Raul Arrieta

Raul Arrieta

Abogado. Cursó sus estudios de Magíster en Derecho Público en la Universidad de Chile y es Diplomado en Derecho Administrativo por la misma Universidad. Es socio de Gutiérrez & Arrieta Abogados, oficina especializada en derecho y la tecnología. Entre 2001 y 2010 desempeñó diferentes cargos en el Gobierno. Es Profesor de Protección de Datos en la Universidad Central de Chile y Ex-Presidente y Consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías.

Protección de datos, una tarea pendiente y cada vez más urgente

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Pasa el tiempo y la modificación a la Ley 19.628 sigue sin avanzar en el Congreso Nacional. Es difícil entender por qué la demora en la tramitación de una ley qué es tan relevante y urgente, no solo para adecuar a Chile los estándares internacionales, sino que, para dar forma a un derecho de reciente constitucionalización: el derecho a la Protección de Datos Personales. Más aún cuando el contenido del proyecto es ampliamente apoyado por el sector privado, la academia y la sociedad civil.

En lo que va de la pandemia han surgido muchas dudas respecto a lo que pueden y no pueden hacer los responsables del tratamiento de datos, pero sobre todo respecto a cuáles son los organismos públicos que deben asegurar el pleno respeto de la ley vigente. Sin embargo, lo que sí ha quedado claro es que no se realiza una adecuada prueba de proporcionalidad entre la necesidad de información y el derecho de las personas sobre sus datos personales y que no sabemos a quién recurrir para estar tranquilo de que lo que se está haciendo no solo se ajusta a la legislación vigente sino, lo que es más importante, que no se encuentra hipotecando los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos para un futuro próximo.

Hasta ahora, lo mejor que podemos obtener los ciudadanos son grandes anuncios, que buscan calmar a la gente, respecto a que todo lo que se va a realizar con pleno respeto a los derechos de las personas y utilizando información anonimizada. Sin embargo, sigue sin haber más que un dicho de la autoridad sin que medie mecanismo alguno que permita verificar y auditar tal declaración. Así, nos vamos acostumbrando a que los tratamientos de datos personales se realicen sin que medie una verdadera valoración respecto al impacto que el tratamiento puede tener los derechos fundamentales. La mayor evidencia de ello se advierte en que las autoridades informan por los diarios, pero no es posible encontrar una política de tratamiento de datos asociadas a la concreción de los anuncios hechos por ésta. Así, los ciudadanos carecemos verdaderamente de información relativa a qué datos se van a tratar, cuál es la fuente de licitud, cual es la finalidad del tratamiento, cómo se velará porque los datos sean proporcionales al fin, cuáles son las medidas de seguridad que se van a implementar, etc.

Todas esas dudas o dificultades que se advierten en la forma en qué se están tratando los datos personales en Chile se ve, en mi opinión, agravada por el hecho de que al no haber avances significativos en la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley 19.628 nos estamos llenando de proyectos de ley que intentan resolver parcialmente cuestiones que deben ser resueltas de manera sistemática y estructurada en la modificación a dicho cuerpo normativo. A ello debemos sumar el agravante de que la búsqueda de la popularidad se está legislando en un sentido antagónico a lo que una correcta regulación sobre Protección de Datos debiese recoger, la que no debería ser otra qué asegurar la libre circulación de la información en un ambiente de pleno respeto de los derechos de los titulares de datos y sobre todo evitando la contaminación de las libertades a causa el tratamiento de los datos personales.

El mejor ejemplo de ello radica en la reciente decisión de la Comisión de Economía del Senado de considerar la Ley 19.628 como ley especial de protección de los derechos del consumidor, especialmente, para aplicar el procedimiento en las causas en que esté comprometido el interés colectivo y difuso de los consumidores o usuarios y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento y para recurrir en forma individual a fin de ser indemnizado de todo perjuicio originado en cumplimiento de una obligación contraída por los proveedores.

Sin duda ello es absolutamente contrario al trabajo que ha venido haciéndose durante la tramitación de la ley 19.628 donde se intenta crear una institucionalidad encargada de tutelar educar y fiscalizar la forma en que organismos públicos y privados realizan el tratamiento de los datos personales. La nueva fórmula aprobada por la Comisión de Economía del Senado no solo va en contra del trabajo hecho por el propio Congreso durante los últimos dos años, sino que va en contra de la buena praxis de tener una agencia especializada. Al mismo tiempo banaliza el derecho a la Protección de Datos al vincularlo con el derecho del consumo, haciendo abstracción de que su regulación guarda relación con un derecho fundamental y con la inmensa capacidad que tiene el tratan el tratamiento de los datos de afectar todos los derechos fundamentales de las personas, cualidad qué ha hecho desde su génesis que sea considerada la Protección de Datos como un derecho instrumental que permite mantener la dignidad, libertad e igualdad de las personas en una sociedad cada día más híper conectada.

Espero que el Gobierno y el Congreso tengan la capacidad de reaccionar, no permitir que una fórmula como la aprobada por la Comisión de Economía del Senado, que asigna competencia en protección de datos al Servicio Nacional del Consumidor prospere, y que se aboque de una buena vez a terminar la tramitación del Proyecto de Ley que modifica la Ley 19.628 para que tengamos un país que sea responsable en la forma en que se tratan los datos personales.

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