Gabriel Alemparte

Gabriel Alemparte

Abogado, Master en Ciencia Política. Fue jefe del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas entre 2014-2018. Administrador Municipal, Director Jurídico y Director de Desarrollo Comunitario de los Municipios de Maipú y Providencia. Ha sido asesor de los Ministros de Justicia y del Ministerio de Transportes. Becario de la Fundación K. Adenauer. Es Consejero de la Fundación Vicente Huidobro. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en AlemparteVillanueva Abogados.

Responsabilidad Política y Acusación Constitucional

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La oposición desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, en la Cámara de Diputados ha presentado hoy, con profunda responsabilidad, a mi juicio, la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera.

Siempre he tenido la convicción que la acusación constitucional, es la máxima instancia de fiscalización que tiene el Congreso, y en especial, la Cámara de Diputados, y por sus gravosas consecuencias en el acusado, la inhabilitación de asumir cargos políticos por cinco años desde el pronunciamiento del Senado como jurado, debe ser tratada como una herramienta de “ultima ratio” de las sanciones constitucionales contempladas por la Carta Fundamental.

Estoy cierto, que en el caso del ex ministro se hacen perfectamente atendibles y son necesarias de ejercerse a cabalidad dichas responsabilidades por variadas infracciones a la Constitución.

La acusación constitucional en Chile, reconoce una figura de persecución de responsabilidad dual o mixta, esto es, por una parte, se trata de responsabilidad jurídica, ya que se trata de ilícitos constitucionales, y por otro, de orden político, porque el Congreso actuando dentro del margen de la Constitución y la ley, debe encuadrar dichas infracciones dentro de un juicio, que ajustándose a las normas del debido proceso, resultan un reproche político, que busca asociar infracciones con un juicio de carácter político, pues quien acoge y juzga es un órgano de esa naturaleza. La acusación constitucional es la figura contemplada en la Constitución, por medio de la cual se juzga a las más altas autoridades de la República, por delitos, infracciones o abusos de poder expresamente contemplados en la Carta Fundamental.

En razón de lo anterior, hace menos de un mes, sostuve que en términos jurídicos, la acusación contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos no se sostenía en cuanto al fondo de sus argumentos jurídicos y se trataba de una acusación, que en su base de hermenéutica legal se encontraba lejos de ilícitos constitucionales, especialmente en la acusación que se hacía sobre la relación del deber de veracidad y la probidad administrativa y respecto del uso de información de datos para envío de correos electrónicos, tema que había sido zanjado por otros órganos del Estado. Es decir, en el caso de Cubillos podían concurrir reproches políticos, más no los argumentos jurídicos que se esgrimieron en la oportunidad.

En el caso de Chadwick no solo se sostiene en términos políticos y jurídicos por tratarse de ilícitos constitucionales de profunda gravedad, sino que persigue la responsabilidad de uno de los ministros con mayores competencias en la conducción de la crisis social y el estallido de la misma, en su ineficaz capacidad de anticipación, como asimismo, en las graves violaciones a los derechos humanos de las cuales, día tras día, y testimonio tras testimonio, los chilenos hemos despertado ante una horrorosa y cruda realidad que creíamos que se entendía desaparecida en nuestro país.

La acusación sostiene ilícitos constitucionales de tal entidad, como omitir dar órdenes a personas bajo su mando para evitar violaciones a los derechos a la vida, la integridad física y psíquica, libertad individual y a la inviolabilidad del hogar, y no evitar el uso desproporcionado de la fuerza por parte del cuerpo de Carabineros de Chile. Lo anterior unido a una serie de ilícitos constitucionales asociados a la incorporación de normas de derecho internacional reconocidas por Chile, tales como, la Convención de Derechos del Niño, de erradicación de la violencia contra la mujer, las personas mayores, o la Convención Americana de Derechos Humanos para resumir en un largo etcétera.

Lamentablemente, las cifras de probables actos criminales cometidos por agentes del Estado ordenados para el control del orden público en estado de excepción constitucional nos golpean de manera brutal.

Al día de hoy, el estallido social producido ante el evidente cansancio de la población por abusos del sistema económico, la impunidad, la irresponsabilidad y frivolidad con que se ha actuado contra ellos demuestran un hecho concreto.

Entre el 18 de octubre y el día en que escribo esta columna, debemos lamentar la crudeza por la muerte de 19 chilenos. 5 de ellos con investigaciones y querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos, muertos presuntamente a manos de agentes del Estado, 92 casos de torturas, 18 por violencia sexual y 1.233 heridos, además de 3.712 detenidos, todos por funcionarios del Estado según datos entregados por el organismo señalado. Aparte de la muerte de 5 chilenos durante las manifestaciones, se suma el caso de varios de ellos presuntamente desarmados, como el caso de un joven en Curicó que observaba las manifestaciones según testigos, y que murió herido a bala por personal del Ejército o Carabineros según se investiga.

El caso de los heridos, demuestra además un hecho particularmente grave, de los 1.233 heridos, 37 han sido heridos de bala, 343 por perdigones policiales y más de 140 chilenos han resultado gravemente lesionados por balines de acero en sus ojos, lo que significará una situación de discapacidad y lesiones graves, y que dicen relación con una política de mala aplicación sistemática de represión policial y descontrol en la aplicación de procedimientos policiales para el control de disturbios. Evidentemente, todos estos casos deberán investigarse y probarse por parte del Ministerio Público y ser sancionados por los Tribunales de Justicia.

A lo anterior, habrá que sumar las investigaciones e informes que realiza una preocupada comunidad internacional en Chile, cuyos miembros ya se encuentran constituidos en el país y rendirán informe por medio de organismos tales como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y ONGs como HRW o Amnesty, quienes ya han expresado su preocupación, la que ha sido levantada a nivel de los Parlamentos Europeo, francés y del Reino Unido, que en declaraciones han criticado especialmente el manejo de la crisis, la violación de los derechos humanos y por sobre todo el uso de un lenguaje bélico en declaraciones.

Uno de los elementos centrales de abuso que ha hecho levantarse a la población chilena en el más grande estallido social desde la recuperación de la democracia es la desigualdad. La desigualdad tiene muchas caras, puede ser la falta de oportunidades en el acceso a bienes y servicios públicos, en la atención de salud, cobertura previsional, pero una de las miradas de la desigualdad que cansó a los chilenos es sin duda la impunidad.

La impunidad se erige, en estos días, como una cara manifiesta de esa desigualdad. Si eres poderoso nada ocurre, y es precisamente aquello, lo que la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior debe hacer valer como un hecho de ejemplificación respecto de la forma de uso de la fuerza pública para la represión por parte de organismos del Estado en situaciones de crisis política. Ello debe tener un costo político especialmente alto cuando se reprime a la población no armada.

Hay que recordar, que en el caso del ex ministro Chadwick y del subsecretario Ubilla, la Comisión Especial Investigadora del caso de la muerte del joven comunero Camilo Catrillanca ya se había pronunciado en septiembre de este año –esto es hace menos de un mes- sobre la responsabilidad política de ambos personeros en la forma como fue vilmente asesinado el joven mapuche y sometido a apremios un menor de edad que lo acompañaba por Fuerzas Especiales de Carabineros, hecho donde Chadwick, incluso ejerciendo la Vicepresidencia de la República, se vio envuelto en un largo y escandaloso episodio de declaraciones, apoyando a Carabineros y después desdiciendo sus dichos a la luz de medias verdades, informaciones falsas y pruebas amañadas que llevaron incluso a la destitución del General Director de Carabineros, quien atrincherado en los últimos enclaves autoritarios de la Constitución, se negó a renunciar y tuvo que ser notificado de su destitución por decreto supremo informado a ambas Cámaras.

Por ello, claramente algo ocurre hace rato en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y debe ser analizado por los expertos organizacionales en materia de seguridad y orden público.

Al caso Catrillanca, se observó la nula capacidad de anticipación frente a las manifestaciones, y especialmente frente a los casos más graves de desórdenes, incendios y saqueos.

Es sabido que la inteligencia en Chile requiere hace mucho de una reforma que abandone dogmas del pasado para que la comunidad de seguridad pueda compartir antecedentes y dedicar a la recopilación y aviso a las autoridades para la toma de decisiones.

En ese sentido, luego del caso Catrillanca se inició la discusión respecto de una modificación al sistema de inteligencia del Estado, pero este quedó al desnudo cuando el Plan Nacional de Inteligencia fue revisado por el Presidente el verano pasado y fue descartado por éste –según información de prensa- por ser considerado como un “mamarracho”.

La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) creada en 2004, sufrió, además, como continuadora de la antigua Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, uno de sus peores descabezamientos al asumir el nuevo gobierno. Departamentos claves, como el encargado de “violencia política” en que el nuevo director despidió a analistas que llevaban años encargados del análisis de temas de alta complejidad, lo que incluso valió la renuncia del segundo a bordo de la agencia, un contraalmirante, que buscaba mejorar el enlace con el resto de la comunidad de inteligencia militar y civil.

Todo esto ocurrió en 2018, una vez que el caso Huracán ya había explotado con toda la conmoción de la “chambonada” de pruebas falsas con que se trató de imputar a comuneros mapuches. En el caso, ya la inteligencia militar y de Carabineros pasaba por momentos complejos, a los que se unió más tarde, el uso de recursos de gastos reservados de manera irregular en ambas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden que llevó a masivas destituciones.

De esta forma, la capacidad de anticipación del Gobierno quedó reducida ante cualquier evento, y tal parece ser el caso por la lentitud de apreciación con que el Gobierno reaccionó frente a una crisis que se inició en el aumento del precio del metro, pero que terminó en una serie de manifestaciones pacíficas, pero también de desmanes que obligaron a recurrir no solo al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, sino al uso (abuso) y reiteración de la medida más asociada a la dictadura militar: el toque de queda. Lo que partió como una ola, a las pocas horas era un tsunami de proporciones no dimensionadas como debiese haber sido anticipado por el Ministerio del Interior y sus organismos dependientes.

Pero la responsabilidad de Chadwick no solo se debió a su incapacidad de organizar un sistema de inteligencia adecuado, sino a la falta de conducción y velocidad para resolver la crisis. El gobierno asediado, shockeado por las primeras horas de manifestaciones violentas reaccionó con un uso de la fuerza y del lenguaje que no se observaba desde el retorno a la democracia por motivos de manifestaciones sociales, las que fueron disuadidas por medidas de fuerza que incluyeron el despliegue no solo de Carabineros, sino de las Fuerzas Armadas, lo que generó la represión más brutal de la que se tenga memoria desde el retorno a la democracia.

Hace sentido sostener que la acusación contra el ex ministro es de aquéllas que mayor fundamento jurídico y fáctico ha tenido desde el retorno a la democracia. Estamos en presencia de una serie de presuntos hechos de gravedad extrema, donde la responsabilidad política debe ejercerse en toda su dimensión como una forma de repudio y control al deber del Estado democrático de la mantención del orden público, comprendiendo limitaciones al mismo. El orden público constituye la esencia de la posibilidad de gozar de derechos fundamentales, y por lo mismo, reviste de un carácter esencial de responsabilidad en el Estado democrático, el control y limite jerárquico que debe ejercer quien tenga el poder político de disposición de las fuerzas de seguridad.

A diferencia de otras acusaciones constitucionales presentadas contra otros ministros de Estado desde el retorno a la democracia, por primera vez, nos encontramos ante hechos absolutamente objetivos de carácter grave que comprometieron la seguridad de la Nación e infringieron la Constitución y dejaron sin aplicación leyes, desde el punto de vista del descontrol del orden público.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene por objeto velar por la mantención del orden público, coordinar a las instituciones para ello y dar cumplimiento al derecho bajo los parámetros de una sociedad democrática y el libre ejercicio de los derechos, y no puede bajo circunstancia alguna aceptarse el descontrol político de las fuerzas como se ha observado en éstos días.

Las sanciones derivadas de ilícitos constitucionales no solo buscan generar efectos jurídicos, sino que también propenden a generar consecuencias políticas en la opinión pública. De este modo, si una autoridad resulta condenada por el juicio político, la sociedad puede sentir que los órganos del Estado no dejan impune la responsabilidad de la autoridad en el uso desproporcionado de la fuerza y la ausencia del orden público, lo que constituye una limitación esencial para el Estado de Derecho democrático.

Por último, más allá de ésta acusación, corresponderá determinar a la Justicia responsabilidades penales particulares, en especial, las de mando y conducción en el caso que existieran órdenes de agentes del Estado en la forma sistemática de represión que hemos observado, especialmente en los delitos derivados de la Ley N°20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad en torno a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, límite que junto con la legislación penal chilena en materia de delitos de homicidio, lesiones, torturas, violaciones y abuso sexual, constituyen hoy, a diferencia de épocas anteriores en las que se vivieron hechos de entidad similar, no existían, esto será por cierto una materia donde el sistema de derechos humanos y los Tribunales de Justicia deberán pronunciarse tarde o temprano por el bien de la paz pública y el fin de la impunidad.

Actos como los vividos en estos días nos retrotraen a lo peor de nuestra historia. Sin embargo, y pese a la esperanza que produce un movimiento pacífico en las decisiones institucionales, políticas y sociales, que tendremos que tomar como país para entender que la paz se basa en el fin de la inequidad brutal que vivimos como nación, los hechos vividos no pueden pasar sin sanciones político institucionales y jurídicas que hagan pensar que la historia y el nunca más son solo paréntesis que se interrumpen de vez en cuando.

Una democracia tiene el deber de sancionar y elevar los estándares y el “nunca más”, no puede volver a quedar en puntos suspensivos ante violaciones a los derechos humanos.

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