Raul Arrieta

Raul Arrieta

Abogado. Cursó sus estudios de Magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile y es Diplomado en Derecho Administrativo por la misma Universidad. Es socio de Gutiérrez & Arrieta Abogados, oficina especializada en derecho y la tecnología. Entre 2001 y 2010 desempeñó diferentes cargos en el Gobierno. Es Profesor de Protección de Datos en la Universidad Central de Chile y Ex-Presidente y Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Protección de Datos Personales. Reflexiones sobre el Diseño Institucional.

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Desde hace algún tiempo ya que el inadecuado tratamiento de los datos personales ha ido ocupando la agenda pública y la noticiosa. Normalmente, no con muy buenos augurios, sea porque no dejan de sorprendernos las empresas y los órganos del Estado por el uso y abuso que hacen de los datos o porque los órganos que tienen algún nivel de injerencia en la protección de los derechos de los titulares flaquean a la hora de resolver y con ello agudizan la erosión de los derechos fundamentales.

Como consecuencia de ello, los círculos especializados se lamentan al ver cuan lento avanza la adecuación de la normativa a los estándares internacionales sobre protección de datos personales. Cuesta entenderlo, ya que si uno mira la regulación en los países que forman nuestro entorno de referencia parece quedar tan claro lo que se debe hacer, sin embargo, llevamos más de 4 años en el último intento legislativo y todavía no logramos que se tome conciencia de que la forma en que se tratan los datos personales tiene que ver con la aproximación que tiene un país respecto a la forma en que se deben proteger los derechos fundamentales.

Ello me ha hecho reflexionar, una vez más, en torno a la incapacidad que hemos tenido en el país de entender que el Sistema de Protección de Datos que implementemos, a través de la adecuación normativa, tiene que ver con definir cuál es la aproximación que tendremos como país para el desarrollo de la democracia en tiempos en que la forma en que se trata la información comienza a supeditar la forma en que el juego democrático se produce, tanto en las reglas de procedimiento como en el posibilitar un verdadero Estado de derecho que tiene por fin último permitir el desarrollo de la persona. Mientras ello no lo entendamos de ese modo, perderemos el significado político más importante de la democracia, cual es permitir que sus instituciones protegan los derechos y libertades de los ciudadanos.

Recientemente en la Comisión de Constitución del Senado, en votación dividida, acordó que sea el Consejo para la Transparencia la autoridad que asuma las funciones asociadas a la promoción, fiscalización y sanción de los incumplimientos a la normativa de protección de datos personales.

Habemos muchos que no consideramos que ello sea una buena idea ni mucho menos la forma de asegurar la efectiva protección de los derechos de los titulares de datos y con ello podamos gozar de la libre circulación de la información con todos los países que forman parte de nuestro entorno de referencia.

Es indispensable tener presente que las consecuencias jurídicas y político económicas de la elección del órgano no es neutral.

El que sean instituciones diferentes encuentra su justificación fundamental en la circunstancia de que la regulación en cada materia tiene objetos de protección diversos. Por una parte, el objeto de protección de la regulación de protección de datos es el derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa como una aplicación de dicho derecho en cualquier ámbito, de Derecho público o privado; por otra, la transparencia tiene como finalidad permitir el escrutinio ciudadano a las actuaciones especialmente de la Administración, de manera tal de ejercer un control sobre la misma que nos permita tener mejores Gobiernos.

La opción de contar con una institución que tenga competencias en ambas materias requeriría la reorganización del actual esquema en materia de transparencia, precisamente por la distinta naturaleza institucional a la que responde el regulador en cada materia; así como al ámbito de acción más extenso que tiene la institución encargada de velar por la protección de los datos personales. Por ello, el primer paso sería la creación de un nuevo órgano encargado de la Información con dos autoridades o unidades separadas en su interior. La primera, encargada de la protección de datos personales, con competencias normativas, de registro, de promoción, de resolución de controversias, fiscalizadoras y sancionatorias, y cuyos regulados son todos aquellos que realizan tratamiento de datos personales, sean órganos públicos o privados. La segunda, cuyos regulados son los órganos de la administración del Estado, y que se encuentra a cargo de garantizar el acceso a la información pública, con competencias normativas, de promoción y de resolución de controversias.

En ningún caso creemos que resulta posible considerar que al Consejo para la Transparencia se le pueden encargar las funciones de protección de datos personales, manteniendo la institucionalidad en las condicione en que la conocemos actualmente. Si se optara porque ambos bienes jurídicos, acceso a la información pública y protección de datos personales, queden radicados en una entidad mixta sería necesario dictar una nueva normativa que cree el órgano común encargado de la información, modifique la Ley de Acceso a la Información Pública–absorbiendo al CPLT- y regulando la nueva unidad encargada de la protección de datos personales, además claro, de fijar reglas para resolver eventuales conflictos que se puedan suscitar entre acceso a la transparencia y privacidad de datos personales.

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