Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

¿Por qué cambiar la Constitución?

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Hasta aquí la discusión sobre el por qué debemos tener una Nueva Constitución se ha reducido a importantes temas como la legitimidad de la misma, el proceso histórico que la conformó y fue estructurando el pacto político de la dictadura y la transición política, pero poco se ha enunciado respecto de los cambios que se requieren, los límites impuestos por la reciente reforma constitucional y menos sobre la justificación de los mismos.

En democracias plenas, las sociedades son capaces de procesar los cambios sociales con eficiencia, rapidez e innovación. Estoy cierto que gran parte de la crisis chilena tiene que ver con la que padecen desde hace más de una década otras democracias occidentales, todos sistemas políticos que no han sabido procesar la velocidad de los cambios y transformaciones del mundo moderno y su instantaneidad.

Procesar el cambio requiere de soluciones flexibles en el pacto político fundamental que es la Constitución de un Estado. Lo lógico, entonces, es que las constituciones recojan una narrativa que finalmente es la poesía de los anhelos, las confianzas, la legitimidad, desconfianza y descrédito del proceso político y sea, por tanto, una manera de canalizar el diálogo democrático y civilizado para resolver en parte los problemas de una sociedad.

Lo anterior hace definirme por una Constitución minimalista, que fije las máximas esenciales del proceso político, del ejercicio del poder público en sí mismo y respecto de los derechos y garantías para con el Estado, por ende, debe regular aquéllos acuerdo mínimos que tenemos como sociedad. Por el contrario, todas aquéllas materias donde hay disensos deben entregarse a ser decididas por la política democrática de mayorías con respeto a las minorías.

En efecto, elementos como la participación del Estado en la regulación económica y su participación en su rol empresario, regionalización, recaudación tributaria especial en regiones y comunas, como asimismo, materias tales como el derecho de sufragio, nacionalidad, la regulación particular sobre funcionamiento del Congreso Nacional y otros órganos del Estado o bien asuntos como la carrera funcionaria, sistema electoral y el desarrollo de derechos fundamentales y sus límites en el detalle debe entregarse con más flexibilidad al proceso político y a la regulación legal, lo que permite una mejor administración del cambio de la sociedad y una respuesta rápida, innovadora y pragmática a los problemas sociales.

En Chile se ha hecho lo contrario. La Constitución del 80, se convierte en un impedimento por sus altos quórums para provocar cambios rápidos en materias que deberían estar sometidas al debate político y la evaluación permanente de mayorías y minorías, en efecto, el desarrollo de la misma expresada en palabras de Jaime Guzmán buscaba “procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría –valga la metáfora-, agregaba Guzmán Errázuriz, “el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Las palabras de Guzmán, recogen de manera patente la filosofía de un país que conserva en su historia el status quo, sin determinismos históricos de por medio, una manera de procesar las transformaciones lentas, donde el sistema político corre detrás de las necesidades de sus ciudadanos: 1829 con Lircay, 1851 contra el conservadurismo inmovilizante de Montt-Varas, 1891 y su Guerra Civil, el proceso de intensa inestabilidad entre 1891 y 1932 y la entrada en vigencia de la Constitución de 1925 hasta el Golpe de Estado de 1973, son algunas de las heridas de un elástico que se estira contra cualquier transformación exasperando a una sociedad que empuja avances y mejoras. No por nada Chile tuvo el récord de ser uno de los últimos países del mundo en legalizar el divorcio en 2004 (sólo faltaban Malta y por razones obvias El Vaticano), el aborto en tres causales, la eliminación de la sodomía como delito (1989), la igual filiación de los hijos en una sociedad donde más de la mitad de sus niños nacía fuera del matrimonio, o aún no adopta decisiones en torno al  matrimonio igualitario y la adopción homoparental (baste decir en este último punto que la nueva treintañera primera ministra de Finlandia es hija de un matrimonio gay). Baste solo anotar al margen que en todos estos temas, los que hoy propugnan sobre la base del viejo argumento del miedo el fin de la sociedad (como lo hicieron antes también) se equivocaron entonces y probablemente lo hagan mañana también a propósito de esta trascendental definición constitucional.

La pregunta entonces es: ¿Qué de nuevo debe tener una Nueva Constitución?

Un acuerdo sobre los derechos fundamentales a proteger, sobre el sistema democrático y republicano. Ese es el “desde”, límite que impuso el artículo 135 actual tras la reforma constitucional, artículo que pocos han leído y conocen pero que es la esencia para dar certezas a los límites que tiene la Constituyente para definir el texto de la Nueva Constitución: En ello se resguardan derechos y garantías en su esencia como el debido proceso, el derecho de propiedad, el derecho a la vida, entre otros, regulados en los Tratados Internacionales, las sentencias nacionales e internacionales que han desarrollado profusamente éstos y otros derechos fundamentales y que no podrán ser modificados en su esencia por el constituyente.

Leer por estos días el actual artículo 135 de la Constitución es un deber para entender los límites y convencer a aquéllos que temen un cambio constitucional.

No existe la hoja en blanco, existe un procedimiento para crear una Nueva Constitución con límites muy claros y precisos, con una forma de dirimir diferencias, con quórums que aseguran acuerdos políticos amplios y duraderos, con procesos plebiscitarios de entrada y salida que dan legitimidad y tiempo para observar cómo se desarrolla el proceso de cara al país y decidir al final del camino si regirá una Nueva Constitución construida sobre el consenso o bien sostendremos como vigente la Constitución de 1980 que a la fecha del plebiscito de salida y promulgación de la Nueva Constitución tendrá plena vigencia.

No hay salto al vacío, no hay hoja en blanco. Hay tradición constitucional para construir los acuerdos mínimos, hay límites claros y precisos –en el caso de los tratados internacionales de derechos humanos- con mucho mejor desarrollo de los derechos fundamentales en su técnica jurídica y de fondo que la actual Constitución, que aseguran derechos tan relevantes como la vida, la propiedad privada y los derechos sociales.

Por último ¿Qué mejorar y cambiar? Definir con pragmatismo y soluciones de índole legal el rol que el Estado puede jugar en la regulación económica eliminando el rol subsidiario, pero entregando la participación del Estado a soluciones flexibles acordes a las discusiones de las mayorías circunstanciales. Otros temas, reconocer la plurinacionalidad del país e idiomas originarios, estatutos especiales (como los que existen en la Constitución actualmente para Isla de Pascua y Juan Fernández que no han avanzado en términos de desarrollo legal) para un trato distinto del Estado con los pueblos originarios, entendiendo por ello no la autonomía sino la integración en la diferencia dentro de una misma Nación. La declaración de principios básicos que permitan determinar que nuevos fenómenos sociales como el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción atentan contra el Estado de Derecho y ello debe tener contrapartidas y sanciones gravísimas en quienes incurran desde el sistema político a propiciar dichos actos, asimismo, la declaración de principios que permitan manifestar como un elemento de la institucionalidad, tan importante como los fenómenos señalados anteriormente, que quienes atenten contra las reglas del mercado por medio de la colusión o los delitos económicos, especialmente serán severamente condenados por ley, pero  se considerará como un atentado a la institucionalidad tan grave como el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Junto con ello, la atenuación del presidencialismo, aumentando el control del Congreso, la Contraloría y el Ministerio Público sobre sus acciones, especialmente en las iniciativas de ley del Congreso, el manejo de urgencias, quórums de votación de normas de menor entidad, además de entregarle más facultades a la Contraloría General en el control no solo de la legalidad, sino directamente de la persecución de actos de corrupción y en la esperada instalación de la justicia contenciosa administrativa largamente postergada desde 1925.

Es necesario además eliminar simbólicamente la regulación constitucional de las Fuerzas Armadas y del Cosena (materias propias de regulación legal) y mantener la autonomía del Banco Central que ha dado probado cuidado de la estabilidad macroeconómica del país.

Por último, para iniciar el debate creo en un órgano que sostenga la supremacía constitucional –TC o Corte Suprema- que tenga composición por jueces especializados en materias constitucionales que provengan de la carrera judicial y que por cierto tutelen la constitucionalidad de las normas más que por el control preventivo (que debe ser más estricto para no usarse como arma política) y que mantenga la inaplicabilidad por inconstitucionalidad para proteger los derechos de los ciudadanos –profundizando esta herramienta- y entregando también a dicho órgano el conocimiento del recurso de protección que debe reforzarse en su tutela de derechos.

Iniciemos un debate. Convenzamos que no damos un salto al vacío como quieren sostener los mismos que no quieren procesar ningún cambio, sino asilarse en sus bastiones y miedos, digamos que regularemos, partamos el debate constitucional y demos garantías que el diálogo debe canalizarse civilizadamente en la Constituyente. Llegó el tiempo de las mesa de trabajo y dejar las consignas de lado si queremos por fin hacernos cargo de los cambios que queremos.

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