera Cámara” –como la ha denominado despectivamente Atria entre otros- sobre asuntos que debiesen ser resueltos con rigor por el Congreso o bien por el Ejecutivo en su rol de colegisladores en torno a acuerdos y diálogo democrático. Mención aparte cabe a los equipos técnicos y secretarios de la Cámaras y comisiones que tienen el deber de pronunciarse de forma no vinculante sobre la constitucionalidad de un proyecto y asesorar a parlamentarios en sus mociones.

Un caso. El Ejecutivo frente al proyecto de ley de la jornada laboral de 40 horas amenaza con llevar dicha moción al Tribunal con el fin que se declare su inconstitucionalidad por tratarse de una materia propia de iniciativa presidencial.

Pues bien, el Presidente de la República, prefiere –perdonen el símil futbolístico- “patear al corner” y someter a la tensión institucional al Constitucional, con una decisión política que el mismo podría resolver. El veto presidencial del proyecto aprobado, contemplado en la Constitución permite aquello, pero un Ejecutivo dedicado a la “encuestología” no está dispuesto a asumir el costo de vetar, resultado; envía el proyecto al vilipendiado Tribunal Constitucional para ver que hace y como resuelve el problema.

Aunque aquí he intentado resumir algunas de las visiones personales sobre el Tribunal Constitucional, no soy de aquellos que cree en su supresión. El Tribunal Constitucional resguarda la supremacía del texto constitucional.

Con “pecado” de origen o sin él (como gusta llamar a los nostálgicos que refundan el país como si nada hubiese pasado), la Constitución reformada en el caso en 2005, constituye la Carta –siempre perfectible o reemplazable- con que una sociedad se da las reglas del juego democrático.

Sin un órgano que cautele la supremacía de la norma constitucional, la norma de la Carta Fundamental pierde vigor frente a la ley, por eso resulta necesario no eliminarlo, si fortalecerlo, mejorar su capacidad para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano.

Para lo anterior, es necesario que se modifique no solo su composición, sino también la forma como los poderes del Estado resuelven sus tensiones y conflictos, no utilizando para ello, como en la analogía futbolística todo tipo de “triquiñuelas” para hacer tiempo tirados en el piso o sacando la pelota fuera de la cancha cuando viene el adversario.

Jugar en el campo político requiere necesariamente asumir la responsabilidad de las tareas de cada cual, algo cada vez más inusual en ciertas autoridades, que en vez de jugar hacia adelante, pasan la pelota hacia atrás en la cancha para evitar ser los malos del partido.

Lo peor es que no solo inventan “planchas” y faltas en la línea, sino que le piden al árbitro -si ese mismo que es “saquero” cuando no le conviene a nuestro equipo- que pida el VAR para revisar la jugada.

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